Sin embargo, antes de entrar en materia, consideramos que es necesario plantear la necesidad de dar el siguiente paso hacia los elementos de configuración de los conocimientos tradicionales agrícolas, pues la sola definición claramente se restringiría a su concepción, omitiendo su ámbito de aplicación. Es por ello por lo que planteamos como elementos configurativos del conocimiento tradicional ambiental los tres ejes sobre los que se sostienen los derechos del agricultor en el Convenio sobre Diversidad Biológica.
De acuerdo con el artículo 15 de este Convenio son, en primer lugar, la protección del conocimiento tradicional asociado; en segundo lugar, el derecho a una participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos; y por último, el derecho a participar en la toma de decisiones, a nivel nacional, en materias relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Estos serán los tres ejes o enfoques que nos ocuparán en el presente texto.
En cualquier caso, reconocer el tratamiento especial de los conocimientos tradicionales agrícolas será el primer paso para prestar una protección integral desde la propiedad intelectual a las colectividades que durante generaciones los han desarrollado, anteponiendo su cosmovisión e identidad a la mercantilización de las innovaciones (Vargas-Chaves, 2016). Con lo cual, solo de esta manera el vínculo que existe entre estos saberes, técnicas y costumbres con el territorio tendrá un lugar reservado en las agendas en materia de políticas públicas, junto con la materialización del principio de interculturalidad orientado desde este conjunto de saberes y técnicas.
2.2. Algunos avances y retrocesos en materia de políticas públicas
En materia de avances en políticas públicas, se destaca la implementación en Colombia del proyecto desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad en agroecosistemas colombianos, en el marco del Objetivo de Desarrollo del Milenio ODM-7 sobre el diseño de mecanismos para garantizar la sostenibilidad del ambiente.
En esta iniciativa se identificó la necesidad de diseñar propuestas para complementar las políticas actuales en materia de conocimientos tradicionales, a fin de promover la conservación de la diversidad biológica y cultural, así como de contrarrestar los denominados —por el propio proyecto— ‘incentivos perversos’, que motivan al sector privado a destruir la biodiversidad en lugar de conservarla. La importancia de esta política pública radica en su enfoque catalizador para garantizar la recuperación de la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria y la creación de beneficios económicos para los grupos étnicos; fomentar la innovación respecto a los usos y utilidad de las prácticas tradicionales en el manejo de estos sistemas, en este asunto a partir del estudio de casos y prácticas en las regiones del Chocó, Andina y Amazónica, y fortalecer las estructuras institucionales y de los procedimientos de gestión para difundir los conocimientos relevantes, entre otros objetivos (PNUD, 2010). Y es que además del cambio de comportamiento necesario por parte de la sociedad, principalmente del sector privado, los avances en materia de políticas públicas se deben enfocar en la creación de incentivos y normas de apoyo sobre conocimientos tradicionales agrícolas o, lo que es lo mismo, en el diseño de ejes estratégicos normativos para salvaguardar los valores y prácticas tradicionales que al mismo tiempo promueven la conservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía alimentaria de las comunidades que los desarrollan.
Tabla 1. Relación comunidades-beneficiarios-sitios piloto para la recuperación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad
| Sitios piloto para la recuperación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad | Organizaciones comunitarias | Familias participantes (beneficiarios directos) | |
| Garagoa, Boyacá | Corporación Mamapacha Comunidades campesinas | 35 | |
| Nuquí, Chocó | Asociación de Consejos Comunitarios General “Los Riscales” pueblos afros | 29 | |
| Cabildo Mayor Indígena de la Zona Costa Pacífica “Camizcop” | 36 | ||
| La Cocha, corregimiento El Encano, municipio de Pasto, Nariño | Asociación campesina “Asoyarcocha” | 29 | |
| Resguardo indígena Quillasinga “Refugio del Sol” | 30 | ||
| Túquerres, Nariño | Asociación de Mujeres Indígenas Warmikuna Tekalacre “Warmikunas” | 16 | |
| Tarapacá corregimiento Departamental del Amazonas | Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá - Resguardo Indígena Cothué Putumayo (Cimtar) | 62 | |
| Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales de Tarapacá - Amazonas (Asoaintam) | 11 | ||
| Asociación de Mujeres Comunitarias de Tarapacá (Asmucotar) | 18 | ||
| Total | 9 | 266 |
Fuente: PNUD (2010).
Con base en lo anterior se formuló la propuesta de la Política pública pluricultural de protección de los sistemas de conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, que contó con la participación de grupos étnicos y comunidades campesinas provenientes de seis sitios piloto, según se detalla en la tabla 1. 266 familias participaron en la elaboración de este primer mapa de caracterización del conocimiento tradicional agrícola en Colombia, como insumo para el diseño de estrategias para la recuperación de semillas, variedades silvestres, ceremonias, prácticas y usos. En definitiva, es una iniciativa a destacar, no solo por su rol integrador de la diversidad agrícola y el conocimiento tradicional en Colombia, sino por su vocación como solución para el fortalecimiento de la capacidad local —principalmente de los tomadores de decisiones, las comunidades y organizaciones— en el manejo del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad.
Por otra parte, en cuanto a retrocesos en este sentido, de forma aunada a los viejos conflictos asociados al uso y la tenencia de la tierra, se evidencian políticas públicas traducidas en normas que ponen riesgo los conocimientos tradicionales agrícolas y la soberanía alimentaria de las comunidades que se abastecen de dichos conocimientos. Es el caso de la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) derogada y reemplazada por la Resolución 3168 de 2015 de la misma entidad, cuyo ámbito de aplicación ha impedido a estas comunidades que, como parte de sus