• Las políticas sociales actuales generan nuevas formas de dependencia y de pobreza.
Lo anterior implica una ruptura entre el sentido de la acción pública, vista desde una lógica hegemónica bajo el concepto de desarrollo, y su operativización institucional, que se vive como ajena a las lógicas desde el territorio. Las políticas sociales desarrolladas son fundamentalmente de carácter sectorial y, en el mejor de los casos, son poblacionales. Ni uno ni otro enfoque responden de manera consistente en el territorio, donde cualquier forma de segmentación, clasificación o análisis es superada por la realidad, frente a la cual dichas categorizaciones y abordajes no pasan de ser artificiosas y se convierten, además, en obstáculos para la acción transformadora en clave territorial.
Conclusiones
La implementación es un proceso político de gran complejidad, que pone a prueba la capacidad institucional y política para generar consensos y mantenerlos frente a los procesos de transformación social.
Los procesos de implementación de políticas públicas han tenido una transformación importante en lo referente a la complejización del escenario institucional, en el cual la administración pública perdió el monopolio y dio paso a las redes institucionales de organismos multilaterales, sociales, civiles, comunitarias y de carácter privado, que entraron a desempeñar un papel importante. Esto implica que los procesos de implementación exigen repensar nuevas estrategias y mecanismos de coordinación y articulación institucional, que superen la visión vertical y de estructuras normativas que soportan la acción pública y reconozcan la lógica heterárquica de los procesos sociales como procesos de la vida.
El papel del régimen y del sistema político como marcos institucionales de la implementación ponen de presente su influencia, tanto en el orden organizacional como en las lógicas de gestión que lo determinan. De esta manera, las transformaciones políticas necesarias para la construcción de la paz en Colombia implican transformaciones en el régimen, que pasan necesariamente por una vuelta a la reflexión sobre los procesos de descentralización.
La implementación del Acuerdo de Paz implica superar los problemas de la acción pública vista desde el territorio. Estos tienen relación con una inconsistencia fundamental entre el marco institucional de la descentralización y la definición del municipio como eslabón central en la implementación de las acciones públicas, así como la brecha existente entre las pretensiones sociales y la acción del Estado –signada por su cierre a la participación– y las debilidades de la acción pública desarticulada, segmentada y reproductora de relaciones de dependencia.
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