La abdicación de Díaz resultó gracias a la opinión pública, que por primera vez en la historia mexicana alcanzó proporciones nacionales. El triunfo de la revolución fue reflejo del sentir popular reprimido desde la guerra tuxtepecana. Finalmente, descartó que el encumbramiento de Madero garantizara la restauración de la paz, pues las demandas sociales no estaban resueltas, por lo que parecía probable que se viviera un nuevo periodo de anarquía. Advirtió que si el maderismo seguía en el poder era consecuencia de una posible “intervención por parte de los Estados Unidos [que] ha ejercido una cierta influencia aleccionadora, [aunque] no ha sido suficiente para evitar los movimientos insurreccionales” (Rowe, 1912: 297).
Respecto a la potencial intervención, advirtió que la Casa Blanca debía ser cuidadosa, ya que probablemente “se despertarían los recelos de cada mexicano patriótico que se unirían a una causa común, por lo que sin duda no beneficiarían a los intereses estadounidenses” (Rowe, 1912: 297). Su hipótesis fue que si Estados Unidos intervenía, se desataría un sentimiento nacionalista que sólo generaría un derramamiento mayor de sangre.
Mientras algunos círculos intelectuales en Estados Unidos discutían el caso mexicano, los estadounidenses que habitaban en la frontera solicitaron la pronta intervención armada, y a ellos se sumaron extranjeros de la Gran Bretaña y Alemania. En atención a los demandantes, el general Brigadier Hare, delegado militar en Dallas, declaró que era viable y justificable iniciar una movilización al sur del río Grande, pues demandó al gobierno mexicano que “si tú no nos dejas proteger a nuestros ciudadanos, entonces tú debes protegerlos [… De no ser así] considero que es una obligación moral de Estados Unidos mantener bajo protección a los ciudadanos de otras naciones” (The Amarillo Daily News, 24 de febrero de 1912: 4).
Aun ante los clamores por una intervención armada en México, la posición del presidente Taft fue contraria. Basado en los informes periodísticos y diplomáticos que sus colaboradores le hacían llegar, consideró que su posición no cambiaría, pues eran esperanzadores los logros de Madero en los últimos días. Negó rotundamente haber “tomado medidas para fortalecer la milicia americana en la frontera, o preparar una fuerza expedicionaria para operar en territorio mexicano” (The Amarillo Daily News, 24 de febrero de 1912: 4).
Por recomendación del embajador Wilson, Taft ordenó al servicio diplomático redoblar las medidas preventivas hacia México. Una de las primeras medidas fue enviar mil rifles Kragg estándar de Nueva York a la colonia americana en Ciudad de México. Es importante señalar que la Ciudad de México registró al mayor número de estadounidenses residentes en México con 3 987 (Secretaría de Agricultura y Fomento, 1918), por lo que era necesario extremar las medidas de protección. En consecuencia, en la capital se rumoró que, para cuidar a la embajada estadounidense, estaba por ser transportado un grupo de fuerzas militares especiales (The Amarillo Daily News, 30 de marzo de 1912: 1).
A los llamados prointervencionistas en México, se sumó la voz de algunos ciudadanos de El Paso, quienes mediante comunicados y notas de prensa demandaron a Smithson, secretario de Guerra de Estados Unidos, que enviara un destacamento a Ciudad Juárez. La vida en México era intolerable, “los robos y atracos nocturnos en Juárez en que los estadounidenses son víctimas y sus negocios y casas son saqueadas” (The Amarillo Daily News, 30 de marzo de 1912: 1). Los solicitantes promovieron una intervención más no una invasión, pues señalaron que una patrulla de soldados sería suficiente para su seguridad, ello hasta que el gobierno mexicano retomara las riendas en la frontera. La Casa Blanca fue receptiva respecto a las demandas de protección, por lo que envió un destacamento para que resguardara la zona fronteriza.
En México causó preocupación la declaración de Taft, quien refirió que “el ministro de la Guerra debió haber asistido a las fiestas de la coronación del Rey de Inglaterra, pero que no lo hizo por el temor que había de que estallara una guerra con Méjico [sic]” (El País, 24 de junio de 1911: 2). Parecía que la situación en México estaba lejos de restablecerse, por lo que la movilización de tropas y mandos militares en la frontera fue crucial para actuar en cuanto fuera necesario.
La intervención armada fue considerada por algunos sectores políticos estadounidenses como un asunto de seguridad nacional, acusando que el gabinete de Taft no actuaba acorde a la gravedad de los sucesos en México. En agosto de 1911, Taft enfrentó una demanda legal al ser acusado por J. E. Buckley de esconder al Congreso información que “podría justificar una demostración de la marina o armada, una semana antes de la clausura del congreso”. Algunos sectores de la prensa de Estados Unidos señalaron que el aseverar que las cosas en México estaban controladas era una mentira del Estado (Licking Valley Courier, 17 de agosto de 1911: 1).
El demandante se declaró representante de los ciudadanos estadounidenses residentes en la Ciudad de México, en una demanda realizada ante la Corte de Justicia estadounidense. Aclaró que su intención no era que se ejerciera alguna acción penal contra el presidente, sino impulsar “una acción para obligar a los Estados Unidos a declarar la guerra a México, no a modo de intervención, sino por conquista” (Licking Valley Courier, 17 de agosto de 1911: 1), puesto que una nación sin gobierno era una oportunidad de expansión territorial.
Los reportes sobre las afectaciones a estadounidenses en México continuaron, aun cuando se firmó un armisticio. Desde la zona fronteriza emanó el mayor número de reclamos al Departamento de Estado. Uno de los más notables fue el del cónsul Edwards, quien denunció que los revolucionarios, aun cuando lograron la victoria, seguían estableciendo préstamos forzosos, los cuales se aplicaron a los extranjeros “especialmente con los alemanes y americanos que residen en ciudad Juárez” (El Diario, 9 de marzo de 1912: 4).
En marzo de 1912 se realizó un balance respecto a las afectaciones sufridas por los extranjeros en México, y en él se evidenció un saldo negativo para los estadounidenses. Se reportó la salida de más de treinta mil personas a causa del conflicto revolucionario, la mayoría avecindados en la frontera. Fue entonces que los pasos fronterizos reportaron un importante tránsito diario. La salida de estadounidenses era masiva, “solamente ocho mil ciudadanos de los Estados Unidos, que son los que, según cálculo autorizado, permanecen en nuestro país” (El Imparcial, 13 de marzo de 1912: 1). Se estimó que los que permanecían en el país no lo harían por mucho tiempo, pues el éxodo de sus connacionales causó enormes pérdidas económicas.
18 Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (ahsrem), legajo 381, p. 1/7.
19 Para más información sobre los conflictos desatados entre el cuerpo de guardia fronterizo estadounidense y los grupos armados revolucionarios véase Harris (2004).
20 Otros informes de prensa complementaron esta noticia con el hecho de que la fuerza de los rangers trabajaba de manera cooperativa con las fuerzas federales mexicanas, a fin de asegurar “el refuerzo de las leyes de neutralidad” (Evening Times Republican, 22 de noviembre de 1910: 1).
21 Pese a la neutralidad existente entre ambas naciones, las leyes internacionales no impedían que los estadounidenses intervinieran en los hechos revolucionarios si eran contratados oficialmente por el gobierno mexicano; sin embargo, existía preocupación de que algunos estadounidenses se involucraran voluntariamente a las filas revolucionarias. Uno de los primeros de los que se tuvo noticia fue John Kenneth Turner. Véase The Arizona Republic (23 de noviembre de 1910: 1).