La Copaf hizo varios estudios para los sectores públicos y privados sobre el planteamiento de un Sistema Metropolitano Binacional. Esta comisión estableció normas para tránsito de personas y vehículos; la lucha contra el contrabando; la circulación y el control al maltrato de los trabajadores indocumentados; la revisión de los asuntos de los indígenas; la explotación abusiva de los recursos naturales; la búsqueda de soluciones a los conflictos de orden público; la seguridad para los habitantes de frontera; y, finalmente, elaboró propuestas y estrategias para el desarrollo científico, técnico y del trabajo cultural de las zonas limítrofes. En 1991, la Copaf presentó el proyecto de Zona de Integración Fronteriza (ZIF), que es la delimitación, diseño e instrumentación de la correspondiente ZIF del estado Táchira de Venezuela, y del departamento de Norte de Santander, Colombia.
A finales de la década de los noventa, las actividades de la Copaf se redujeron, y en la reunión de Santa Marta, Colombia, el 4 de mayo del 2000, los presidentes de Colombia y Venezuela se comprometieron a la reactivación y profundización de los distintos aspectos que conforman la agenda bilateral y la necesidad de otorgar una dimensión más amplia a las comisiones respectivas de cada país (El Tiempo, 4 de mayo del 2000). En septiembre del 2000, se creó la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos fronterizos (Copiaf), en sustitución de la Copaf.
La Copiaf surgió como una necesidad de impulsar el proceso de integración en la búsqueda de alternativas para el desarrollo en las áreas económicas, sociales, culturales y políticas de ambas naciones. Su objetivo es promover la voluntad política y la necesidad de ejecutar proyectos que contribuyan al proceso de integración binacional, que mejoren la calidad de vida de las poblaciones fronterizas. La Copiaf y la Coneg son los instrumentos más expeditos para ayudar a componer las relaciones políticas y económicas entre los dos países.{14}
En marzo del 2008, a propósito del rompimiento de relaciones diplomáticas por la muerte del guerrillero Raúl Reyes y la posición venezolana de apoyo a Ecuador por considerar que hubo daño transfronterizo e invasión de la soberanía de ese país, también fueron las mismas comisiones las que comenzaron a trabajar en soluciones bilaterales para congelar la agenda política, haciendo votos para que Venezuela retornara a la CAN, o en su defecto, para que los dos países pudieran acordar un nuevo tratado comercial para proyectar la integración económica.{15}
La Copiaf y la Coneg han funcionado en el frente económico, debido a que en su interior se le ha dado participación al sector empresarial de los países,{16} y que estas han hecho las recomendaciones, acatando los principios del Acuerdo de Cartagena (1969) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Por ejemplo, Colombia y Venezuela, al amparo de los preceptos del Acuerdo de Cartagena, lograron acelerar la zona de libre comercio y concertar los aranceles contra terceros para evitar las triangulaciones. El Acta de Barahona en 1991 hizo así que el comercio de bienes comenzara a acelerarse entre los dos países, toda vez que después de esta, y hasta el 2006, el 95% de las mercancías intercambiadas no pagaron aranceles entre los países integrantes (Cámara Colombo Venezolana, 2005).
También el Acta de Barahona relanzó la integración y los procesos de apertura con terceros mercados, en especial con América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea; finalmente, algo muy importante por su impacto sectorial fue la política bilateral de fomento a las inversiones cruzadas, y, sobre todo, a la creación de grandes alianzas industriales, como las del sector de metalmecánica en 1991 y automotriz en 1993, que incentivaron los intercambios de manufacturas en momentos de tensiones políticas (Ramírez, 1996) (tabla 5).
Cabe recordar que los buenos oficios de las comisiones entre 1980 y el 2008 reversaron medidas presidenciales como el cierre de las fronteras, los llamados a las consultas de embajadores y las intenciones del rompimiento de las relaciones políticas. La violación de la soberanía colombiana por el ejército venezolano, en la política de ese país de persecución en caliente a los insurgentes colombianos entre 1995 y 1997, obligó al presidente Samper en varias oportunidades a invocar las comisiones y los tratados internacionales de paz y no agresión con Venezuela. Más recientemente, la violación colombiana de la soberanía venezolana con la captura del guerrillero colombiano Rodrigo Granda por el Ejército colombiano en territorio venezolano en el 2005, hizo que el presidente Chávez cerrara la frontera; los buenos oficios de la Coneg y la Comisión Presidencial restablecieron en febrero de ese año las relaciones bilaterales; en aquella oportunidad, esas comisiones se acompañaron con la introducción de proyectos económicos como el gasoducto bilateral para llevar gas de La Guajira de Colombia al estado Zulia de Venezuela, y después, la idea de retomar la agenda en torno a la explotación conjunta de las aguas en conflicto creó un ambiente propicio para el comercio bilateral entre el 2005 y el 2006 (Ramírez, 2006).
A manera de conclusión, se puede señalar que las comisiones bilaterales han logrado desde 1990 una agenda llamada de globalidad para las relaciones entre Colombia y Venezuela, que no solo ha servido para componer y mejorar las relaciones políticas, sino más importante, para dirigir la integración a otros asuntos como el económico, el social, el desarrollo fronterizo y el propio tema de los desencuentros políticos (Ramírez y Hernández, 2003).
ACUERDOS ECONÓMICOS DE FINALES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Después de los desafortunados hechos del 2008 y de los pronunciamientos de micrófono de los presidentes Chávez y Uribe en foros como la Cumbre de Río, en los encuentros posteriores para componer las relaciones diplomáticas impulsados por Brasil, Argentina y el propio México,{17} estuvo presente la agenda económica para mejorar la agenda política. Solo basta recortar los encuentros y acuerdos incluso de los presidentes Chávez y Uribe en abril del 2009 en Caracas, donde se puede afirmar que hubo la intención de arrancar un tratado de libre comercio con visos de mercado común que no solo supliera la deficiencia normativa en materia arancelaria por el retiro de Venezuela de la CAN, sino más importante, que los países decidieran comenzar a estudiar los fondos comunes para superar y afrontar de manera conjunta la crisis internacional que se avizoraba en ambos países (tabla 6).
El acuerdo, que en principio se vendió con la idea de restablecer los pagos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de Venezuela a los empresarios colombianos, y con esto saldar la deuda empresarial, toda vez que desde abril del 2008, el gobierno venezolano había decidido unilateralmente el cierre de los pagos y la limitación de las importaciones de vehículos extranjeros y darle prioridad a la comercialización de autos ensamblados en el país;{18} se pasó al terreno de agendas de entendimiento binacionales para pensar en un nuevo tratado comercial. La declaración de los presidentes que estableció puntos de paz y concordia estableció 5 puntos de la agenda económica: Venezuela abrió el cupo para 10.000 vehículos procedentes de Colombia para abastecer la demanda en camiones pequeños de estacas, camiones, buses y vehículos de bajo costo.
Otros tres documentos firmados por los dos mandatarios fueron la intención del gobierno venezolano de constituir un fondo binacional de USD$200 millones con recursos públicos para establecer una línea de crédito que impulsara el comercio bilateral y permitiera el comercio de las pequeñas y medianas empresas en época de crisis, un memorando de entendimiento para llevar energía eléctrica de Puerto Inírida (Colombia) a San Fernando de Atabapo (Venezuela) y una carta de intención para evaluar la posibilidad de utilizar las monedas locales en el intercambio comercial entre ambas naciones en lo que se denominó una propuesta de comercio al trueque; la constitución del fondo binacional había sido