En términos absolutos, la mayoría de los migrantes internacionales proceden del sur, siendo Estados Unidos su principal destino. El país norteamericano recibió, según datos presentados por el Banco Mundial (2011), unos 42,8 millones de inmigrantes, mientras que Francia y España –países también objeto del presente estudio– acogieron cada uno cerca de 7 millones de personas extranjeras. México, por su parte, es el principal país emisor de emigrantes, con 11,9 millones de personas en 2010; mientras que 2,9 millones de colombianos emigraron del país. De esta forma, el corredor México-Estados Unidos (caso de estudio en la primera parte del presente trabajo) representa la principal ruta migratoria mundial: el contingente de personas que por allí se desplaza totaliza el 6 % de la masa mundial de migrantes (OIM, 2013).
Por otro lado, se evidencia que, si hasta el siglo XX la mujer mantuvo un comportamiento receptivo y sedentario en función del hombre migrante, en los últimos años del siglo XXI el desplazamiento femenino ha alcanzado casi el 50 % del total del flujo migratorio mundial. En la primera década del nuevo milenio alcanzaron los 95 millones en el mundo, mientras que en Europa el total de mujeres migrantes corresponde al 52 % (Morokvasic, 2007; OIM, 2013). Además, esta creciente feminización de la migración internacional va acompañada de un incremento de la victimización de mujeres por parte de redes criminales dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes irregulares.
A su vez, las migraciones constituyen una importante fuente de recursos económicos para las sociedades de origen. Así, las remesas desde el norte hacia el sur alcanzaron los USD 267 000 millones en 2010, de los cuales unos USD 100 000 millones fueron enviados desde Estados Unidos hacia países del sur (Banco Mundial, citado por OIM, 2013). Las remesas hacia América Latina son del orden de USD 58 100 millones; además, México y Colombia son los principales destinos de estas. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República calcula en USD 3200 millones las remesas provenientes de Ecuador para el año 2007. Entretanto, las remesas hacia África alcanzaron en 2010 los USD 40 000 millones y representaron la segunda mayor fuente de ingresos del continente (Banco Mundial, 2011).
El panorama general de las migraciones internacionales da cuenta de la importancia del fenómeno en el escenario internacional y la relevancia que este ha alcanzado en las agendas de los Gobiernos nacionales. La situación se vuelve preocupante cuando no todos los que aspiran a migrar pueden cumplir con los requisitos administrativos para hacerlo legalmente, de modo que algunos lo hacen de forma no autorizada, con lo cual infringen la ley y se convierten en migrantes irregulares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, p. 45).
Estos flujos migratorios en situación de irregularidad tienden a ser considerados como problemáticas de seguridad en los países de destino porque son asociados con actividades terroristas, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras. De allí que la acción de los Estados respecto al fenómeno migratorio esté cada vez más determinada por las consideraciones en materia de seguridad nacional, conllevando la implementación de políticas restrictivas a la migración. La situación resulta contradictoria cuando, en el marco de los procesos globalizadores, se promueve la apertura de mercados y comunicaciones, pero se pretende limitar los flujos migratorios, es decir, se promueve la apertura de fronteras para la libre circulación de bienes y capitales pero se establece un bloqueo para el tránsito de ciertas personas. Así, mientras la globalización económica se considera una oportunidad, la migración es vista como un problema (Armijo Canto, 2011).
En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.
En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12-13). Al concentrarse las actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas, estas coinciden con los espacios donde se desarrollan los flujos migratorios. La consecuencia es que la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad en las fronteras (Armijo Canto, 2011). Es así como las mismas medidas implementadas para combatir el tráfico de drogas ilegales, por ejemplo, son también instrumentalizadas para contener el tránsito irregular de personas.
En este orden de ideas, el estudio realizado demuestra cómo las políticas restrictivas –que en casos como el de América del Norte incluyen estrategias militaristas– no han generado el efecto esperado de disminuir el número de migrantes. Paradójicamente, estas medidas han tenido el efecto colateral de aumentar las migraciones irregulares, puesto que miles de personas, al no lograr sortear los rígidos controles migratorios, ingresan de forma no autorizada al país de destino tras acudir, en la mayoría de las ocasiones, a redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas.
De tal forma, la trata de personas se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y la migración irregular ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar. De hecho, estos fenómenos actualmente se equiparan con el narcotráfico como una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado (Armijo Canto, 2011, p. 6). Pero además de violar las normas de control fronterizo establecidas, la migración irregular implica una serie de desafíos mayores en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante.
En este contexto, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, pero sobre todo los eventos terroristas del 11 de septiembre de 2001, han modificado sustancialmente la concepción tradicional de la seguridad nacional –ligada sobre todo a la defensa externa del Estado–: fue vinculada definitivamente a la seguridad interior. En un escenario donde predominan el terrorismo y el narcotráfico como principales amenazas a la seguridad global, factores como la transnacionalización del crimen, la flexibilización de las fronteras nacionales y los crecientes movimientos migratorios, se han constituido en temas relevantes para la construcción de las agendas nacionales y regionales de seguridad y han llevado a las autoridades nacionales a conjugar, cada vez más, sus aparatos de seguridad interior con los de seguridad exterior.
Así, entender los vínculos entre migración y seguridad es el objetivo principal del trabajo de investigación desarrollado por los grupos de investigación Migraciones y Desplazamientos y Seguridad y Defensa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se