En el ejercicio de la represión resultó muy destacado, aunque no de forma exclusiva, el papel jugado por los falangistas, participando también jóvenes requetés, cedistas y alfonsinos. Durante las primeras semanas de guerra, Falange vallisoletana no solo ejerció la represión, sino que se atribuyó las funciones de orden público, los registros y las detenciones, y fue tal su control que incluso fueron muy frecuentes los incidentes con el gobernador civil y con la Guardia Civil.32 Además, también hay que decir que, desde las primeras horas del 19 julio, el general Saliquet era la máxima autoridad en Valladolid, puesto que había declarado el estado de guerra. Sin embargo, existía un descontrol generalizado que favoreció el ejercicio de esta represión y la perpetración de crímenes de forma impune. Este fue un fenómeno que se repitió en toda la zona sublevada y que, durante los primeros meses de la guerra, mereció las llamadas de atención de las autoridades militares y del propio Manuel Hedilla, así como las protestas de los falangistas contrarios al ejercicio de la represión indiscriminada. Sin embargo, estas prácticas continuaron durante la guerra y la posguerra.33 En la provincia de Valladolid, por ejemplo, hubo al menos 924 fusilamientos irregulares, es decir, producidos sin haber una sentencia judicial previa.34
La declaración del estado de guerra en la VII División se produjo el 19 de julio, lo que conllevó que la justicia militar pasara a juzgar, además de los delitos que le correspondían por su propia jurisdicción, los delitos tipificados en el Código Penal ordinario. Además, se simplificaron todos los procesos judiciales, impulsando los procedimientos sumarísimos, que se tramitaban por vía de urgencia, unos juicios en los que actuaban los consejos de guerra o tribunales militares.35 En estos juicios, que eran casi siempre colectivos, la resolución del caso se hacía en un acto único en el que el tribunal dictaba sentencia rápidamente. Las penas eran las que establecía el Código de Justicia Militar, en el artículo 237, para el delito de rebelión militar, que podía tipificarse como adhesión, auxilio y excitación o inducción. En ello tenían un peso muy importante los antecedentes ideológicos, políticos y sociales, es decir, los anteriores al 18 de julio de 1936, estableciéndose el efecto retroactivo de las leyes y de los delitos. Según el delito, las penas oscilaban entre la pena de muerte, como pena máxima, y los 6 años de prisión, como pena mínima.36
En Valladolid, los juicios sumarísimos de urgencia se iniciaron el 22 de julio de 1936, siendo el más destacado el de los 448 detenidos en la Casa del Pueblo. En este caso se impusieron 40 penas de muerte, 2 conmutadas posteriormente; 362 condenas a 30 años de prisión; 26 condenas a 20 años de prisión y 19 absoluciones.37 La mayoría de militares leales a la República fueron acusados de rebelión militar y condenados a muerte. También sucedió así con las autoridades civiles, como el gobernador civil, Luis Lavín Gautier, fusilado el 18 de agosto de 1936, o el alcalde, Antonio García Quintana. También fueron fusilados casi todos los socialistas que ocuparon cargos municipales durante la República y los cenetistas. Entre los meses de julio y octubre de 1936, inclusive, en Valladolid se fusiló, a consecuencia de una condena a muerte, a 181 personas.38 Los fusilamientos se llevaban a cabo en la pradera de San Isidro, en el extrarradio de Valladolid, y siempre al amanecer. En este lugar se llegó a instalar una parada de churros para los asistentes, y hasta allí llegaban multitud de vallisoletanos y vallisoletanas, niños incluidos, a contemplar la agonía y la muerte de los condenados. Estos espectadores gustaban de insultar a los reos y mostraban signos falangistas con frecuencia. Fue tan grave esta situación, que hasta el Gobierno Civil recriminó tales comportamientos y exhortó a la población para que dejara de asistir a los fusilamientos cada mañana.39
Además de esta represión física, hay que hablar también de la depuración y represión en la función pública. De hecho, a la altura de septiembre de 1936, ya habían sido destituidos de sus puestos 46 maestros y maestras en toda la provincia. Este proceso también afectó a los centros de segunda enseñanza y escuelas profesionales, así como a la universidad. Tampoco escapó a la depuración el cuerpo de funcionarios de las administraciones local y provincial.40
Por otra parte, bien pronto apareció la pobreza y la mendicidad infantil por las calles de Valladolid.41 Se trataba de familias que o bien habían perdido a los padres en el frente, o habían sido fusilados, o bien habían perdido su trabajo por haber sido depurados y carecían por tanto de medios de subsistencia. También apareció el paro obrero y la superpoblación, esta última causada por la avalancha de gentes foráneas que huían de otras zonas del país. Ante esta situación, empezaron a crearse multitud de instituciones benéficas, entre las que destacó Auxilio de Invierno, dirigida por Mercedes Sanz-Bachiller. Por otra parte, las autoridades vallisoletanas empezaron a presionar a las familias pudientes de la ciudad para que, a través de donativos, contribuyeran a paliar esta situación. Con el tiempo empezaron a surgir diversas iniciativas de obligado cumplimiento, como el Día del Plato Único, y, además, empezaron a ser multadas las personas que no las cumplían.
Por su parte, la Iglesia católica42 apoyó y legitimó la sublevación militar. En Valladolid, sede episcopal, la Casa Social Católica cedió sus locales para preparar el golpe, las Juventudes de Acción Católica iban a los frentes y las mujeres de Acción Católica atendían a los heridos y confeccionaban ropas a los soldados. Hubo actos de desagravio, volteo de campanas para celebrar la toma del Alcázar de Toledo, en septiembre de 1936, o la celebración religiosa en honor a la toma de Málaga, en febrero de 1937. La Iglesia vallisoletana, además, se implicó en la atención a los heridos de la guerra, convirtiendo sus centros de enseñanza, como el Convento de las Dominicas Francesas, en hospitales de sangre. También impulsó el Aguinaldo del Combatiente. Pero es que, además, empezó a recuperar los privilegios que había perdido durante la República y volvió a dirigir la moral de todos los españoles que se iban incorporando a la España sublevada. Así, se prohibieron los carnavales, se empezó a multar por comportamientos o formas de vestir poco apropiadas en público y se impuso la censura en el cine y en las publicaciones escritas. Una nueva moral se implantó con fuerza en los centros educativos, donde regresaron los crucifijos y los himnos, se volvió a separar a los alumnos por sexos y, al mismo tiempo que se depuraba a los docentes, se hacía lo mismo con los libros de texto.
Este fue el Valladolid en el que nació Auxilio de Invierno, pero también en el que Mercedes Sanz-Bachiller fue nombrada jefa provincial de la Sección Femenina. Vamos a detenernos en este último asunto.
MERCEDES SANZ-BACHILLER, JEFA PROVINCIAL DE LA SECCIÓN FEMENINA DE VALLADOLID
Después de la muerte de Onésimo, Mercedes se encontró sola y con tres hijos a su cargo. Andrés Redondo, que ya era jefe territorial de Falange castellana, le ofreció un estanco para que el sustento económico familiar estuviera asegurado, pero Mercedes lo rechazó,43 buscó niñeras para que estuvieran a cargo de sus tres hijos y empezó a organizar la recogida y confección de ropa para los soldados que estaban en el frente desde la Academia de Caballería.
Sin embargo, bien pronto fue requerida por Andrés Redondo para que ostentase la jefatura provincial de la Sección Femenina de Valladolid, ya que la mujer que lo hacía hasta entonces, Rosario Pereda, había quedado atrapada en Santander, y el puesto estaba vacante. Mercedes