LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 12 octubre del 2019
Pretextos y contextos
No es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones.
HUMBERTO MATURANA
La cuestión
La firma definitiva del acuerdo que tuvo lugar el 24 de noviembre del 2017 y clausuró medio siglo de conflicto entre el Gobierno nacional y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) daba apertura al posacuerdo. A partir de entonces, su consolidación requiere la gestión efectiva de políticas públicas por parte del Estado. Esta situación es mucho más compleja que la resuelta con la firma, por las condiciones de incertidumbre interna y externa en que se debate el sistema político colombiano —manifiesta en la crisis de los Estados nacionales y organismos internacionales, en el renacimiento de los chovinismos exacerbados, en la encrucijada de las organizaciones políticas partidistas y en el evidente calentamiento global, entre otros—.
La incertidumbre se correlaciona internamente con la recesión econó-mica, el desempleo, la deuda y la crítica situación fiscal –no propiamente de índole coyuntural–, el desmadre de la corrupción de orden institucional y empresarial, el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y ambientales, el mantenimiento en crescendo de las economías y organizaciones ilegales y, lo más complicado, la proliferación de empresas electorales que, sin creencias, valores ni metas básicas claras (Sabatier y Weible, 2007), se disputan el consenso de los colombianos. Estas empresas son más corporativistas que políticas y con sus propuestas difusas no son garantía para consolidar el posacuerdo y, menos aún, para crear las condiciones que eviten el renacimiento de peores conflictos.
La situación descrita se convierte en un reto para los firmantes del llamado Acuerdo Final, que parte por el respeto a lo firmado. Para el Estado colombiano, el reto es crear las condiciones que lo hagan viable; para el nuevo sujeto democrático, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), es mantener la vigencia y logro de sus creencias y valores al margen del conflicto armado como forma de lucha para alcanzarlos, renunciando, en su argot a la crítica de las armas, y propiciando el arma teórica y práctica de la crítica sociopolítica democrática y ciudadana desde la institucionalidad.
La situación, como es característica de estas condiciones, requiere de lo más selecto de la inteligencia, tanto de los actores del Estado y de los reincorporados a la vida civil como de la sociedad, depositada en buena medida en la academia. Esto es necesario, con mayor razón, en una época en la cual el conocimiento se ha constituido en el factor fundamental de las actividades humanas y de su porvenir por la vía de la ciencia, la tecnología, la cultura y las humanidades. En ese sentido, nos parece insinuante el hecho de que las universidades y diversos intelectuales del país hayan tomado la iniciativa de hacer presencia en las zonas o regiones que habían sido objeto de muerte y hoy se constituyen en esperanza para el porvenir de la vida. Estas zonas de posconflicto fueron ayer marginadas y son hoy amparadas por el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017, que las erige en lugares para el despliegue de los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y referentes de esperanza para su buen vivir.
Es en el marco de esas consideraciones que apostamos nuestra contribución a los habitantes que bullen con sus vidas en el Catatumbo. Nuestro abordaje implica una mirada teórica, sistémica e histórica, renovada y actual de las tensiones, conflictos y del lenguajear propio de los asuntos humanos relacionados con el biopoder, e identificados en la dimensión temporoespacial territorial en una prospectiva por escenarios.
Contexto
Nuestra reflexión se enmarca histórica y políticamente en la convergencia de dos situaciones significativas, una del orden internacional y otra nacional. La primera, identificada con la situación que vive la humanidad desde los años setenta, impele la emergencia en el planeta de un nuevo modo de vida: el pro-común colaborativo (Rifkin, 2014), ligado al despliegue de un nuevo patrón energético y un nuevo giro comunicacional (Hernández, 2018), y la segunda, relacionada con el proceso de posacuerdo que vive la política colombiana desde el 2017, parece clausurar definitivamente el régimen sociopolítico del frentenacionalista, que dominó las relaciones de poder en Colombia a lo largo de su historia y cuyas características fundamentales han sido la exclusión y el clientelismo.
Pero también forman parte de nuestra mirada académica el referente conceptual y teórico sistémico (Maturana y Varela, 1995), el posestructuralista (Escobar, 1999) y el biopolítico (Foucault, 2007), para abordar en prospectiva de planeación por escenarios (Kahane, 2016) el despliegue del posacuerdo, con base en la redefinición de los conceptos de tensión y conflicto, Estado y territorio, empleo y ocupación. Finalmente, se apuesta por el papel que debe desempeñar el proceso educativo, que consideramos fundamental para llevar a las sociedades que viven en tensiones y conflictos hacia la consolidación de su convivencia y bienestar. En su conjunto, estos aspectos nos pueden dar luces para, desde el lugar, “dejar de ser lo que no hemos sido, lo que nunca seremos, y lo que no tenemos que ser” (Escobar, 1996, p. 415).
Crisis civilizatoria: energías limpias y gestión local
Asistimos al despliegue de una encrucijada orgánica del sistema mundo vigente hasta los años setenta. Como crisis estructural, significa que han cambiado sus dos variables fundamentales: el paradigma o patrón energético y la pauta comunicacional, dominantes desde el siglo XVII. Esto, a su vez, implica cambios en lo relacionado con el sistema económico: producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. En consecuencia, ocurren cambios en las tensiones y conflictos sociopolíticos, en el sistema educativo –científico, tecnológico y cultural– y en las formas de gobierno y administración de las diversas instituciones económicas, políticas, sociales e ideológicas, es decir, en las formas de gestión y de participación –la democracia, a lo largo y ancho del sistema y subsistemas que lo organizan–. Este tipo de encrucijadas se caracterizan por poner en nuevas condiciones y perspectivas a la vida humana y su entorno.
Reconocemos que la humanidad se encuentra actualmente en un estado de dificultades, al decir de los más variados autores que debaten su carácter: “en los países capitalistas desarrollados aparecieron más signos de la crisis en la década de 1970 y principios de la década de 1980” (O’Connor, 1989, p. 27).
Una crisis estructural que comenzó en la década de los setentas del siglo xx y que mantendrá sus nefastos estertores por diez, veinte o cuarenta años. No es una crisis a resolver en el curso de un año o un momento. Se trata, pues, de la mayor crisis de la historia. (Pardo, 10 de octubre del 2011)
Al decir de Wallerstein,
[p]ero el caso es que el mundo está en medio de una crisis estructural y por lo tanto fundamental, de muy largo plazo y por lo tanto que no se presta a una solución sino aun desdoblamiento de muy largo plazo. Simultáneamente, estamos también en medio de un estancamiento económico mundial, que es lo que muchos llaman la crisis. (Wallerstein, 1983, p. 14)
Si consideramos el carácter o tipo de encrucijada en mención, autores como Paul Krugman (2014) consideran que es una situación funcional al sistema capitalista y otros, como Jeremy Rifkin, la suponen de carácter orgánico o estructural. Una crisis es funcional cuando le resulta necesaria al sistema para retroalimentar sus amenazas y mantenerse vigente; en ese sentido, sus ruidos son transitorios, de corto tiempo y rápida caducidad. Es orgánica, en cambio, cuando impele un cambio de la civilización en la que está inmerso todo el sistema (Ornelas, 2013; Rifkin,