Por una Constitución Ecológica. Ezio Costa Cordella

cuerpo con una lógica común.

      Debemos aspirar a que en una nueva Constitución quede claro que la continuidad de la comunidad que habita Chile depende de tener un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es una idea a la que le ha costado ganarse un espacio suficiente, pero que crecientemente es parte de nuestro sentir cotidiano.

      Los movimientos sociales de todo el mundo han repetido esta idea hasta el cansancio y su presión hacia las autoridades para que lo reconozcan ha ido en aumento. Un punto importante fue la notable arremetida de la joven activista sueca Greta Thunberg y la aparición de organizaciones globales como Fridays for Future y Extinction Rebellion. Mientras, aunque con lentitud y tibieza, los gobiernos han avanzado con pasos como el Acuerdo de París, en 2015, y los eventos posteriores como el compromiso de carbono neutralidad de China para el 2060 y de la Unión Europea para el 2050. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE.UU. es esperable que también dicha potencia avance en esta línea y, de hecho, entre sus primeros actos como Presidente suscribió nuevamente el Acuerdo de París y comprometió una disminución del 50% de los gases de efecto invernadero emitidos por EE.UU. para el año 2030.

      En América Latina, además de los compromisos relativos al cambio climático, un punto de gran potencia civilizatoria ha sido la celebración del Acuerdo de Escazú, que mejora las condiciones de la democracia en materia ambiental, aumentando los estándares en acceso a la información, acceso a la justicia y participación en materia ambiental, además de reconocer el rol fundamental que juegan las y los defensores ambientales. Se reconoce así el valor de la comunidad en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, democratizándolas.

      El fenómeno de crecimiento del movimiento es también una realidad en Chile. Solo durante 2019 hubo decenas de marchas por el clima, en las que jóvenes y familias de todas las regiones del país se manifestaron para exigir políticas climáticas acordes a la gravedad del asunto. Aunque los resultados no han sido de la profundidad esperada, consiguieron que el gobierno de Sebastián Piñera comprometiera la carbono neutralidad para el 2050, además de un plan de cierre de las termoeléctricas a carbón para el 2040 y una serie de medidas que son parte de la Contribución Determinada a Nivel Nacional10, la que a su vez constituye un avance considerable en relación con la contribución anteriormente presentada a la comunidad internacional. Y si bien la cuestión climática es una de las claves para mantener condiciones de vida adecuadas en el país, hay muchas otras condiciones ambientales con características netamente locales, que deben ser abordadas para una adecuada protección ambiental. La más urgente en nuestro caso es la relacionada con la protección del agua, como veremos más adelante.

      Pero la aspiración a una Constitución Ecológica no se agota en reconocer nuestra dependencia de las condiciones ambientales, sino que requiere también reconocer un valor a la naturaleza en sí misma, que está más allá del uso que podamos darle como humanos. Un valor por la vida que no se agota en la vida humana, sino que se extiende a otras vidas y sobre todo a las condiciones de posibilidad de todas las vidas, como es un medio ambiente sano y equilibrado.

      A veces parece que esta idea es más difícil de consensuar, porque, a pesar de que ese reconocimiento puede tener formas muy diferentes, la tendencia de las instituciones hasta ahora no ha sido la de reconocer ese valor de manera explícita. Pero, sin embargo, es algo que tenemos con nosotros y no solo por la fascinación individual que cualquier persona puede sentir por la belleza, inmensidad y complejidad de la naturaleza.

      Existen instituciones que se han basado en este valor intrínseco desde hace mucho tiempo, a pesar de que muchas veces no sea evidente ni siquiera para quienes definen esas instituciones. Es el caso de muchos acuerdos internacionales para la protección de diferentes especies, como las aves, las ballenas y luego todas las que se encuentren en ciertas condiciones de riesgo. Es el caso también de acuerdos como la Convención de Washington, para la protección del paisaje y la belleza escénica en América, tratado al que le debemos la existencia de Parques Nacionales, entre otras áreas protegidas. Últimamente, además, algunos países han reconocido derechos a la naturaleza, ya sea en constituciones, leyes o fallos judiciales.

      Pero incluso instituciones religiosas han reconocido este valor, siendo especialmente importante para nuestra cultura occidental judeocristiana lo que el papa Francisco I expresa al respecto en la Encíclica Laudato Si’, de 2015. Entre otras cosas enuncia:

      Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales “recursos” explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extingue por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.11

      Hacer posible que nuestra sociedad se respete a sí misma en el largo plazo y también respete las demás vidas requiere de modificaciones sustantivas en nuestro modo de vida. Una Constitución Ecológica debería al menos aumentar las probabilidades de que ello ocurra, incorporando instituciones específicas para eso, como sería el reconocimiento de derechos de la naturaleza o la consagración del principio de justicia intergeneracional, entre otras.

      A lo largo de los capítulos que vienen detallaré las distintas normas que podrían ser parte de esta Constitución Ecológica, explicando en parte las razones para considerarlas como un elemento importante dentro de la nueva Constitución, y también las maneras en que cada una de esas normas podría operar, mirando las consecuencias que podrían tener.

      Hay que considerar, de todas formas, que se requerirá que cada una de las normas sea operativa para el subsistema de la Constitución Ecológica y para el sistema jurídico nacional, por lo que muchas de las propuestas que acá se detallan tienen que ser adecuadas sobre la marcha de la deliberación constitucional. Por lo mismo, no se sugiere un articulado en especial, sino que el contenido fundamental de las diferentes instituciones.

      Lo más importante es no perder de vista que la Constitución Ecológica, siendo parte del sistema jurídico, será aquella parte que permita a este sistema comunicarse con la naturaleza y con el gran sistema que ella constituye. Por lo mismo, debe capturar en parte lógicas ecosistémicas y sociales, junto con las propias del Derecho.