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de la propuesta de la Escuela a los araucanos

      Arturo Suárez Acero

      Édgar Ardila Amaya

       Trayectos universitarios

       ¿Transformar el Derecho?

       Apuesta metodológica

       ¿Tiene sentido promover la justicia en equidad en Arauca?

      Édgar Ardila Amaya

       Hablar de justicia comunitaria

       Una precisión conceptual

       Diversidad de figuras

       El corto vuelo de la justicia en equidad

       De la conciliación a la mediación

       Construcción regional del acceso a la justicia: travesía y aprendizaje

      Arturo Suárez Acero

      Francy Aimed Tolosa Vallejo

       Sufriendo guerras ajenas

       Empezar a llamar justicia a los acuerdos comunitarios

       De la paz también se habla y se actúa en Arauca

       Aprendizajes y enseñanzas de Arauca

       Tercera parteAPRENDIZAJES ARAUCANOS

       El aporte de los conciliadores en equidad a la paz de Arauca

      Melissa Vargas Silva

      Diego Fernando Acosta Daza

       Los conciliadores en equidad son personas de carne y hueso que resisten a la violencia

       El Programa de Justicia en Equidad se constituye en una capacidad local para la paz

       Aportes de la conciliación en equidad a la realidad araucana

       Notas de cierre

       Sistema local, para que la justicia surja con el diálogo y las respuestas efectivas

      Édgar Ardila Amaya

      Arturo Suárez Acero

       Introducción

       Transformar la relación del Estado con la comunidad y sus conflictos

       Instancias comunitarias en el Sistema Local de Justicia

       El sistema local de justicia y el territorio municipal

       Así operan los terminales de justicia

       Conclusión

       Referencias

       Autores

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       HACIA UN LUGAR PARA ARAUCA EN EL DERECHO NACIONAL

       Édgar Ardila Amaya

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      La Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia —EJCUN— ha venido adelantando desde el año 2005 una labor de extensión e investigación en Arauca con diferentes sectores poblacionales y un amplio espectro de entidades estatales relacionadas de alguna manera con las necesidades de amparo de derechos, la regulación social y el acceso a la justicia. Por diferentes razones, la intensidad en las labores ha sido mayor en los cuatro municipios que descienden desde los Andes orientales por el piedemonte, constituyen la zona del Sarare y reúnen aproximadamente la mitad de la población y del área del departamento de Arauca.

      Este capítulo busca entender hacia dónde se dirige la labor que realiza la EJCUN en desarrollo y empoderamiento de instancias comunitarias de gestión de conflictos. Aquí, se describen los elementos fundamentales del enfoque y los principales rasgos de la estrategia y la metodología de búsqueda que la Escuela, como equipo de la Universidad, hace al interior de la región tratando de identificar cómo pueden transformarse positivamente los escenarios jurídicos y, desde allí, extraer aprendizajes para otras regiones de Colombia que pueden estar sometidas a condiciones similares.

      Desde su definición misional, la Universidad se propone aportar en la elaboración del proyecto de nación para Colombia. Ese proyecto cultural convoca una serie de acciones de amplio espectro que, aunque tienen su vértice en la formación de profesionales, se encaminan hacia la construcción y transformación de la identidad colombiana en diálogo y sinergia con pluralidad de actores a partir de saberes y capacidades de origen diverso que constituyan respuestas a las necesidades del país.

      En el caso de Arauca, nuestro proyecto cultural tiene retos grandes que se vienen sumando a desafíos históricos que en el último medio siglo ni siquiera se habían encarado. Arauca es un territorio marginalizado y olvidado desde el centro del país, de condición fronteriza, profundamente marcada por la desigualdad, el racismo y la discriminación étnica, que no ha logrado construirse como región y tampoco ha contado con canales que la conecten adecuadamente con una nacionalidad que, generalmente, la esquiva o le muestra los dientes.

      A continuación, tratamos de precisar en qué se concreta ese compromiso que asumimos en relación con la región desde nuestro lugar como equipo de la Universidad que trabaja en el campo del derecho y la administración de justicia. Luego, enmarcamos teórica y metodológicamente el sentido con el que nos acercamos a interactuar con estas dinámicas sociales. Finalmente, describimos los retos que hemos asumido a lo largo de nuestra experiencia en el departamento de Arauca y evaluamos la manera como los encaramos.

      Hay una gran distancia entre las fórmulas jurídico-políticas de la modernidad y la realidad de nuestras estructuras orgánicas. Mientras en Europa el concepto de nación precede al del Estado y se concibe como un conjunto humano, que por compartir territorio e historia se siente parte de lo mismo, la Constitución establece la nación a partir del discurso de un pequeño grupo que se considera heredero de españoles y no se identifica con la mayoría, de las pretensiones territoriales que fijan en las normas y de los mapas que no están integrados espacialmente. De acuerdo con esto, el orden jurídico se organiza sobre una nación que es poco más que una formalidad, no solo porque carece del requerido fundamento identitario, sino también del alcance territorial que pregona.

      La gran profesora colombiana María Teresa Uribe caracteriza amplias zonas por la carencia institucional del Estado, que no implica necesariamente la falta de presencia física, sino su incapacidad de operar y, en consecuencia, su impotencia para producir los referentes simbólicos de lo nacional que ordenen las relaciones sociales. Con lo cual, en caso de conflicto, la acción reivindicatoria o retaliatoria por mano propia solo encuentra alternativas viables en la intervención de poderes territoriales no nacionales que pueden imponer el orden o competir para imponerlo (Uribe, 2001).

      Si bien hoy podemos constatar que —además de una plaza de Bolívar y una estatua de Santander— en esos municipios hay jueces y otros operadores de justicia, su presencia allí en muchos casos no es más que simbólica, porque no garantiza el orden nacional en el territorio, pues para actuar carecen de capacidad operativa, de garantías de seguridad para ellos, de respaldo de la fuerza pública para sus actuaciones y de legitimidad en la comunidad (García, 2008). Así, los conflictos que más afectan a la comunidad son gestionados por los poderes extraestatales, en territorios de todas maneras con orden extraestatal o, de manera más violenta y letal, en las zonas de caos donde compiten