Primero se relevaron los problemas en toda la administración en entrevistas con los funcionarios y los agentes públicos.
Luego, basándose en ello, se listaron los temas y acciones relevantes, otorgándoles nuevamente participación a funcionarios y agentes en resolver la problemática.
Luego se les otorgó responsabilidad en la implementación y se observaron los resultados midiendo el cumplimiento de los objetivos de cada programa, la satisfacción del público usuario-cliente del mismo y la satisfacción de los empleados con el liderazgo de sus jefes.
El programa se orientó primariamente hacia áreas de gran visibilidad, demanda y cuestionamiento del público como la oficina de recaudación de impuestos, para ganar legitimidad para futuras reformas.
FRANCIA: El primer ministro Michel Rocard, el 23 de febrero de 1989, anunció un proyecto global que abarcaba las diferentes dimensiones de la administración. Estas habrían de incluir: la renovación de las relaciones de trabajo en el seno de la función pública, el mejoramiento de la atención y del servicio a los usuarios, el desarrollo de la responsabilización de los administradores a través de la descentralización presupuestaria y la medición de los resultados, y el desarrollo de la evaluación de las políticas públicas. La modernización en Francia (renouveau du service publique) se encontraba firmemente apoyada en la crítica al modelo jerárquico y en la gerencia de recursos humanos a través de la movilización de los cuadros de funcionarios. La modernización se basaba en la idea de que solamente los administradores públicos próximos a los usuarios son capaces de definir los objetivos operacionales. Se trataba de la formulación de objetivos –en el marco global de los objetivos de un ministerio– dentro de un “orden de prioridades”. En lugar de que los servicios externos ejecuten actividades decididas en el centro, ellos analizarían y propondrían las actividades que serían objeto de un contrato entre el servicio externo y su superior jerárquico. Esta evolución la presentaba como el resultado de la toma de conciencia de que las condiciones de ejecución de las políticas públicas forman parte de su definición.
La estrategia francesa de la reforma se centró principalmente en la dimensión de la gestión, teniendo en la progresividad de la conducción del cambio un factor primordial, por permitir a los agentes la apropiación, en etapas sucesivas, de los instrumentos de gerencia. La reforma se estructuró a lo largo de cuatro ejes: el desarrollo del diálogo social (revitalización de instancias paritarias, extensión de la práctica contractual a temas no salariales, descentralización de la negociación); la dinamización de la gerencia de personal (valorización de las calificaciones y de las carreras, formación continua, movilidad geográfica y funcional, programación de la provisión de cargos y mejoramiento de las condiciones de trabajo); el desarrollo de la responsabilización (desconcentración, centros de responsabilidad, simplificación de reglas financieras y contables); y el mejoramiento del servicio prestado (evaluación de las políticas públicas, instauración de una asociación de la administración con los usuarios, transparencia y simplificación de textos, formalidades y procedimientos).
En este nuevo marco de gestión, los servicios organizados a partir de los centros de responsabilidad pasaron a estar dotados de una completa autonomía gerencial. Ellos también se beneficiaron de la contractualización de sus relaciones con la administración central (contratos de gestión) y de la simplificación de procedimientos administrativos y financieros, así como de las reglas de gestión de personal. Se trató, por consiguiente, no precisamente de la realización de reformas estructurales y de procesos, sino de cambios en los modos de regulación interna y externa de los órganos administrativos, de modo de dotarlos de mecanismos y herramientas adecuados a una plena integración con su medio (condiciones objetivas de realización de las políticas, relación con los usuarios y demás administraciones, etc.), sustituyendo el control a priori por el control a posteriori. Otro desafío de la modernización tuvo que ver con el aspecto cultural, vale decir, el cambio en las relaciones jerárquicas, la descentralización y el aprendizaje del trabajo en sociedad con empresas y usuarios. Como primeros resultados de la modernización, se lograron los siguientes objetivos: motivar a los funcionarios (los agentes motivados y comprometidos comenzaron a orientar espontáneamente sus acciones hacia el mejoramiento de las relaciones con los usuarios); mejoramiento de las condiciones de trabajo y de los procesos de formación profesional; mejoramiento en la gestión de los créditos presupuestarios; los servicios hicieron suyos cada vez más y mejor la definición de objetivos y el funcionamiento más participativo por parte de los funcionarios.
El consenso de Washington y la búsqueda de transferir estos principios gerencialistas a América Latina y al resto del mundo en desarrollo
El nombre “Consenso de Washington” fue utilizado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, y se refería a los temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, durante la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982.
Años más tarde, Williamson convocó a una cincuentena de economistas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos, a una conferencia que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1989, en Washington, destinada a analizar los avances alcanzados y las experiencias obtenidas de la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural impulsadas por el consenso de Washington. Las conclusiones que de esta conferencia surgieron dieron para un libro, el que fue editado por el propio Williamson y publicado por el Institute of International Economics de Washington. Aparte del Banco Mundial y el BID, conforman el consenso de Washington altos ejecutivos del Gobierno de EE.UU., las agencias económicas del mismo Gobierno, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y los “think tanks” dedicados a la formulación de políticas económicas que apuntan a forzar cambios estructurales en Latinoamérica.
John Williamson intentó sintetizar las diversas ponencias que se presentaron en el seminario de 1989 relativas a una decena de instrumentos de política económica, en las cuales se verificó un razonable grado de acuerdo, a continuación se brinda una síntesis de las mismas.
(1) Disciplina fiscal: No más déficit fiscal. Presupuestos balanceados. Un déficit de presupuesto operacional que sobrepase un 1% a 2% del PIB se consideraba prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso se haya utilizado en inversiones de infraestructura productiva. Se recomendaba estabilizar la proporción deuda-PIB a no más de 0.4.
(2) Reordenamiento de las prioridades del gasto público. Se recomendaba la reducción del gasto público. No se necesita mucha imaginación para deducir a quiénes favorece esta política y a quiénes no. Desde luego que los sectores más ricos de una sociedad resistirán una redistribución por la vía tributaria, prefieren la reducción del gasto público, aunque signifique el fin del estado de seguridad social. Los subsidios deberían reducirse, incluso eliminarse, en el caso de empresas fiscales deficitarias. Por contraste, el gasto en educación y salud era considerado como la quintaesencia del gasto fiscal apropiado, en su carácter de inversión en capital humano. La inversión en infraestructura pública es también considerada una forma de gasto público productiva.
(3) La Reforma Impositiva. El aumento del ingreso vía impuestos se consideraba una alternativa a la reducción del gasto público para paliar el déficit fiscal. A pesar de esto, existía un amplio consenso en el principio de que la base tributaria debía ser amplia, mientras que la tasa tributaria marginal debía ser moderada.
(4) Liberalización de las Tasas de interés. Existían dos principios generales referentes a los niveles de las tasas de interés que concitaron el apoyo mayoritario del Consenso de Washington. El primero es que las tasas de interés debían ser determinadas por el mercado, para evitar distorsiones en la asignación de recursos como resultados de criterios burocráticos