A su vez, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una porción ínfima del gasto público. Respecto al gasto público descentralizado, Mario Rosales calculó un 12% municipalizado y un 3% el regionalizado con autonomía (Rosales, 2012). Chile se mueve en el 15% de gasto subnacional, siendo el promedio de América Latina el 20%, con países líderes en el 30% (Colombia, Argentina, Brasil), aún lejos del 40% de la OECD.
Ana María Ezcurra17 (1996) explicó la expansión de los fondos sociales discrecionales de los gobiernos centrales de América Latina y el Caribe, impulsados por el Banco Mundial, con tres objetivos: generar un colchón de asistencialidad ante las reformas neoliberales para evitar estallidos sociales, lograr una acción eficiente en las comunidades por esta vía desconcentrada subordinada (ya que no fortalece espacios descentralizados virtuosos) y como elemento de gobernabilidad, ya que ayudan al disciplinamiento político (la búsqueda de estos recursos por el congresista-intermediario-asistente social).
La dispersión del poder que implicaba la descentralización en ningún caso aseguraba el término de la corrupción, pero sin duda modera las cadenas retroalimentadoras que convierten a los parlamentarios en asistentes sociales de los distritos, ogros filantrópicos del territorio, alejado de todo marco de políticas públicas sustentables a los mecanismos de movilidad social e igualdad de oportunidades.
La instauración de los brokers
En Chile el sistema político concentrador moldeó un estilo (cultura política) que se hizo hegemónico de la Concertación, que no pudo y/o no quiso modificarlo: presidencialismo, centralismo y sistema electoral hipermayoritario, en el cual, como ha reiterado Nohlen, son las cúpulas de los partidos pactantes las que deciden por el elector si tiene alternativas.18 De este modo, se desplazó el poder desde los intelectuales críticos, dirigentes partidarios tradicionales (tribunos con ideas) y líderes sociales, hacia barones, los hombres que controlan los partidos y aseguran el orden de la Coalición, en una combinación de ministros en La Moneda y poder territorial-parlamentario en el sistema de designaciones centrales de cargos clave y negociación de los cupos parlamentarios. En apariencia, esos tres elementos fueron amortiguados, pero permanecieron las claves del poder que reforzaron a los barones.
El sistema de selección de altos directivos se implementó desde el año 2004 de manera gradual sin afectar al intenso sistema de designaciones territoriales (el político como broker), los partidos fueron refractarios a procesos de primarias amplias hasta antes de la derrota del año 2009, y el poder de la tecnocracia es sobrerrepresentado, ya que coincidimos que esto fue relevante especialmente en el Ministerio de Hacienda, pero no en el resto del Gabinete, en el que siempre las nominaciones fueron mediatizadas por la militancia19 y la cercanía a los grupos que controlaban el poder de los partidos.
La Concertación no dispersó el poder ni amplió su coalición; al contrario, la fue achicando y no le importaron las deserciones; no quiso debatir la posibilidad de innovar con un sistema semiparlamentario en medio de la epidemia caudillista-presidencialista de América Latina, lo que había sido planteado en los inicios de la Transición.20 Aquí estuvo el núcleo de su declive. La diversidad colorida21 del No triunfante del año 1988 culminó con la derrota en la junta opaca del año 2009, entendiendo la junta como la expresión del juntismo, es decir, un estilo jerárquico, comité pequeño que detenta las decisiones políticas claves, el núcleo de poder real de la fase final de la Concertación.22
Al combinar la historia y la ciencia política, encontramos que hay causas estructurales que refuerzan el comportamiento de constituir un sistema democrático basado en una presicracia. Es más, hay razones obvias de reforzamiento entre las conductas de los líderes políticos, la cultura partidista, el régimen político y el sistema electoral23 que acentuaron las formas y el fondo del régimen de Pinochet, en las prácticas y procedimentales de la institucionalidad democrática de los gobiernos de la Concertación.24
El hecho clave de la política se desplazó desde las agendas prorreformas a la atención nacional de las largas negociaciones intercoaliciones con los partidos de derecha e intracoalición, entre los partidos de la Concertación, hasta minutos antes del cierre de las inscripciones para candidatos al parlamento o las alcaldías, donde siempre había sorpresas: candidatos «bajados» y designaciones sin competencia para favorecer a personajes claves.
