Las investigaciones sobre empresarialidad étnica, incluyendo las que conceptualizaron los «enclaves», entregaron una data sustantiva para demostrar que las economías migrantes impactan el espacio y las relaciones sociales de la urbe de llegada, constituyendo barrios, imaginarios y nuevas interacciones en destino. Asimismo, comprendieron esas economías más allá de su dimensión «étnica», ampliándola a otros grupos sociales (nacionales, en el caso el cubano) presentes en las sociedades contemporáneas, que responden no solo a disposiciones de larga duración, sino que logran reproducir o transformar las sociedades y espacios urbanos en destino. Para situarlos en algún diálogo teórico de la época, sus investigaciones entregaron una ingente data de prácticas y racionalidades que operaban fuera de las leyes supuestamente autónomas del campo económico, demostrando que su legitimidad se debía a su «incrustación» (embeddedness) en un entramado social que los legitima.8
Si bien un segmento relevante de los estudios sobre «empresarialidad étnica» enfatizó el comunitarismo y el solidarismo, es decir, relaciones y estructuras definidas «culturalmente» en origen, con notoriedad a partir de la década del noventa cobró fuerza una mirada otra, que priorizó la interacción con los contextos institucionales en la sociedad de llegada, las oportunidades del mercado y la «estructura de oportunidades» en la cual se reproducían ciertas prácticas. En esta nueva escena, y regresando al ejemplo cubano, la «comunidad moral» explicaría algo, pero en ningún caso todo el surgimiento de un «enclave», ni menos las relaciones y prácticas sociales necesarias para mantener una economía migrante (Aldrich & Waldinger, 1990).
A esta mirada, hoy en muchos aspectos de sentido común, se la llamó «perspectiva interaccionista», pues establecía una interconexión entre los recursos internos de las comunidades migrantes y la estructura local de oportunidades (Kloosterman & Rath, 2001). Waldinger, Aldrich & Ward (1990), entre otros, podrían considerarse ejemplos de esta perspectiva, en tanto leyeron la economía migrante como consecuencia de una «estrategia étnica» desplegada en una estructura de oportunidad presente en las ciudades y sociedades de llegada.
4. Santiago y su migración
4.1. Acceso y condiciones habitacionales
El acceso a la vivienda juega un rol central en la relación entre migración y ciudad. Por un lado, la localización de la vivienda abre o cierra posibilidades de inserción en geografías de oportunidades. Por otro lado, las condiciones de acceso y habitabilidad de la vivienda pueden mejorar o empeorar la calidad de vida, e incrementar o disminuir la vulnerabilidad de las personas migradas. Ambas dimensiones han sido abordadas en estudios de la Región Metropolitana de Santiago en la última década, centrados en describir y dimensionar esta relación.
En la Región Metropolitana, desde la década de 1990, los patrones de asentamiento de los nuevos flujos migratorios se han concentrado en comunas centrales y pericentrales. Por otro lado, migrantes de altos ingresos se han asentado en las comunas del llamado cono de alta renta. Hacia fines de la primera década de este siglo, el patrón de asentamiento se extendió hacia la totalidad de las comunas de la Región, incluida la periferia metropolitana. No obstante, destaca que aún en el año 2019, la comuna de Santiago acoge el mayor número de personas migradas de la Región, conformando los residentes extranjeros cerca de un 25% de la población total de la comuna (Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2020). El trabajo de Razmilic (2019) presenta una evolución de las dinámicas de asentamiento en la región que configuran patrones de concentración y dispersión en diferentes comunas.
