Es claro que las empresas del primer grupo se caracterizan por utilizar el espectro principalmente para el servicio de telecomunicaciones inalámbricas; las del segundo, el cableado para datos; las del tercero, el espectro para la radiodifusión. Entonces, técnicamente, la empresa que se perfila como integradora de todos los servicios es DirecTV. Es el punto de convergencia técnico entre las telecomunicaciones y las industrias culturales.
Pero lo que nos importa desde la economía política es su posicionamiento económico. Como se ve por las ventas, DirecTV es a la vez la más grande entre las empresas mediáticas y la más pequeña entre las de telecomunicaciones. No obstante, la tendencia en los últimos cinco años es a crecer en abonados y en ingresos; por tanto, puede amenazar la posición de las empresas de telefonía fija y sus servicios agregados. Si a esto le sumamos la oferta y las ventas, es decir, abonados e ingresos de la televisión por demanda a través de internet —sobre la cual, desafortunadamente, no tenemos datos—, es claro que las industrias culturales tradicionales —en cuanto empresas—, como las que aparecen en la tabla 2, están seriamente amenazadas por este nuevo tipo de empresa que está en camino de convertirse en la predominante: una megacorporación infocomunicacional.
Es en este contexto donde se inscribe la llamada Ley de TIC que se discute en el Congreso, pues ya no es posible separar las infraestructuras de telecomunicaciones de las de transmisión de contenidos y, por tanto, la regulación independiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión se hace inútil. ¿Cuál es entonces el sentido de la Ley de TIC, si ya habíamos dicho que en 2013 se habían distribuido las frecuencias para la tecnología 4G? ¿Si ya se eliminó la Comisión Nacional de Televisión? ¿Si ya está privatizado prácticamente todo el espectro?
Precisamente, si existe un solo espectro radioeléctrico, una sola órbita geoestacionaria y un solo territorio, a la vez que existe una tecnología que puede unificar todos los tipos de señales (satelital, microondas, de cables, etc.), entonces todas las TIC se pueden unificar en una sola red de infraestructura. Esto las constituye en un monopolio natural, pero como monopolio natural debería estar en manos del Estado. Por tanto, abrir la competencia a la instalación de diversas redes, cada una de las cuales cumple una parte de la función o repite lo que hacen las otras, es técnica y económicamente irracional.
Luego la ley sí va en dirección a un monopolio natural, pero no estatal, sino privado. Por tanto, hay que garantizarlo y, para ello, esta ley otorga al menos tres ventajas al capital:
• Concesión a largo plazo, ya sea de veinte o treinta años, prorrogables, no importa cuánto. El caso es que con ello se pone una barrera de entrada legal al mercado a posibles competidores.
• El mercado del espectro. El mercado secundario del espectro sería una posibilidad del concesionario, es decir, una fuente de rentas, diríamos extraeconómicas (mafiosas), como las concesiones feudales de la Edad Media. Quien quiera acceder al espectro no tendría que entenderse con el Estado, sino con el dueño de la concesión. Esto facilita también las fusiones y las absorciones entre los concesionarios en el proceso de centralización que conducirá a las megacorporaciones.
• Facilita la unidad del mercado y, con ello, la unificación de facturación, con lo cual se reducen gastos logísticos y de transacción.
En síntesis, la Ley de TIC es la condensación política de todos los efectos perversos de la actual etapa de reestructuración capitalista sobre los países de la periferia, el sector público y los trabajadores, es decir, las tres problematizaciones que dieron origen a esto que llamamos economía política de la comunicación y la cultura. En primer lugar, es una clara entrega de los recursos (el espectro, la órbita y el territorio) y del mercado interno a los intereses del capital extranjero, con lo cual se renuncia a la soberanía. En segundo lugar, es una clara renuncia a la función del Estado de cuidar el territorio y la población, al entregar sus funciones a las empresas privadas, sin contraprestación, pues no pagarán por las concesiones a cambio de “ampliar la cobertura” voluntariamente. En tercer lugar, es una apertura a la competencia desleal de contenidos para distribuir en Colombia a través del monopolio de las redes (televisión por internet), con lo cual, como en otras ramas, pierden los trabajadores colombianos de la industria cultural y mediática.
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