En el extremo del modelo electoral cerrado, centrado en la negociación de cupos con alianzas de apoyo mutuo entre partidos, lo constituyó la creciente entrega de cupos sin competencia a personajes claves, «los barones» vinculados al grupo que controlaba cada partido. Por ejemplo, en las parlamentarias del año 2005 se entregaron la circunscripción de Valdivia al expresidente de la República, Eduardo Frei, en la Concertación, y a Andrés Allamand, expresidente de Renovación Nacional (RN), en la Alianza. Casi no hubo campaña en dicha región del sur de Chile; ambas coaliciones «pusieron» a candidatos sin ninguna opción de compañero de lista, y por tanto la elección se produjo antes de que los electores concurrieran a las urnas.
Lo anterior sintoniza con la tradición oligárquica de la política chilena, que llamaba a estos congresos termales, en referencia a las viejas prácticas de los partidos Liberal y Conservador de dividirse los territorios en cónclaves. El extremo fue el pacto al que también se sumó el Partido Radical y los partidarios del general Ibáñez, que pactaron en las Termas de Chillán la legislatura de 1930 a 1932.25
La Concertación buscó cambiar el sistema electoral binominal, pero la Alianza se opuso. La forma de moderarlo sustancialmente era aceptar el uso de las primarias abiertas para seleccionar los cupos y eliminar el concepto del uti possidetis (el que EE. UU. sigue teniendo), extraído de la tradición de respetar las fronteras si ya se ocupa un territorio. Por la degeneración de este precepto, a un diputado o senador que tenía un cupo no era posible osar con ser un challenger (desafiador) en ambas coaliciones, exceptuando una pésima evaluación electoral o caer en desgracia entre los «barones» controladores del respectivo aparato partidario.
La Concertación perdió el poder con anterioridad a su derrota presidencial. En las municipales del año 2008, en el norte y en el sur, candidatos «por fuera», independientes hastiados de no poder competir en el interior de la envejecida coalición, ganaron en Calama, en Antofagasta, en Copiapó y en Punta Arenas. La derecha lo hizo en otras capitales (Iquique, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia) y la Concertación quedó reducida a La Serena y Puerto Montt. Pero tampoco le importó a la Junta de Gobierno del PPD-PS-PR-PDC; siguió cerrando espacios, expulsando a díscolos o dejándolos ir, hasta perder con la Alianza y salir del Estado en enero de 2010.
El ocaso de la Concertación no fue solo por la administración sin reformas sustanciales del modelo socioeconómico, sino también por la presicracia, la soberbia presidencialista-centralista liderada por los barones mandarines en los partidos que hicieron dominantes a los tecnócratas políticos en los años noventa y luego a los hombres de partido.26
CONCLUSIONES
En Chile siempre se fracasó en los intentos replicativos de crear un «Bloque por los Cambios»: el Frente Popular no se atrevió a realizar una reforma agraria y luego González Videla excluyó a los comunistas, el FRAP no logró consolidar las fuerzas de izquierda, los sectores del PDC reformista y la UP revolucionaria no se entendieron. Finalmente, la Concertación no logró evolucionar de una alianza de redemocratización parcial, tanto por los enclaves autoritarios en el Congreso como por la propia falta de voluntad en una centroizquierda administradora.
De esta forma, nos salta una pregunta: ¿por qué ha sido esquiva la consolidación de un «Bloque por los Cambios» en las coaliciones analizadas? La falta de entendimientos intra e inter partidos, la interpretación de que los conflictos intimidan la gobernabilidad en vez de ser