2. Concepto
3. Contenido
4. Derecho a la salud y seguridad social
5. Principio de progresividad y no regresividad
6. Límites
7. Sujetos vinculados: el Estado y los particulares
7.1. El Estado
7.2. Los particulares
8. Mecanismos de tutela del derecho a la salud
8.1. Tutela administrativa del derecho a la salud
8.2. Tutela jurisdiccional del derecho a la salud
9. Jurisprudencia relevante
10. Casos de aplicación
10.1. Caso: Exclusión de ciudadanos extranjeros
10.2. Caso: Modificación a la Ley 28705, Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco
11. Preguntas
2. Concepto
3. Contenido
4. Sistemas de pensiones
5. Principios de progresividad y no regresividad
6. Límites
7. Sujetos vinculados: el Estado y los particulares
7.1. El Estado
7.2. Los particulares
8. Mecanismos de tutela del derecho a la pensión
8.1. Tutela administrativa del derecho a la pensión
8.2. Tutela jurisdiccional del derecho a la pensión
9. Jurisprudencia relevante
10. Casos de aplicación
10.1. Caso 1: Acceso a la pensión de jubilación
10.2. Caso 2: Devolución de aportes
11. Preguntas
Siglas y acrónimos
AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones
ANR: Asamblea Nacional de Rectores
AOE: Anticoncepción oral de emergencia
AUS: Aseguramiento Universal en Salud
CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos
CAS: Contrato administrativo de servicios
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
EPS: Entidades prestadoras de salud
ESSALUD: Seguro Social de Salud
FJ: Fundamento jurídico
FFJJ: Fundamentos jurídicos
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
IPRESS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
OIT: Organización Internacional del Trabajo
ONP: Oficina de Normalización Previsional
SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
SIS: Seguro Integral de Salud
SPP: Sistema Privado de Pensiones
SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud
TIC: Tecnologías de información y comunicación
TC: Tribunal Constitucional
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local
Presentación
El Bicentenario de la Independencia del Perú es una oportunidad para conmemorar históricamente el establecimiento de la forma republicana de gobierno, basada en los derechos y libertades inalienables de todos los hombres, como lo manifestó el Libertador San Martín al declarar: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende” (1821). Valores de justicia y libertad que se defendieron en los campos de batalla de Junín y Ayacucho (1824); quedando así sellados los principios y derechos que dieron sentido a la unidad política democrática y a la forma de vida republicana de todos los peruanos.
El balance de los derechos y libertades a doscientos años de vida independiente y republicana puede ser interpretado desde un horizonte temporal de largo plazo, en virtud del cual se han incorporado progresiva y tardíamente al reconocimiento y goce de los derechos constitucionales a grupos humanos que estuvieron socialmente al margen de la sociedad liberal o conservadora. Ello fue así, en la medida que el Estado de Derecho mantuvo una concepción oligárquica y patriarcal basada en la tutela de la mujer, la servidumbre de las comunidades indígenas, la esclavitud, y, la semi-servidumbre de los migrantes asiáticos; hasta que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la situación de discriminación y explotación se fue redimiendo legalmente.
Pero, el reconocimiento de la cuestión social a comienzos del siglo XX permitió que se refundaran las bases sociales y económicas del nuevo Estado de bienestar, reconociendo derechos de los trabajadores, como posteriormente la capacidad civil y de sufragio de las mujeres, los analfabetos, los jóvenes y los militares. De modo que, a los clásicos derechos civiles y políticos se fueron añadiendo los derechos sociales y económicos, a la educación, a la salud, a la vivienda y, a los servicios públicos básicos; generando un desafío gubernamental para garantizar la plena vigencia del bienestar general que se fundamente en la justicia social. Así, se fue construyendo el constitucionalismo moderno hasta las dos primeras décadas del siglo XX.
Pero, la expresión evidente del desafío histórico de la falta de plena vigencia de los derechos fundamentales es la crisis de gobernabilidad del Estado constitucional, a partir de que los poderes fácticos económicos y los grupos de presión han permitido el vaciamiento de las funciones democráticas de representar, legislar fiscalizar a todos por igual, así como, administrar justicia con imparcialidad e independencia. Esto se ha puesto dramáticamente de manifiesto a lo largo de nuestra historia constitucional, en el divorcio entre los derechos constitucionales en que se asienta el Estado democrático y social de Derecho y la realidad constitucional;