El populismo progresista
El proyecto del socialismo democrático que identificó a Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales coincidió en someter al escrutinio popular, a través de elecciones y refrendaciones plebiscitarias, a programas de profundo contenido social que, de acuerdo con los avances conseguidos entonces en otros países —como en Brasil con Lula, Argentina con los Kirchner y el Uruguay de Mujica—, consiguieron reducir los índices de pobreza en cuatro puntos porcentuales, entre el 2010 y el 2013, al pasar del 31,6 al 27,8 %, así como plantear profundos cambios, que se concretaron en novedosas reformas constitucionales e institucionales.
Esta forma de populismo progresista contrastó con el populismo militar y desarrollista que se estableció en la región a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, después de golpes militares a líderes sociales como Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), Juan Bosch en República Dominicana (1963), Joau Goulart en Brasil (1964) y Salvador Allende en Chile (1973). Bajo la sombrilla de este populismo nacionalista, según Jaramillo, se trataría de legitimar posteriores gobiernos de facto, como el de Michel Temer en Brasil y el aún más reciente de Jeanine Áñez en Bolivia.
A diferencia de los cambios constitucionales propuestos por estos dictadores y usurpadores para legitimar su llegada violenta al poder, los cambios constitucionales aprobados durante la época del socialismo democrático estuvieron dirigidos al avance en la consolidación democrática, mediante la apertura de nuevos canales de participación popular. Para entender el nacimiento del socialismo democrático conviene, además, no olvidar el contexto internacional en que apareció: cuando estaba comprobado el fracaso del modelo neoliberal en sus posibilidades de generar crecimiento e inclusión, con resultados inferiores a los conseguidos durante la aplicación del modelo proteccionista que había sustituido. Este fue el momento en el que el sistema interamericano creado alrededor de la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar la convivencia hemisférica, especialmente su sistema de defensa, había demostrado su incapacidad para garantizar la convivencia pacífica de las Américas, al tiempo que los acuerdos bilaterales de libre comercio, impulsados por el Gobierno de Estados Unidos, habían deteriorado el concepto de integración regional integral, entonces presente en mecanismos subregionales como la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
La crisis del modelo representativo
Existe una estrecha relación entre el desarrollo del populismo y la crisis del sistema representativo de gobierno sobre el cual se estructuraron las instituciones republicanas después de la Independencia. Por cuenta del mandato a los congresistas de la representación de los ciudadanos prosperaron en el siglo XX liderazgos populistas, entre caudillistas y mesiánicos, de Juan Domingo Perón (Argentina), Getúlio Vargas (Brasil), Lázaro Cárdenas (México), Velasco Ibarra (Ecuador) y lo habría hecho el de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, si no lo hubieran asesinado. El esquema representativo adoptó la forma presidencialista de gobierno nacido como una mala simbiosis entre el presidencialismo norteamericano del siglo XIX y los rezagos monárquicos de la Colonia. Aún hoy, los países latinoamericanos siguen siendo las más notables excepciones de los sistemas parlamentarios extendidos ampliamente por el mundo. En el siglo XIX, en plenos albores de la Independencia, la figura de la representatividad parlamentaria dominó parte considerable de los debates que llevaron al nacimiento de la Constitución de Cádiz (1812), que marcó el momento en el que estuvimos más cerca de crear una comunidad hispanoamericana parecida al Common Wealth.
Para Giovanni Sartori (1998), la crisis del modelo representativo tiene que ver con el surgimiento del directismo como forma de legitimar cambios constitucionales, a través de la apelación directa al pueblo mediante consultas, referendos y plebiscitos. A pesar de que algunos autores como Eduardo Posada Carbó sostienen que, desde la época de la Independencia, la vía representativa ha sido el principal motor del diseño y la construcción del sistema republicano de gobierno, es claro que otros objetivos, como el de la defensa de la soberanía, han prevalecido sobre otros idearios, como el de la representatividad democrática.
El lado más débil del sistema presidencialista es la inexistencia, dentro de su normatividad, de mecanismos expeditos para la solución de crisis que frecuentemente terminan en rupturas. La historia de la consolidación republicana de la región, a partir del restablecimiento de su democracia, ha sido, como bien lo explora Mauricio Jaramillo Jassir, el de las coaliciones espurias, los juicios políticos, los exilios forzados, las destituciones ilegítimas y, más recientemente, las guerras jurídicas (lawfare), a través de las cuales unos nuevos poderes fácticos regionales —grupos económicos, monopolios mediáticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, agencias calificadoras de riesgo, entre otros—, en ausencia de los partidos políticos o frente a su debilitamiento como voceros de cambio, están utilizando la justicia para estigmatizar y golpear a dirigentes progresistas de América Latina.
La estrategia consiste en estimular el papel mediático y protagónico de algunos jueces y fiscales (como en el caso emblemático del juez Sérgio Moro en Brasil) en la judicialización, aprovechando los nuevos sistemas acusatorios de justicia, situaciones que antes se resolvían en los escenarios políticos de la democracia. Han sido víctimas de este populismo judicial Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández y, recientemente, el propio Rafael Correa. Pasando por encima de las normas universales sobre el respeto al debido proceso, los responsables judiciales de estos casos han estigmatizado la imagen y comprometido la responsabilidad de estos dirigentes con el inocultable propósito de sacarlos del escenario político. Se trata de una forma de golpes de Estado judiciales que han llegado a prosperar contra Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia.
Si hubieran existido en los ordenamientos constitucionales de estos países alternativas institucionales para la solución de sus crisis políticas, como las que existen en los sistemas parlamentarios del mundo, no se habrían presentado formas disruptivas del orden constitucional para salir de ellas; entre estas alternativas se encuentran, por ejemplo, la anticipación de elecciones generales, el voto de censura al poder ejecutivo y la separación entre las responsabilidades y las obligaciones de Estado. Otras figuras, muy debatidas recientemente, como la posibilidad de la reelección presidencial indefinida, se estarían manejando, como se hace en los sistemas parlamentarios, mediante la reconfiguración de las bancadas de mayoría o de oposición en favor de la permanencia o el cambio de un partido o una coalición de estos al frente del Ejecutivo. Así se hizo para legitimar largos periodos de gobierno de presidentes como François Mitterrand (1981-1995) en Francia, Helmut Kohl (1982-1998) en Alemania y Felipe González (1982-1996) en España.
La ausencia de estos correctivos de los desequilibrios ocasionales del poder en las democracias parlamentarias es lo que explica y preocupa, con razón, las derivas autoritarias de algunos gobiernos latinoamericanos que, por cuenta de la concentración de poderes resultante de largos periodos presidenciales, sin la posibilidad refrendarlos de forma periódica, han terminado creando formas concentradas del poder ejecutivo que no se deben confundir con las dictaduras represivas ya mencionadas de los años sesenta y setenta. El cambio de los sistemas presidencialistas latinoamericanos de gobierno y su reemplazo por regímenes semiparlamentarios que, como sucede en la V República Francesa, distingan entre el poder presidencial, elegido por votación directa, y el poder parlamentario, por votación proporcional, es la más importante