En los últimos cinco años estos patrones han experimentado un alto dinamismo, lo que se puede explicar desde diferentes dimensiones. Por un lado, es obvio que el aumento acelerado de los flujos migratorios a la región ha dado forma a una demanda inédita por vivienda. A lo anterior, se suma un mercado inmobiliario que ha experimentado una transformación significativa en la última década en virtud de un aumento sostenido en los precios de venta y arriendo, emergencia de nuevas tipologías residenciales de grandes alturas y departamentos de mínimo metraje, incremento de la informalidad en el acceso y la reemergencia de asentamientos precarios en la periferia; una tendencia que se pensaba controlada hace una década en virtud de programas masivos de vivienda subsidiada (López, Meza, & Gasic, 2014; Rodríguez & Sugranyes, 2004; Tapia Zarricueta, 2011). Muchos de estos fenómenos se encuentran aun insuficientemente estudiados debido a su muy reciente consolidación. El acceso a vivienda de población migrada se debe comprender al interior de esta trama compleja de elementos, que muchas veces experimentan situaciones mayores de vulnerabilidad y abuso respecto a la población no migrante.
La concentración en áreas centrales y pericentrales de la ciudad no responde, en el caso de Santiago, a una repetición mecánica del modelo ecológico de la Escuela de Chicago, tal como lo revisamos en las secciones precedentes. Este hecho es producto de un contexto urbano específico. De hecho, en otras ciudades metropolitanas como Buenos Aires, el acceso a vivienda de la población migrada se expresa en un patrón de localización en la periferia y no en áreas centrales (Magliano y Perissinotti, 2020). El asentamiento en áreas centrales de Santiago fue posibilitado por un proceso de despoblamiento del centro de la ciudad que se venía produciendo desde la década de 1970, agravado por el deterioro producto del terremoto de 1985 (Contreras Gatica, 2011). En la década de 1990 el paisaje habitacional del centro de Santiago ofrecía un importante número de inmuebles subocupados y en deterioro que prontamente empezaron a ser habilitados –muchos de forma precaria– para su arriendo a población migrada que iniciaba su arribo a la ciudad. Paralelamente, en esos años se inicia un plan de repoblamiento de la comuna que favorece la inversión inmobiliaria, la emergencia de nuevos servicios y la consecuente atracción de nuevos habitantes. Este proceso de concentración en áreas centrales y pericentrales, si bien es una tendencia masiva, es necesario puntualizar que personas migradas de altos ingresos se asientan en comunas del cono de alta renta, así como personas de nacionalidad haitiana se concentraron, posterior al 2010, en la comuna de Quilicura, para luego moverse hacia otros sectores de la ciudad.
Un programa de investigación de la Universidad de Chile, que llevó a cabo estudios sobre la situación habitacional migrante entre el 2006 y 2010, afirma como conclusión:
aunque la mayoría de los inmigrantes no reporta problemas de vivienda, muchos son habitantes de barrios centrales deteriorados, que es uno de los programas que el sistema habitacional chileno ha desarrollado menos y en una zona que se vio afectada por el terremoto (de 1985) (Arriagada Luco y Órdenes, 2011, p. 7).
No obstante, la situación ha cambiado fuertemente en la última década. El mismo programa de investigación identifica diez años después de su primera publicación una situación diferente, marcada por cambios en la estructura de oferta y demanda de vivienda, alza del arriendo y la reorganización del sector inmobiliario global y local como base de un boom de procesos de renovación urbana, rentismo y surgimiento de negocios de subarriendo precario para migrantes (Arriagada-Luco & Jeri Salgado, 2020, p. 7). El trabajo de Contreras, Ala-Louko y Labbé (2015) ha profundizado en las condiciones de acceso en espacios tugurizados y de deficiente habitabilidad en barrios donde conviven personas migrantes vulnerables con nuevas clases medias, e incluso con algunas tendencias de gentrificación.
Durante la última década se incrementan las deficientes condiciones de habitabilidad en la que acceden a una vivienda las personas migrantes. El análisis de Razmilic (2019) sobre información censal y Casen 2017 muestra que cerca del 20% de la población migrada habita en condiciones de hacinamiento, duplicando a la población no migrante. El déficit habitacional cuantitativo, que consiste en calcular la necesidad de viviendas para abordar situaciones de hacinamiento y allegamiento, se estimó en el año 2017 en algo más de 400 mil unidades de vivienda a nivel país. La población migrante representa el 13,8% de este déficit, con especial presencia en comunas de la Región Metropolitana. Los datos estadísticos disponibles son claros en mostrar la desigualdad en las condiciones de habitabilidad entre población