En lo que va del siglo XXI la política formal y el desempeño económico en México no han generado sinergias positivas. Si bien ocurren una y otra vez fenómenos que sólo pueden suceder en democracia –como las alternancias, la existencia de «gobiernos divididos» o de Ejecutivos sin mayoría en el Legislativo–, que permiten la expresión plena de la división de poderes y confirman el estatus democrático del sistema político nacional, también han sido años marcados por el pobre desempeño económico y saldos negativos en materia de bienestar social.
La tasa media de crecimiento anual de la economía mexicana, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resultó de apenas 1.9% entre 2000 y 2017, los años que van de la primera alternancia a la antesala de la elección de 2018. Pero si se considera a la población, el crecimiento per cápita al año es del 0.62%. En suma, desde el punto de vista del bienestar social, México tiene una economía prácticamente estancada.4
Por su parte, la población en situación de pobreza en el año 2000 representó el 53.6% del total y en 2016 –última medición oficial disponible– el 52.9%, pero como el número total de habitantes se incrementó, la cantidad de mexicanos en pobreza aumentó de 52.7 millones a 64.6 millones, de lo que se concluye que durante la democracia el país ha sumado al menos 12 millones de pobres.5
Tras dos décadas de contar con un sistema plural de partidos políticos y de que la alternancia en los distintos órdenes de gobierno haya cobrado carta de naturalidad, las condiciones de existencia de la mayoría de la población no han mejorado de manera significativa.
Ha cambiado la política de México, permitiendo la expresión formal de la pluralidad política real. Pero las condiciones estructurales sobre las que transcurre la vida de millones de mexicanos no se han modificado. Las expectativas que despertó la democratización no se han colmado y, por el contrario, se deteriora la confianza en partidos, congresos, políticos e instituciones públicas.
Ahora bien, reconocer todo lo que la democracia no ha dado o no ha resuelto para las mayorías, ¿puede dar pie a conceder que hemos tenido una mera «democracia electoral» en demérito del empeño por edificar una «democracia sustantiva»? Más aún, ¿hay ciertos mecanismos y procedimientos legales de la «democracia formal» realmente existente que deberían trascenderse para poder avanzar hacia una deseable «democracia social»? Mi respuesta es clara: no hay atajos legítimos en la búsqueda de la equidad social que prescindan de las libertades y derechos que son inherentes a un sistema político democrático.
Para argumentar mi disenso, desde una perspectiva de izquierda democrática, respecto a la minusvaloración de los avances políticos conseguidos por México, me auxilio de los argumentos del filósofo Carlos Pereyra, cuya elaboración intelectual sobre la democracia hace que su obra, como ocurre con los clásicos, sea más que pertinente para intentar comprender los desafíos y las insuficiencias de la democracia en nuestros días. La crisis de las democracias puede entrañar y explicarse también por una crisis en la reflexión que implica la carencia de una idea mínimamente compartida sobre qué es, para empezar, la democracia.
En diversos ensayos escritos mucho antes de que la transición concluyera, reunidos en un volumen titulado Sobre la democracia,6 Pereyra define que la democracia siempre y necesariamente ha de ser: política, formal, representativa y pluralista. En los años ochenta del siglo pasado, Pereyra debatía con y desde la izquierda, con la convicción de que no debía caerse en el engaño conceptual de la «democracia burguesa», pues en realidad las conquistas democráticas «desde el sufragio universal hasta el conjunto de libertades políticas y derechos sociales han sido resultado de la lucha de clases», reivindicando que «las clases dominadas han sido la fuerza motriz de la democratización».7 Es decir que la democracia históricamente se nutrió por la movilización popular y que debe ser una causa irrenunciable de la izquierda.
Para nuestro autor, la democracia «es una forma de relación política que vale en y por sí misma».8 Ahora bien, al subrayar la característica política de la democracia (en contraposición con la idea de «democracia social»), Pereyra no descuida ni por un instante la propia cuestión social:
En nuestros países la realidad está marcada por la miseria de muchos. Millones de personas viven su existencia toda en medio de la presencia dramática del hambre y la desnutrición, sin empleo regular, al margen de las instituciones de salud, sin acceso a vivienda, con mínimos servicios de agua, drenaje, luz, etcétera; sin posibilidad de ir, en el mejor de los casos, más allá de los niveles básicos de escolaridad que apenas permiten mal insertarse en el tejido laboral.9
A partir de ahí entiende, sin justificar, que las izquierdas lleguen a ver que «la democracia desempeña un papel de segundo orden, pues resulta prioritario luchar por un orden que garantice igualdad y justicia social»,10 pero de inmediato advierte sobre las implicaciones negativas de hacer a un lado la característica formal de la democracia: «La sustitución de la democracia formal representativa por la democracia sustancial directa ha sido un juego de palabras para ignorar el pluripartidismo, autonomía de las organizaciones sociales, libre difusión de ideas e información, libertades políticas, garantías individuales, es decir, el contenido efectivo de la democracia, cuya realidad no desaparece porque se le llame formal».11 Es un hecho histórico comprobado que el «igualitarismo prescinde sin dificultad de la democracia».12 Por eso, desprenderse de la democracia formal implica deshacerse de la democracia toda.
De acuerdo con Pereyra, la democracia en las sociedades contemporáneas de manera obligada tiene que ser representativa: «en ningún caso los avances en la democracia directa […] eliminan la necesidad de pugnar por una sólida democracia política (formal y representativa)».13 Y añade: «Las cuestiones puntuales, locales e inmediatas que están en juego en los mecanismos de la democracia social directa, pertenecen a un orden de problemas que no incluye, ni puede incluir, cuestiones sustantivas sobre el funcionamiento global de la sociedad y el Estado».14 Es más: «Rechazar formas democrático-representativas en nombre de quién sabe qué democracia directa significa rechazar la democracia sin más y optar por mecanismos que no pueden sino generar caudillismo, clientelismo, paternalismo, intolerancia, etcétera».15 Por ello, sostiene enfático: «La democracia es siempre democracia representativa».16
Pereyra alertaba a la izquierda, dada la experiencia autoritaria del mal llamado socialismo real («desde los procesos de Moscú en los años treinta hasta el aplastamiento de la movilización obrera en Polonia a comienzos de los ochenta»), sobre «los riesgos inherentes al desprecio de la democracia formal».17 Y aquí cobra plena relevancia el pluralismo: «Con base en dicotomías confusas como democracia formal/democracia sustancial se tendió a dejar de lado el asunto central de las libertades políticas y el tema no menos fundamental del pluralismo».18 Éste es clave porque Pereyra tenía «la convicción de que no importa cuál partido gobierne, en ningún caso puede garantizar la inclusión de todos los intereses, aspiraciones y proyectos sociales».19 Más aún en las sociedades masivas y complejas: «Es inconcebible la homogeneidad absoluta. Es obligado reconocer la presencia del otro, es decir, de otro con intereses particulares, con proyectos específicos. La democracia opera como el único régimen político que no supone la supresión del otro».20 De ahí su tesis: «La democracia es siempre democracia pluralista».21
Ahora que