El voto preferencial también presenta algunos riesgos. La experiencia demuestra que los miembros del Parlamento pasan de representar los intereses de su partido para identificarse con los intereses de la persona o grupo económico que les financió la campaña electoral. Al parecer, la representación popular que nació con las revoluciones, agrupando a personas comprometidas con un mismo ideal, con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Esto último se percibe también en las llamadas asambleas constituyentes. Si un partido tiene mayoría no atenderá las opiniones del resto de representantes, y si no la tiene comenzará la negociación para la aprobación de los artículos dando lugar a un híbrido texto constitucional. Profundizar más en el asunto escapa a las pretensiones de este capítulo.
D) Hacia un sistema de partidos políticos
Una transición democrática requiere impulsar la creación y consolidación de los partidos políticos ya que no puede promoverlo solo un texto constitucional. Recordemos que las constituciones siempre son abiertas a la participación, la representación, la democracia, pero es la ley la que establece ciertos parámetros de ejercicio y evita los excesos. Por eso es necesaria una barrera electoral para evitar que los partidos políticos con bajo índice de aceptación ciudadana adquieran una representación parlamentaria. Sobre este tema el Tribunal Constitucional ha fijado su posición sosteniendo que la barrera electoral no afecta el principio de representación nacional. A continuación presentamos un resumen de sus argumentos127:
1) Se evita el acceso de agrupaciones políticas cuya escasa representatividad impida concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, y que los parlamentarios se conviertan en una suerte de portavoz de intereses particulares o personales.
2) Se establecen las bases para la configuración de un verdadero sistema de partidos, para que, en vía de competencia, articulación e interacción, cada uno sea dependiente del otro en la función que desempeñan en el escenario político.
3) Se evita una fragmentación en la representatividad que puede obstaculizar la gobernabilidad, así como el consenso entre las mayorías, minorías y la toma de decisiones en la vida política, social y económica del país, todos ellos requisitos de la estabilidad democrática reconocida en el artículo 45 de la Constitución.
4) Se impide que una mayoría simple pueda resultar sustancialmente beneficiada por la ausencia de contrapesos significativos al interior del Congreso.
En el Derecho comparado vemos que Alemania, por ejemplo, también estableció la barrera del cinco por ciento y lograron dimensionar su parlamento. Lo mismo ocurrió con los norteamericanos, sólo tienen dos partidos grandes al igual que los ingleses. En el Perú, en cambio, dado que no es un Estado de tradición bipartidista, lo más razonable es que exista un sistema de cuatro representaciones compuestas por dos partidos políticos de gran convocatoria, derecha e izquierda, y otros dos de centro para que moderen sus naturales extremismos ideológicos. En ningún caso es bueno tener once representaciones políticas en el Congreso porque lo saturan, lo atrofian. Para lograr estos objetivos se debe complementar la Ley de partidos políticos con otros instrumentos legales que permitan una democracia viable y duradera. La actual ley regula la fiscalización del dinero que reciben los partidos; sin embargo, la reforma ratificada por referéndum ha elevado a rango constitucional el deber del estado para su financiamiento público, con la finalidad de establecer límites al financiamiento privado, que trae consigo muchos compromisos particulares que no suelen coincidir con los intereses nacionales128.
Los partidos deben canalizar los grandes intereses nacionales. Como no es posible defender todos los intereses en el mismo orden de prioridad, es necesario que existan partidos suficientes para representarlos. Los trabajadores (obreros) necesitan representantes que lleven la voz de los sindicatos, lo mismo ocurre con las asociaciones de empresarios, o los trabajadores con instrucción superior que también deben ser oídos y que determinan la clase media. Lo menos indicado es una asociación improvisada para formar un partido. Dada la coyuntura política, un partido no puede estar integrado por políticos de distinta ideología, ya que, en la práctica, no se generan las sinergias necesarias para consolidar posiciones y coherencia en sus planteamientos políticos. No olvidemos que los partidos son precisamente lo contrario, grupos de interés que comparten objetivos comunes para llegar al poder con la legitimidad que brinda una elección democrática.
