Modelo IV (y complemento al modelo II)
Ahora se incorpora el literal e) de las observaciones al modelo democrático liberal básico idealizado: no todos los tributos son iguales, ni en sus hechos generadores, ni en sus sujetos activos y pasivos. Luego la disposición a pagarlos solo en primera aproximación puede pensarse genéricamente.
En general, los ciudadanos adultos desempeñan al mismo tiempo dos roles, el de consumidor y el de productor. Separar estos dos no está libre de interrogantes, pero hay más riesgo de cometer errores si no se hace. Como agente económico en la producción, el comportamiento de una persona frente a los impuestos que gravan su actividad productiva (sus ganancias) puede ser distinto de su comportamiento como consumidor.
El pago del impuesto predial residencial puede percibirse como una suerte de tasa no individualizable relacionada con las condiciones del entorno residencial y de la ciudad como espacio de uso y disfrute, ambos en el rol de consumidor. Pagar el predial significaría aseo y barrido de las zonas públicas10, mantenimiento de vías y andenes, mantenimiento de parques, alumbrado público, arborización, y por tanto en los dilemas frente al pago del predial puede jugar el balance entre estos servicios comunes y el precio que paga cada cual, claro está, todo sujeto al civismo… y a los dilemas de acción colectiva.
El impuesto de industria y comercio (ICA) requiere consideraciones distintas. El civismo parece más difícil de convocar; los actores están en el rol de productores, en el cual no solo son estratégicos, sino profundamente estratégicos. No se trata de una elección asociada al consumo, sino al medio por el cual recibe su ingreso, y “con el negocio no se juega”:
■ Que los competidores no paguen no solo desmoraliza, sino sitúa en desventaja económica a quien lo paga.
■ Los mecanismos de elusión y evasión son numerosos.
■ En este caso, los actores están organizados o son representados por organizaciones en su deliberación con las autoridades públicas y en su presencia en los medios de comunicación. Es posible incluso que algunas organizaciones de empresarios contraten expertos en comunicación para afectar el clima de opinión en su favor. De hecho, ha sucedido.
■ Cambios pequeños en los porcentajes pueden conducir a la quiebra; no es el caso del predial residencial, en el que se trata de elegir qué se deja de consumir para pagar el impuesto.
En este caso, se hace obligatorio acudir a la escuela de la elección racional al estilo de los economistas, no de los sociólogos: balance de pérdidas y ganancias al tributar o no tributar. En forma esquemática, el problema se reduce a lo siguiente:
1) Se tienen dos opciones: pagar o no pagar el impuesto (con esto se hace referencia a la factibilidad de la elección);
2) El contribuyente es libre de elegir cualquiera de las dos opciones. En este caso, para hacer su elección las ordena de acuerdo con su preferencia que está asociada al costo beneficio: el balance entre los costos que implica pagar y los costos-riesgos de no pagar, pagar menos, eludir, evadir, omitir, etcétera;
3) El contribuyente ordena estas opciones según sus preferencias, que incluyen las condiciones económicas prevalecientes.
Se ha afirmado, al discutir el modelo III, que en el caso del predial-residencial este razonamiento debe ser mirado con reservas. ¿Sí hacen los ciudadanos un balance costo beneficio frente a pagar o no pagar? Muchos de ellos pueden dar por supuesto que hay que pagar. En el caso de predial-residencial y de vehículos, los ciudadanos pueden tener la certeza de que, al momento de vender, el impuesto aparece; y puede aparecer con intereses (en el periodo de indiferencia tributaria oficial, se podía tener la expectativa de amnistías; de ahí lo grave de esa tradición institucional). ¿Cuántos contribuyentes conocerán de alguien cuyo inmueble haya sido rematado por no pagar predial? La pregunta no se ha hecho, pero con plena certeza se puede afirmar que muy pocos (el primer caso de este tipo pudo haberse presentado en el segundo periodo de Mockus (Saldías, comunicación personal). La seriedad en el cobro del tributo, su regularidad anual, que más hace pensar en un ritual ciudadano, el hecho de que el ciudadano sabe que su predio está registrado, que el gobierno está pendiente de su valor y de su estado de cuenta, aunado a la percepción de que el tributo lo pagan materialmente todos a su alrededor, todos estos se unen para constituir el factor principal que produce el cumplimiento de la obligación tributaria. Es lo que se quiere decir al afirmar que los impuestos se pagan porque se cobran.
En cambio, en el caso del ICA, por las razones anotadas, la situación es distinta. En este caso, el cálculo de los riesgos sí está presente. Vuelve a ser cierto, sin embargo, que puede ser más importante la certeza de que hay acciones de fiscalización y cobro, que las sanciones mismas.
Capítulo 3
Evolución de los ingresos fiscales en Bogotá, 1992-2006
En la sección anterior se construyó un modelo general para aplicarlo a cualquier territorio con el fin de intentar explicar por qué sus habitantes pagan tributos. A partir de esta sección se comienzan a mirar los datos de Bogotá, tomando como referencia una de las afirmaciones a las que se llegó en la construcción del modelo: “Los impuestos se pagan porque se cobran”. Bogotá vivió a partir de 1993 una transformación en el cobro de tributos y otras formas de recaudo fiscal. En esta sección se verán algunos detalles de esta transformación11.
Administración Jaime Castro (1992-1994)12
Al comenzar la década de los 90, la ciudad de Bogotá entró en una fuerte crisis financiera:
En 1992, la inversión carecía en buena parte de financiación, crecían aceleradamente las deudas con contratistas, y los ingresos apenas cubrían el funcionamiento. Después del gran esfuerzo de restricción presupuestal, en valores constantes de hoy el déficit fue de $81.715 millones. Los ingresos crecían a tasas del 1 por ciento mientras que los gastos corrientes lo hacían al 7 %, lo cual tendía a agravar el déficit fiscal. El ahorro interno después de pagar intereses, cayó en un 20 por ciento, y la inversión, en términos reales disminuyó en un 4,3 % (Castro, 1994, p. 63).
La administración de Jaime Castro tuvo que diseñar un esquema que le permitiera a la ciudad salir de esa difícil situación. El paquete de medidas se centró en dos escalas de tiempo: medidas de tipo coyun- tural para sortear la crisis, por un lado, y medidas de corte estructural para la generación de soluciones de largo plazo. El tema tributario se circunscribe a este último conjunto de medidas.
Las medidas tributarias de largo aliento se consagraron en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Además de esto, la administración Castro se concentró en mejorar la estructura de gestión administrativa, se privatizaron los servicios de recaudo13, dejando esta labor al sistema bancario (Bromberg Zilberstein et al., 2006), de tal forma que fuera más fácil para el usuario cancelar sus obligaciones, eliminando sistemáticamente la figura del tramitador y, por consiguiente, reduciendo –por decir lo menos– el riesgo moral propio de los anteriores procesos de recaudo (Castro, 1994, p. 52).
El seguimiento de los contribuyentes se realizó a partir del cruce de información de distintas bases de datos, entre ellas las de la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio, las corporaciones de ahorro y vivienda, y se sistematizó todo lo concerniente a la recaudación, ganando en eficiencia (Castro, 1994, pp. 53-54).
Acciones y resultados
El incremento de los ingresos tributarios en 1994 fue de alrededor del 77,1 % real con respecto a 1993. Se duplicaron los ingresos provenientes del impuesto predial, calculando un aumento del 74 %. El incremento del recaudo del impuesto de industria y comercio fue de 111 %, mientras