El 22 de noviembre en El Paso, Texas, se reportó la llegada del primer grupo de estadounidenses que huían de México, quienes declararon ser testigos de una situación de anarquía, además que percibían desesperación en el gobierno mexicano, ya que nutrió su ejército con criminales y exconvictos. Los mexicanos no tenían la capacidad de controlar un movimiento armado de tales magnitudes, que “como bola de nieve” parecía no terminar (Shenandoah Herald, 25 de noviembre de 1910: 2).
La percepción de emergencia aumentó cuando en la prensa estadounidense se reportó la muerte de dos estadounidenses a manos de maderistas, sin embargo, la junta revolucionaria declaró que esas historias buscaban desacreditar el levantamiento contra Díaz. Madero insistió en que los revolucionarios eran respetuosos de las propiedades y los derechos de los extranjeros, y el único incidente del que se tenía noticia era “malos tratos a americanos de parte de servidores gubernamentales […] así como de seguidores de Díaz” (The Marion Daily Mirror, 23 de noviembre de 1910: 1). La controversia diplomática ya había empezado, por lo que el objetivo principal para México fue evitar un conflicto político con Washington.
Aun cuando se desarrollaron intensos combates en algunas poblaciones donde había importantes asentamientos estadounidenses, como Gómez Palacio, Lerdo y Torreón (Shenandoah Herald, 25 de noviembre de 1910: 2), no se reportaron víctimas fatales hasta el 25 de noviembre de 1910.23 Tanto revolucionarios como el ejército federal garantizaron el respeto a la vida de los extranjeros; en la prensa estadounidense se reportó que “oficiales de la armada mexicana y americana están trabajando mano con mano para prevenir que la situación asuma proporciones más serias a lo lago de la frontera” (The Arizona Republic, 23 de noviembre de 1910: 1).
A pesar de todas las garantías, la intervención del ejército estadounidense fue un tema latente y los preparativos iniciaron con la disposición de una estrecha vigilancia militar de la frontera; sin embargo, ni el gobierno de Taft, Díaz o los maderistas consideraban que la intervención solucionaría los conflictos en México. La situación al sur del río Bravo era incierta: por un lado, se recibían informes de batallas, matanzas y acciones violentas; por otro, la censura y el control de las comunicaciones generó aún más rumores que los silenció.
Para garantizar la seguridad de los pobladores en la frontera, el gobierno federal anunció la declaración de la ley marcial, con la que los “reportes oficiales de estado informan que la quietud prevalece a lo largo del país, y que ningún problema ocurrió en ningún lugar hoy. Las autoridades de cualquier manera están vigilantes” (The Washington Herald, 24 de noviembre de 1910: 1). Pero ni esta o alguna otra medida lograron disuadir las movilizaciones y propaganda antiyanqui, especialmente porque en Estados Unidos se registraron ataques antimexicanos.
En la madrugada del 24 de noviembre, en Denver, Colorado, se registró un ataque a la casa de Miguel Castanen; la turba justificó su ataque con la posibilidad de que fuerzas mexicanas invadieran Texas. Según algunos testigos, “todos con palos y rocas y otros misiles se apresuraron hacía ellos mientras huían […] Castanen fue notificado de que su casa sería quemada si no dejaba la ciudad” (The Marion Daily Mirror, 24 de noviembre de 1910: 8). Pese a todas las advertencias, este mexicano permaneció en su domicilio. El temor a una posible invasión generó que todos los mexicanos en Denver fueran perseguidos, por lo que se refugiaron en las oficinas del vicecónsul mexicano para que les brindara protección.
Los militares y las fuerzas policíacas contribuyeron al caos al reportar el arresto de algunos mexicanos por violar las leyes de neutralidad después de “importantes decomisos de armas reportados por la comisaría de Estados Unidos en el territorio del Alto Río Grande” (The Washington Herald, 24 de noviembre de 1910: 1). El temor a una posible invasión exacerbó la violencia en ambos lados de la frontera.
