Securitización y migraciones
La tendencia a considerar las migraciones como un reto a la seguridad nacional o la seguridad pública por los países de llegada de los inmigrantes parece haberse acentuado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de allí, la regulación de la migración se convirtió en una preocupación relevante de la seguridad nacional, con el propósito de prevenir el ingreso de terroristas extranjeros al país y neutralizar los grupos terroristas que utilizan las migraciones como una excusa para acceder a los países receptores de los inmigrantes y ejecutar sus planes violentos. Concretamente, esto se traduce en un cambio de actitud de los Estados de acogida frente a los inmigrantes, evidenciado en discursos que defienden la necesidad de cambiar las actitudes laxas y benevolentes por medidas migratorias más restrictivas. Este cambio de actitud hacia las migraciones se ha extendido en Estados Unidos y Europa, países tradicionales de acogida, en términos de una securitización del asunto migratorio, es decir, un conjunto de mecanismos discursivos y normativos que asumen las migraciones como un asunto de seguridad nacional.
En efecto, para entender el concepto de securitización y su implicación en el tema migratorio, es necesario partir del concepto mismo de seguridad. Para Charles David,
la seguridad puede ser comprendida como la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden poner en cuestión los valores centrales que desea promover o preservar una persona o una comunidad, y que conlleva un riesgo de utilización de la fuerza. (Charles David, citado por Alejo Vargas, 2002, p. 145)
Tradicionalmente, la reflexión sobre la seguridad tendió a concentrarse esencialmente en la seguridad de los Estados bajo el concepto de seguridad nacional, que
[…] se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “estado de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. Con la generalización del uso de esta categoría política, el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales. Una vez terminada la Guerra Fría, un cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno que podía ser cualquier persona. (Leal Buitrago, 2003, p. 74)
Así, cuando hablamos de la seguridad nacional hacemos referencia al proceso de construcción de amenazas –tanto internas como externas– que ponen en riesgo los valores esenciales de un Estado. En el caso de la migración irregular –en algunos casos también de la regular–, se percibe esta como un fenómeno que favorece actividades ilegales como la criminalidad transnacional, el narcotráfico y, después del 11 de septiembre, también el terrorismo. En este orden de ideas, Wæver define la securitización como
[…] un proceso discursivo y político, a partir del cual se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política, con el fin de tratar algo como una amenaza existencial a un objeto de referencia valorado, para así hacer un llamado urgente sobre medidas excepcionales para hacerle frente a las amenazas. (Brauch, 2009, p. 283)
Así, securitización se refiere a la inclusión de temas específicos, diferentes a los asuntos militares, dentro de las agendas de seguridad de los Estados. Se parte, entonces, de comprender el proceso de ampliación del concepto de seguridad tras la Guerra Fría: de un concepto cuyo objeto referente era el Estado-nación, se pasó a un concepto extendido y multidimensional de seguridad, lo que implica nuevas amenazas, vulnerabilidades y riesgos, que ya no surgen exclusivamente por parte de otras naciones, sino dentro de estas (actores sub-estatales como grupos étnicos, políticos o religiosos, mafias, criminales y narcotráfico) y más allá de estas (actores transnacionales como corporaciones, criminales y terroristas) (Brauch, 2009, p. 285).
Esta ampliación y redefinición del concepto de la seguridad tras la Guerra Fría afianza la idea de múltiples referentes de esta, desde el Estado hasta los grupos sociales y el individuo; además de incorporar temas no militares como el medio ambiente, las drogas ilícitas (ver figuras 1 y 2), la pobreza y, por supuesto, la migración.
FIGURA 1. Movimientos internacionales de drogas ilícitas (tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales). Fuente: González (21 de febrero de 2013).
FIGURA 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína. Fuente: RT (2015).
En términos generales, se entiende que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser capaz –sean los Estados o las sociedades– de mantener su independencia en lo que refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Barry Buzan, 1991, citado por Orozco Restrepo, 2006, p. 148).
En tal sentido, el concepto de seguridad se amplía para incluir casi cualquier problema que afecte la calidad de vida de la población y cuyo tratamiento trasciende las medidas policiales y militares. No obstante, como lo señala Ole Wæver (1995, citado por Tickner, 2008, pp. 4-5), estas nuevas concepciones de seguridad se nutren inevitablemente del registro conceptual existente en esta materia, con lo cual la seguridad, sin importar su definición específica, tiende a interpretarse por medio del lente de la seguridad nacional y sus esquemas estratégico-militares; por esta vía, asuntos como el migratorio son articulados dentro de las estrategias estatales de seguridad. Así, el concepto general de seguridad, pese a la multidimensionalidad que se le endosa –y las pretensiones conceptuales de la seguridad humana–, continúa enmarcado en el discurso de la seguridad nacional, con una fuerte ascendencia del pensamiento de Carl Schmitt, lo que implica un énfasis en la autoridad, la confrontación, la construcción de amenazas y enemigos, la capacidad para tomar decisiones y la adopción de medidas de emergencia policivo-militares (Buzan y Hansen, 2009, pp. 213-214).
La situación descrita es más evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando
[…] la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que fueron y son la base de dichos Estados. (Vargas, 2010, p. 19)
Sobre las relaciones civiles-militares, Vargas nos propone una útil clasificación en la que podemos situar las relaciones entre los inmigrantes y los cuerpos armados de los países receptores:
En una democracia las relaciones civiles-militares se expresan por lo menos en tres dimensiones: a) la relación entre las autoridades democráticamente electas y las instituciones militares y policiales –que debe estar caracterizada por la subordinación de estas a la autoridad civil–; b) la relación entre las fuerzas políticas legalmente existentes y la fuerza pública –que debe estar marcada por un trato respetuoso con la diversidad de expresiones políticas existentes en la sociedad–; y c) las relaciones entre la sociedad y la fuerza pública –que son las que definen los niveles de legitimidad o aceptación