La democracia es en primer lugar un tipo de régimen político. Esto es, un conjunto de reglas formales o informales que determinan el tipo de actores que puede ocupar las principales posiciones de gobierno, los métodos aceptables para obtener esos puestos, y la forma en que se toman las decisiones políticas (Munck, 1996; Schmitter y Karl, 1991: 77). La democracia liberal y todos los demás tipos de régimen, por lo tanto, se definen en términos de dos conjuntos de procedimientos, el primero acerca de cómo se obtiene el poder (la dimensión estrictamente democrática del concepto de democracia liberal), y el segundo acerca de qué cosas pueden hacer legítimamente quienes ocupan el poder (la dimensión liberal del concepto). En el caso de la democracia, el acceso al poder se basa en el principio de soberanía popular, el cual encuentra expresión institucional en las elecciones libres, justas, universales y competitivas; mientras que el alcance del poder se deriva del principio de gobierno limitado, el que se implementa por medio de las instituciones de la separación de poderes, la protección constitucional de los derechos individuales, etc. Esfuerzos para conceptualizar y medir la democracia nacional han producido similares dimensiones (Bollen y Paxton, 2000: 59-60).
Aunque el rango teórico de la variable tipo de régimen vaya de autoritario a democrático (o totalitario), el rango real en determinados dominios empíricos es más estrecho. Pese al uso relativamente común del concepto de autoritarismo para describir algunos regímenes subnacionales en las democracias federales (Fox, 1994; Cornelius ,1999; Diamond, 1999; Snyder, 1999; Gibson, 2005), es claro que aún las provincias argentinas y los estados mexicanos menos democráticos no encajan en la definición convencional de autoritarismo. Todos estos regímenes tienen elecciones, a menudo razonablemente libres, partidos opositores reales, representación de las minorías en la legislatura, niveles no triviales de libertad de expresión, etc. No hay en las provincias partidos políticos prohibidos, disidentes encarcelados, o un control totalitario de los medios de comunicación. Debido a que están dentro de una democracia nacional, los líderes subnacionales enfrentan limitaciones importantes para restringir los derechos políticos. Teniendo en cuenta que a nivel nacional la democracia es ampliamente aceptada, y que la Constitución faculta a las autoridades nacionales para garantizarla en las provincias, existen fuertes incentivos para que los gobernantes provinciales eviten prácticas abiertamente autoritarias tales como arrestar líderes opositores o recurrir al fraude electoral masivo. Estas acciones de alta visibilidad atraen la atención de los medios de comunicación nacionales, perjudicando las posibilidades de los responsables (muchos de los cuales tienen “ambición progresiva”) en la política nacional, y aumentando la probabilidad de que las autoridades nacionales tomen medidas correctivas (Gervasoni, 2010a).
Los regímenes provinciales menos democráticos, entonces, combinan instituciones democráticas que no son solo una fachada con aspectos que son claramente autoritarios. Tal combinación ha sido enfatizada por la reciente literatura sobre “regímenes híbridos” a nivel nacional. Los rasgos esenciales de las “democracias iliberales” (Zakaria, 1997), los “autoritarismos competitivos” (Levitsky y Way, 2002) y los “autoritarismos electorales” (Schedler, 2006) describen con mayor exactitud a las provincias y estados menos democráticos que el concepto tradicional de “autoritarismo” (Linz, 1975).
La multidimensionalidad en las encuestas de expertos argentina y mexicana
La Eeppa partió de las dos dimensiones de la democracia ya señaladas —soberanía popular y gobierno limitado— y de cada una de ellas definió tres subdimensiones. Para la primera dimensión las subdimensiones fueron la competencia (o la medida en que los individuos y grupos pueden oponerse a las autoridades que gobiernan y participar en elecciones periódicas multipartidarias que pueden llevar a la derrota del oficialismo), la inclusión (o la proporción de ciudadanos adultos que goza, legalmente y de hecho, de los derechos relacionados con la competencia política) y la eficacia de las elecciones (o la medida en que las autoridades elegidas no son limitadas por actores sin legitimidad democrática[3]). En el caso de la segunda dimensión (liberal) de la democracia, las subdimensiones fueron las limitaciones institucionales (el grado en el que el poder político está constreñido por “pesos y contrapesos”, tales como los poderes legislativo y judicial), los derechos liberales (la medida en que las libertades civiles y los derechos políticos de los habitantes son efectivamente protegidos) y la sociedad civil independiente (o la medida en que existe una sector social no gubernamental fuerte, plural y autónomo del poder estatal).
Las encuestas de expertos, sin embargo, permiten una dimensionalidad conceptual aún mayor, dado que las dimensiones y subdimensiones son a su vez desagregadas en componentes y subcomponentes. Cada uno de estos últimos representa el final de la operacionalización del concepto original y se mide vía uno o más indicadores, que en el marco de esta metodología son las preguntas de la encuesta de expertos. El cuadro 1.1 es una sistematización de las dimensiones (columna 1), las subdimensiones (columna 2), los componentes (columna 3) y los subcomponentes (columna 4) de la operacionalización propuesta. Las columnas 1-4 fueron concebidas como categorías generales aplicables a los regímenes subnacionales (electorales) de cualquier país. Las preguntas (o indicadores), en cambio, deben ser adaptadas al dominio empírico del estudio —en este caso a las provincias argentinas—. Así, las preguntas de la Eepemex son a veces idénticas a las de la Eeppa, mientras que en otras han sido modificadas para adaptarse a una realidad diferente.
Resultados del análisis dimensional comparado
La estrategia empírica que aquí se adopta para contestar las preguntas planteadas al inicio del capítulo es la de ofrecer en las siguientes páginas los resultados comparados entre Argentina y México de seis importantes aspectos de la democracia, los publicados para el caso argentino en Gervasoni (2010b). Para cada uno de ellos se analizan dos indicadores (= ítems de encuestas) en forma gráfica a través de dos diagramas de dispersión, uno por país. La ubicación de cada indicador que se analiza en el mapa conceptual desagregado puede consultarse en la última columna del cuadro 1.1.
Para analizar comparativamente la posición de las unidades subnacionales argentinas y mexicanas se presentan sendas gráficas de coordenadas (con un ítem en el eje X y otro en el eje Y) que despliegan información sobre aspectos de la democracia tales como el fairness de la competencia electoral (gráficas 1.1 y 1.2), la inclusión (gráfica 1.3), la libertad de expresión (gráfica 1.4), los pesos y contrapesos legislativos y judiciales (gráfica 1.5) y la prevalencia de prácticas estatales represivas o discriminatorias (gráfica 1.6). Cada provincia y estado son representados en la gráfica correspondiente mediante sus coordenadas en ambos indicadores. Los valores en cada eje son el promedio o la media aritmética de las respuestas dadas por todos los expertos que contestaron el par de ítems en cuestión para cada provincia/estado. En todos los casos, las escalas son normalizadas para que varíen entre un mínimo de cero (autoritarismo) y un máximo de 1 (democracia). En consecuencia, el cuadrante superior derecho de cada gráfica representa la región más claramente democrática, mientras que el cuadrante inferior izquierdo es la región menos democrática.[4] El texto de las preguntas y las respuestas (en la versión de la Eeppa[5]) se transcribe debajo de cada gráfica.
Fraude electoral “clásico” (subdimensión: competencia)
La competencia es la única nota distintiva de la democracia en la que todas las definiciones, incluidas las minimalistas (Schumpeter, 1947; Alvarez et al.,