Debemos tener en cuenta que los modernos medios de comunicación brindan una cobertura informativa sobre la actividad de los candidatos que, si no nos percatamos, podría hacer pensar al elector común que toda la acción se centra en el candidato al ejecutivo. En otras palabras, los políticos podrían valerse de la cobertura informativa para evitar organizar una actividad partidaria de años de trabajo, lograr una auténtica representación y difusión de su ideario, planes de gobierno, etc. ¿Sin la cobertura de los medios de comunicación existirían tantos partidos políticos? ¿En qué medida ello se relaciona con los periódicos resultados de las empresas encuestadoras?
E) La necesidad de dimensionar el Parlamento peruano
Como venimos sosteniendo, es necesario dimensionar el ejercicio de la política al interior del Congreso. Pensamos que un Congreso integrado por cuatro partidos, dos grandes representaciones (de derecha e izquierda) y dos relativamente pequeñas (de centro derecha y centro izquierda). Los partidos del centro moderan la radicalidad de los partidos extremistas y eso ayuda a la estabilidad política. Lo que ocurre es que los pactos duran poco por la abundancia de representaciones.
En este caso podemos comparar al Estado peruano con otros países de Iberoamérica, como Argentina, Colombia, Chile y México, donde se renueva el parlamento a mitad de mandato. En cambio, esto no lo permite nuestro sistema porque el mandato parlamentario tiene la misma duración que el presidencial. Por ello, como el parlamento no puede renovarse, los presidentes se ven obligados a buscar alianzas incluso con partidos que en muchos casos han sido opositores durante la campaña. Hay democracias modernas que tienen alianzas naturales; en el Perú, el ejercicio de la política todavía no está dimensionado ante tantas representaciones en el Congreso. En otros países con mayor institucionalidad democrática ya se sabe cuáles son los aliados naturales de los partidos y ello es parte de la transparencia política. Lo contrario produce una anomalía en el sistema que luego el electorado castigará en los siguientes comicios.
F) La necesidad de consolidar el proceso de descentralización
Al margen de las sugerencias que podríamos hacer al contenido de la regionalización, en esta oportunidad nos ocuparemos de la relación entre la forma de Estado y la de gobierno; debido a que, en nuestra opinión, la viabilidad del presidencialismo descansa en una efectiva división territorial del poder. En efecto, si observamos la experiencia estadounidense, veremos que su forma de gobierno (el modelo presidencialista) es una consecuencia de su forma de Estado (el federalismo). En otras palabras, el Presidente norteamericano no es equivalente al peruano, aunque esta afirmación sobresalte al lector. Si bien ambos son jefes del ejecutivo, en el primer caso se trata de un Presidente federal que, conjuntamente con un Congreso y Judicatura federales, representan a todos los Estados de la unión, donde cada miembro cuenta, a su vez, con su propio Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Estado peruano, en cambio, este proceso fue distinto debido a que optamos por el modelo presidencialista, pero sin federalismo, y con menos controles que el Presidente estadounidense.
La idea de fondo es la siguiente: sin descentralización no hay posibilidad que funcione el presidencialismo. La falta de una división territorial del poder, entendida como la descentralización de las decisiones políticas a través de parlamentos y ejecutivos regionales, trae como consecuencia el riesgo de elegir, o reelegir, un caudillo luego de cada proceso electoral, salvo que el presidente se autolimite, pero también es cierto que en nuestra corta historia republicana las diferencias económicas, sociales y culturales, así como la falta de presupuestos históricos, políticos, jurídicos y éticos, fueron determinantes para descartar una inmediata división territorial del poder. Por eso, la necesidad de superar esas deficiencias debió ser la principal preocupación de los gobernantes y gobernados.