Obligación específica o deber de prevención
Propuesta de obligaciones y estándares para el Estado colombiano y el sector empresarial en cuanto a la prevención de la trata de personas
Conclusiones parciales
¿Quién o quiénes responden ante la vulneración a los derechos humanos? Posturas y alcances acerca de los sujetos responsables
Origen y panorama de los instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos
Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos
El Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas
Aplicación de los principios rectores y el Plan Nacional a la prevención de la trata de personas en el contexto colombiano
Conclusiones parciales
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones
Siglas
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
OIM Organización Internacional para las Migraciones
ONU Organización de las Naciones Unidas
Plan Nacional Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas
Principios rectores Principios rectores sobre empresas y derechos humanos
RSE Responsabilidad social empresarial
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Agradecimientos
A Dios y a la vida por las oportunidades brindadas, en especial por conocer e investigar sobre la trata de personas para contribuir a la solución de este problema.
A mis padres, Mauricio Luna Bisbal y Beatriz de Aliaga Ascenzo, y a mis hermanos, Diego y Verónica Luna de Aliaga, por su cariño, motivación y apoyo constante.
A la Universidad de La Sabana y, en especial, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a sus directivas, decanos Álvaro Mendoza Ramírez y Juan Fernando Córdoba Marentes, y a los directores de la Maestría en Derecho Constitucional, Gabriel Mora Restrepo y Fabio Enrique Pulido Ortiz, por permitirme cursar y aprender en este posgrado.
A mi tutor, el profesor Carlos Enrique Arévalo Narváez, por su orientación, guía y aportes para el desarrollo de esta investigación.
A los profesores Juana Acosta, Marcelo Colombo, Álvaro Amaya, Carlos Henrique Borlido Haddad y María Teresa Palacios Sanabria, por sus recomendaciones en cuanto a documentos y otros. De igual manera, especiales agradecimientos a la profesora Lina Victoria Parra Cortés y a Andrés Molina Ochoa.
A las profesoras María Teresa Palacios Sanabria y Natalia Rojas Rodríguez, quienes fueron jurados de esta tesis, por sus comentarios y valiosas observaciones.
A los profesores de la Maestría en Derecho Constitucional por sus conocimientos y enseñanzas. También a todos mis ocho compañeros del posgrado por compartir los años de estudios, experiencias y aprendizajes.
A mis colegas, amigos y otras personas con las cuales compartimos el trabajo en el campo de los derechos humanos y la justicia.
Introducción
Diariamente miles de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres son esclavizados por sus propios congéneres. Al ser mercantilizados sufren una vulneración constante de su dignidad humana, de su libertad y de otros derechos humanos.
Según los aconteceres históricos, la esclavitud de afrodescendientes y de otras minorías, como los indígenas, correspondió a los periodos de conquistas y colonias, en los cuales desarrollaban labores en áreas de producción, construcción y otros campos del crecimiento económico1. Aunque como referencia general se indica que la esclavitud se abolió, en general, hace casi doscientos años, y para el caso de Colombia, se hizo de manera consolidada en mayo de 18512, en el mundo actual se presenta el fenómeno de la trata de personas, conocido como la esclavitud moderna o la esclavitud del siglo XXI.
En el desarrollo de la humanidad, la esclavitud se ha presentado en diversas etapas y con diferentes dinámicas sociales, culturales, económicas, jurídicas y políticas. Se encuentra que en un principio se esclavizaba principalmente a grupos étnicos, como los indígenas y los afrodescendientes, luego también a las mujeres y, en la actualidad, de manera similar, y en algunos casos, realmente diferenciada, a niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres.
La trata de personas es un enorme problema humano, sociojurídico, cultural, político y económico, bajo la cual se mercantiliza a los seres humanos y se les esclaviza bajo diversas modalidades, como la explotación sexual, la servidumbre por deudas, el matrimonio o la unión servil, la extracción de órganos, las adopciones irregulares, la explotación laboral, entre otras. Es un delito que vulnera la dignidad humana, de manera grave y transversal, y quebranta varios derechos humanos, entre ellos, la autonomía personal, la libertad, la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, entre otras garantías. Asimismo, es un fenómeno que ocurre en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
Ante esta grave vulneración de derechos humanos, varios sectores internacionales, nacionales, regionales y locales han realizado políticas públicas, recomendaciones y acciones concretas, entre ellas, algunas para prevenir y disminuir el fenómeno, brindar asistencia a las víctimas y aportar en la investigación y sanción de la conducta. Por ejemplo, se identifican las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales ejecutadas por los Estados, las labores realizadas por organizaciones no gubernamentales (ONG), los aportes de la academia y ciertas iniciativas en algunos sectores empresariales.
En Colombia, los sectores gubernamental, no gubernamental y la academia han realizado labores y acciones para afrontar la trata de personas. Asimismo, se identifican algunos avances en cuanto a la vinculación de las empresas en la prevención de la trata de personas, específicamente en modalidades relacionadas con la explotación sexual en los sectores hotelero, turístico y de viajes; algunas campañas como “The Code”3, que “… es un Código de Conducta internacional de responsabilidad social empresarial para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo…”4; actividades con empresas de productos de belleza;5 y también en cuanto al trabajo infantil en sectores como la minería y la agricultura, pero no se halla un mayor desarrollo legislativo, políticas públicas específicas y amplios estudios detallados que profundicen en las obligaciones jurídicas de las empresas frente a la prevención de este fenómeno y la importancia de su rol.
Con el propósito de tener un abordaje integral y exitoso de la trata de personas, para lo cual se considera que se debe profundizar, principalmente, en el campo de la prevención, pero fortalecer también los ámbitos de asistencia a las víctimas e investigación y judicialización,