Los mexicanos representaron una potencial amenaza al usar al territorio estadounidense como refugio, armería y campo de reclutamiento, por lo que se temió que, en su afán combativo, atrajeran la violencia a su país. El 24 de noviembre la prensa estadounidense fijó su atención en Washington, ya que el revolucionario Gustavo A. Madero llegó a la Casa Blanca “como agente confidencial para el partido revolucionario, pero hasta el momento no ha sido llamado por el Departamento de Estado” (The San Francisco Call, 24 de noviembre de 1910: 3). Su llegada fue considerada como una respuesta al reclamo del Departamento de Justicia en el que responsabilizaba al maderismo de usar el territorio estadounidense como base militar.
El Departamento de Estado, por recomendación del embajador Henry Lane Wilson, negó cualquier entrevista con el líder revolucionario; además, el diplomático solicitó que se investigara su posible participación en violaciones a tratados internacionales.
La tensión diplomática aumentó la mañana del 23 de noviembre con el asesinato de J. M. Reid,24 a quien le dispararon mientras transitaba por la Alameda Central en la Ciudad de México. Ningún bando fue culpado, por lo que la embajada estadounidense no hizo declaraciones sobre el tema, a fin de evitar dar muestras de un distanciamiento con Díaz.
La presencia de Madero fue considerada un potencial peligro a la seguridad nacional, pues se advirtió que “el partido rebelde estableció su cuartel aquí” (The Washington Herald, 24 de noviembre de 1910: 1). No bastaba la zona fronteriza, ahora Washington era tomado como refugio. Esta presencia incomodó al Departamento de Estado, pues cualquier gesto comprometería la neutralidad estadounidense. Pero Madero tampoco podía ser detenido, ya que cualquier acto en su contra podría interpretarse como una toma de partido.
Mientras tanto, en México se reportaron afectaciones y boicots que buscaron diseminar el sentimiento antiyanqui entre la población. Con alarma se refirió que en algunas ciudades circulaban panfletos que llamaban a:
No comprar ningún artículo hecho por americanos o vendido por americanos, y no frecuentar ningún hotel o casa rentada por americanos, donde sirven americanos y no emplear americanos […] no considerar casas de comercio que tengan un título en inglés aun cuando sus propietarios sean mexicanos (Bisbee Daily Review, 30 de noviembre de 1910: 1).
Fue en este contexto que Arnold Shanklin, cónsul general de Estados Unidos en México, se trasladó a San Antonio, Texas, con el fin de rendir un informe sobre la situación revolucionaria. En una entrevista previa a su presentación en el Congreso, reportó que todo estaba tranquilo “a lo largo de la línea de los Ferrocarriles Nacionales de México entre la capital y Laredo” (The San Francisco Call, 24 de noviembre de 1910: 3). Descartó que la revolución fuera un movimiento generalizado en el país y mucho menos con poder de derrocar al gobierno nacional.
Esta misma perspectiva fue compartida por el vicepresidente de la American Smelting and Refinering Company, quien consideró que los reportes que le llegaban de regiones fronterizas como Eagle Pass eran exagerados, pues “el problema en México se ve más en las regiones rurales que en los centros de población […] en general nuestros representativos en la Ciudad de México reportan todo quieto” (The San Francisco Call, 24 de noviembre de 1910: 3). Desestimó que la violencia se generalizara, por lo que invitó a sus compatriotas a confiar en los mercados mexicanos.
El 25 de noviembre, el cónsul estadounidense en Ciudad Juárez, Thomas D. Edwards, telegrafío al Departamento de Estado para informar que todo estaba “quieto en su sección, y que aparentemente la excitación en todos lugares de México va decreciendo […] los reportes de lucha en Torreón, Gómez Palacio, Parral, Durango y Zacatecas son exagerados y las condiciones en esos pueblos son ya casi normales” (The Tacoma Times, 25 de noviembre de 1910: 1). Aun cuando todo pareció regresar a la normalidad, algunos estadounidenses dejaron el país mediante las vías ferroviarias, por lo que era tarea del diplomático coordinar su retorno a Estados Unidos.
El embajador mexicano, León de la