Las políticas y discursos de “la minería responsable, para el desarrollo sostenible” y “la paz con un enfoque territorial” (Jaramillo, 2016), se van a encontrar en el Gobierno de Santos (2010-2018) bajo la consigna de la “locomotora energética como motor del desarrollo”, lo que genera grandes fisuras en las movilizaciones sociales que, defendiendo la paz en las calles y pueblos, habían denunciado las disputas históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de las comunidades rurales, como el agua, el acceso a la tierra y la autonomía alimentaria.
Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza durante estas dos décadas, en Colombia se van a generar grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que van a expandir sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. Los conflictos socioambientales asociados a estas prácticas son entendidos como:
[…] las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también lo de otras personas y grupos. (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77)
Los conflictos socioambientales en estas dos décadas en el país son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía, como la agroindustria, la infraestructura, la energía fósil, las fumigaciones aéreas, la generación de energía, la minería, la pesca industrial, el turismo, los residuos sólidos y el transporte marítimo. Estas actividades afectan a distintos tipos de comunidades —población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes— en ecosistemas y territorios diversos: tierra, agua, páramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc. De allí que las comunidades afectadas desarrollen diferentes tipos de resistencias sociales —movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.— y recurran a instrumentos legales y jurídicos para defenderse y buscar la justicia ambiental —actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa entre otros—.
Por otra parte, los conflictos por el agua se multiplican con la distribución desigual, las dificultades en su acceso, la privatización de playas, manglares, ríos y bosques productores de agua, los impactos sociales y ambientales de las represas, así como la contaminación de sus fuentes y la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática, donde se retoman las decisiones y se hacen las reglas del agua1.
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LOS POSTACUERDOS DE PAZ
Mario Pérez Rincón (2014) muestra que, de los 95 conflictos socioambientales recientes inventariados en ese momento en Colombia, 34 estaban relacionados con la minería. Dentro de estos casos resaltó dos conflictos de minería de oro emblemáticos por su magnitud y relevancia para el país, a saber, el del páramo de Santurbán en Santander, con presencia de la trasnacional Greystar, y la mina La Colosa, en Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionada con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica (Flórez, 2012; García, 2012; Toro Pérez, Fierro Morales, Coronado Delgado y Roa Avendaño, 2012). Los casos de extracción y exploración de energía fósil explicaban el 23 % de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6 %) y el petróleo con 9 casos que equivalían al 9,5 % de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollaron aun desde los procesos de extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación. En diversos trabajos (Fierro Morales, 2011, 2012; Garay, 2013) se destacaron los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), los relacionados con la empresa Drummond (EE. UU.), y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia bhp Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).
En el tema petrolero, varios casos emblemáticos han sido objeto de investigaciones académicas y científicas: la exploración en territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EE. UU.), Repsol (España) y Ecopetrol (Colombia), el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, en donde varias empresas se encuentran operando desde 2011, entre ellas Ecopetrol, Oxy (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), con continuos conflictos con las comunidades de la zona y una reciente consulta popular en Tauramena contra el uso de su territorio con fines extractivos. A este problema le siguen en importancia la extracción de biomasa en proyectos agroindustriales causantes de conflictos ambientales, que representaban el 14 % de los conflictos, allí se destacan las disputas asociadas con el cultivo de palma y los proyectos agroalimentarios.
ENERGÍA EXTREMA E (IN)JUSTICIA AMBIENTAL EN TIEMPOS DE PAZ
Seis meses antes de que la Corte de La Haya decidiera otorgar el 75 % del mar Caribe reclamado por Nicaragua a Colombia, en noviembre de 2012, frente las protestas del pueblo raizal, fue suspendido el permiso de exploración y explotación de petróleo y gas en las islas de San Andrés. Sin embargo, una vez obtenido el Nobel de Paz el expresidente Juan Manuel Santos el 8 de diciembre de 2016, visitó varias empresas con experiencia en la llamada operación costa afuera (offshore), entre ellas la empresa BP, causante del mayor derrame petrolero marino de la historia (Toro Pérez, 2017a, 2017b).
Dicho derrame causado por la BP sucedió en el Golfo de México y afectó el 80 % del territorio marino y costero de Luisiana, uno de los dos Estados más pobres de Estados Unidos. Aun así, continuaba perforando en el suroeste asiático, tratando de reconstruir en el mar Caspio, con una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales que se generaron en 2010, hasta que en 2015 tuvo un nuevo derrame en Azerbaiyán. Para ayudar a reconstruir su prestigio, en agosto de 2017 — bajo los auspicios de nuestro Nobel de la Paz— se elige a Felipe Bayón como presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), expresidente regional de BP para el Cono Sur de Suramérica, exdirector de exploración y producción de la misma firma y quien trabaja extendiendo los contratos de concesión en el mar Caribe y Pacífico.
Sin embargo, el modelo petrolero extremo en Colombia va a evidenciar impactos socioambientales. En marzo de 2018 se produce el derrame petrolero más grande de la historia colombiana, en el pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol en Santander, donde 550 barriles afectan más de 30 km2 del territorio, contaminando quebradas, caños y ríos, lo cual deja miles de animales muertos y ecosistemas perjudicados, así como un número de pobladores —campesinos y pescadores— sin sus medios de subsistencia. Esta vez, el antiguo funcionario de la BP3, declara que existen fallas de revestimiento en el pozo pero que, en comparación con las tragedias ambientales en América Latina este era solo un derrame menor (Caracol Radio, 2018).
Esto sucedió solo unos días después de la declaración de la directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que indicaba que “el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental” en Colombia, defendiendo las compañías petroleras en términos de haber “asimilado muy bien” en los últimos veinticinco y treinta años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales en términos de “disminuir costos sociales y ambientales” de los impactos. Desde ese momento la Institución de Investigación Ambiental