Englehardt, G. y Gruber, J. (2004), “Social Security and the Evolution of Elderly Poverty”, NBER Working Paper No. 10466, May 2004.
Feldstein, M. (1995), “Behavioral responses to tax rates: evidence from TRA 86”, American Economic Review (Papers and Proceedings), vol. 85, N° 2, mayo.
Fernández y Herrera (2016), “Solidaridad Intergeneracional y provisión de apoyo social”, Capítulo 2 en este volumen.
Foner, E. y Garraty, J. A. (editores) (1991), The Reader’s Companion to American History, encyclopedia published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Co. New York.
Fuentes, R. (2013), “Evidencia para Chile”, capítulo 4.3 en Acuña R. (Coord.) Contribución del Sistema Privado de Pensiones al Desarrollo Económico de Latinoamérica, Sura Asset Management, Imprenta Salesianos, Santiago, p. 181-238.
Godoy, O. y Valdés-Prieto, S. (1997), “Democracy and Pensions in Chile: Experience with two systems”, Cap. 3 en (S. Valdés-Prieto, editor) The Economics of Pensions: Principles, Policies and International Experience, Cambridge University Press, p. 58-91.
Gill, I., Packard, T. y Yermo, J. (2005), “Evidence that Pension Reform Positively Affects Incentives”, Table 5.1 en Keeping the Promise of Social Security in Latin America, The World Bank, p. 102.
Gruber, J. (1997), “The incidence of payroll taxation: evidence from Chile”, Journal of Labor Economics, vol. 15, N° 3, Part 2, July, p. S72-S101.
Lee, R. (2014), “The demographic transition and the viability of pension systems”, presentación en conferencia CIEDESS, 18 noviembre 2014, Santiago, Chile.
Mesa-Lago, C. (1978), Social Security in Latin America: Pressure Groups, Stratification and Inequality, University of Pittsburgh Press.
Mesa-Lago, C. (1989), Ascent to Bankruptcy: Financing Social Security in Latin America, University of Pittsburgh Press.
Packard, T. (2001), “Is there a positive incentive effect from privatizing social security? A panel analysis of pension reform in Latin America”, Department of Economics, Oxford University, y Policy Research Working Paper 2719, World Bank, Washington, D.C.
Prat, Jorge (1962), “Informe Crítico”, Informe N°12 de la Comisión de Estudios de la Seguridad Social Chilena(Informe Prat), publicado en varios volúmenes entre 1959 y 1963, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 1341-1481.
Tsani, S., L. Parousos, C. Fragiadakis, I. Charalambidis y P. Capros (2012), “Female Labour Force Participation and Economic Development in Southern Mediterranean Countries: what scenarios for 2030?”, MEDPRO Technical Report No. 19/December 2012, European Union, www.ceps.eu
Valdés, Salvador (2002), Políticas y Mercados de Pensiones: Un texto Universitario para América Latina, Ediciones Universidad Católica, Santiago.
Valdés, S. (2014a), Presentación ante la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, República de Chile, 02 de julio 2014, disponible en www.comisionpensiones.cl
Valdés, S. (2014b), “Irrupción del Estado en la administración de pensiones: Controles para una AFP Estatal”, Working Paper No. 8 Clapes UC, October, www.clapesuc.cl
Van Rysselberhe, Cristián (2006), “Estimación y Proyección del Gasto en Subsidios de Pensión Mínima en el Sistema Antiguo de Pensiones Chileno: 2006-2025”. Tesis Magíster en Economía, IE-PUC. http://www.economia.puc.cl/TS
Wagner, G. (1983), “Estudio de la Reforma Previsional: Antiguo Sistema 1925-1980” vol. 2 y 3, estudio del Instituto de Economía para el Comité de Desarrollo Previsional, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
Wagner, G. (1991), “La seguridad social y el programa de pensión mínima garantizada”, Estudios de Economía 18, N° 1, Depto. de Economía Universidad de Chile, junio, p. 33-91.
3 Esta distinción entre estas dos dimensiones de la solidaridad intergeneracional (por fase de la vida versus de vida completa) está exagerada en el texto con el fin de clarificar conceptos. Cuando estos apoyos se analizan en conjunto, como parte como un intercambio bidireccional de favores, entonces estas dos dimensiones se conectan y pasan a estar integradas (Cigno, 2000).
4 Existe el mito de que la participación laboral femenina sube inexorablemente en el tiempo. La evidencia muestra que, por el contrario, la participación laboral de las mujeres chilenas fue 50% en 1854-1884, y que durante el desarrollo económico de fines del siglo XIX disminuyó, bajando a solo 25% para 1930. Si bien la participación laboral femenina volvió a subir mucho después, desde 1970, en el año 2000 todavía era solamente 40%, un valor bastante inferior al de 1854 (Cox, 2009, Gráfico 5 en p. 58). También debe tomarse en cuenta que las tasas de participación laboral femenina actuales en los países ricos de la OCDE son notoriamente diferentes entre sí. Los países que muestran una tasa de participación femenina similar a la chilena incluyen a Italia, Hungría, Bélgica y Corea del Sur.
5 Otras políticas dirigidas a la vejez cubren campos como salud (prestaciones directas, seguros y préstamos para financiar gastos en salud), programas de recreación, programas de transporte y movilidad, programas de vivienda, pensiones monetarias y otros.
6 En algunos países las autoridades suman objetivos adicionales, como promover el crecimiento económico y el mercado de capitales privado, o la redistribución del ingreso. Si bien son objetivos respetables, pueden ser impulsados por otras políticas, distintas de las políticas de pensiones. Lo mismo ocurre respecto al objetivo de igualar el ingreso: los impuestos personales son más efectivos para igualar ingresos (nivelando hacia abajo los ingresos altos). Con todo, siempre es necesario atender a los efectos colaterales de las políticas de pensiones sobre otros objetivos.
7 La “imprevisión” es un concepto que combina falencias como miopía y sesgos del comportamiento.
8 Que los proveedores de servicios sean empresas privadas (como las AFP o las C. S. de Vida) u organismos estatales (como el Instituto de Previsión Social, IPS) no incide en el carácter público del mandato ni en la propiedad privada del trabajador sobre los derechos a pensión. Por eso, no es correcto clasificar a las pensiones como “privadas” o “estatales” según el organismo que provee el servicio.
9 Los tres programas son la “pensión básica solidaria”, el “aporte previsional solidario” (APS) y el “subsidio de pensión mínima” para los afiliados al sistema antiguo (administrados por el IPS). El retiro del APS es gradual, a una tasa de solo 30%. Se llega al costo fiscal de 1,2% sumando 0,7% por la PBS y APS, a una estimación de los subsidios de pensión mínima del sistema antiguo, por 0,5%. Brasil parece ser el segundo país de América Latina que más gasta en pensiones no contributivas, pues su “pensión rural” cuesta 0,6% de su PIB.
10 Ver capítulo 6 en Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC. Si la fórmula indicara una pensión de monto único para todos sería equivalente a una pensión no contributiva financiada por un impuesto afectado sobre las remuneraciones cubiertas. Eso sería más regresivo e ineficiente que los impuestos generales, pues estos también gravan las rentas del capital y requieren una tasa más baja.
11 Ver capítulos 8, 9, 10 y 11 Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC.
12 Ver capítulos 12, 13 y 14 en Valdés, S. (2002) Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC.
13 El nombre “reparto” ha sido fuente de confusiones, pues hay autores que erróneamente lo