En adición a los efectos negativos de las políticas neoliberales de la liberalización comercial y la desregulación financiera, la tercera política pública fundamental neoliberal (la privatización) también puede generar problemas. Se ha estudiado de qué modo la privatización y la desregulación no necesariamente generan empresas privadas competitivas, sino más bien monopolios privados menos eficientes que las públicas.78
Esto pasa sobre todo con la privatización en los sectores que los economistas llaman ‘monopolios naturales’. Un monopolio natural es cuando no hay competencia para una determinada empresa porque los costos para entrar en su sector son tan altos que desaniman a cualquier entrante nuevo. Por ejemplo, con la construcción de un metro, cuando una empresa ya ha invertido las sumas siderales necesarias para crear una red con túneles, rieles y estaciones, sería imposible para otra empresa crear una red nueva para competirle.
El costo marginal (el de atraer un pasajero más, con un nuevo asiento en un nuevo vagón) es muy menor en comparación con el costo fijo (el de construir la red de túneles al inicio). Así, la empresa de metro prexistente posee una ventaja insuperable, pudiendo responder al aumento de demanda de pasajeros simplemente comprando más vagones y ampliando estaciones, sin la necesidad que tiene una empresa potencialmente competidora de primero construir una nueva red entera.
La dificultad no radica solamente en la falta de espacio en una ciudad para dos infraestructuras masivas de esa índole, sino además en la ineficiencia de tener dos redes de túneles que no se conectan. Con una red de metro, todos los usuarios tienen que financiar esos túneles y estaciones, pero con dos esos mismos usuarios tendrían que financiar ambas. Así, es mucho más eficiente (mucho más barato) ampliar una sola red grande para trasladar a un mayor número de pasajeros que construir dos (lo que los economistas llaman grandes ‘economías de escala’). Por eso el metro es un ejemplo clásico de un ‘monopolio natural’ en el que la empresa propietaria no enfrenta competencia, razón por la cual no existe ninguna ciudad en el mundo donde haya dos sistemas de metro que compitan.
Si un gobierno democrático es propietario de un monopolio natural como el metro, puede regular su precio financiando el mantenimiento y la expansión del sistema, pero también asegurando un servicio con una tarifa razonable (so pena de perder popularidad y, por ende, elecciones). Sin embargo, si una empresa privada es propietaria de un monopolio natural, no enfrenta la amenaza de perder clientes en beneficio de un competidor ni de perder elecciones. En consecuencia, va a cobrar precios más altos que los que pondría el Estado, haciéndole la vida más cara a los ciudadanos con menores recursos para pagar estos costos de pasaje más alto.
El caso del metro de Santiago, cuyo aumento en el precio del pasaje gatilló el estallido social, es ilustrativo acá. En 1989 el metro se transformó en una sociedad anónima. En vez de estar bajo el control del Ministerio de Obras Públicas funciona como una empresa privada, cuyo dueño es el Estado. Las tarifas del metro no son determinadas por el gobierno sino por un “panel de expertos”, creado a través del Decreto 140 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este panel, de tres ingenieros de la Universidad Católica, fue el que decidió el alza del pasaje, en gran parte para financiar la construcción de las líneas 3 y 6.
Detrás de esta decisión está la ideología neoliberal, que aboga por un Estado mínimo y así busca que la empresa Metro autofinancie la mayor parte posible de las nuevas líneas. Como el metro es monopolio natural, su desarrollo tiene un costo inicial muy grande, lo que hace muy difícil extender el servicio sin recursos extras del Estado.79 El subsidio estatal (que en este momento cubre solo 44% de los costos del sistema) es insuficiente, porque el metro es mucho más que un servicio privado. Su llegada efectivamente crea comunidades –lo que los académicos llaman ‘economías de aglomeración’–, donde las tiendas y otros lugares de trabajo se benefician de estar todos juntos y cerca de puntos de transporte. La red de calles también tiene este efecto (a través de la circulación de autos y buses), pero el metro lo hace con menor contaminación y congestión. Así, la plusvalía de la tierra sube cuando una estación de metro está cerca y toda la comunidad se beneficia de su uso.80 La ideología del autofinanciamiento ignora esta realidad.
Puesto que hay una lista larga de beneficiados, no debe ser el pasajero el que cargue con toda la responsabilidad de financiar el metro, sino que el Estado debe participar (usando, por supuesto, los impuestos que pagan las empresas beneficiadas). Pero esto es precisamente lo que no ocurre en Chile. Los efectos nocivos de la decisión neoliberal de tratar el metro como empresa privada (casi privatizada) están a la vista.
Pero los efectos negativos de la lógica privatizadora son evidentes en muchas más esferas de la sociedad chilena, además del metro. De hecho, fueron tantas las empresas públicas vendidas a finales de la dictadura, y por precios absurdamente bajos, que el Estado de Chile terminó más pobre. Según cálculos de Mario Marcel (actual presidente del Banco Central), “todos los métodos aplicados indican la existencia de considerables pérdidas fiscales en la privatización de las empresas públicas entre 1986 y 1987 […] Se llega a una transferencia total que fluctúa entre un 27% y un 69% del valor estimado de los activos transados en ambos años”.81 En dólares de 2010 esto sería una regalía fiscal a la elite empresarial de entre US$285 millones y US$1,6 mil millones (según método usado). Marcel sugiere que el monto más fiable sería un 44% del valor total, unos US$627 millones –recursos de todos los chilenos que fueron entregados a un pequeño grupo de gerentes.
Pero la mayor pérdida de las privatizaciones chilenas no se produjo por los bajos precios al momento de la venta de empresas públicas, sino por los altos precios que cobran las empresas privadas cuando operan en sectores monopólicos. La privatización de la educación superior (ver sección 3D.1) ha resultado en un sistema en el que estudiar es muy caro (por lo tanto los trabajos mejor pagados, que exigen altas calificaciones, solo son accesibles para familias que pueden costear carreras exclusivas). La privatización de la salud ha dejado un sistema tan caro que las familias más pobres, y también aquellas de clase media, tienen mucho menos acceso a los servicios médicos, además de peores indicadores de salud.82
Sin embargo, el ejemplo más claro de cómo un sector monopolizado privado puede cobrar altos precios, perjudicando con ello a la sociedad, ocurre en el sector cuprífero. Puesto que la oferta mundial de cobre es limitada, la competencia entre empresas de cobre también lo es. Así, los propietarios de subsuelos con altas leyes de cobre reciben más dinero, independientemente de sus inversiones y esfuerzos (lo que los economistas llaman la renta ricardiana –un monto extra, por sobre la ganancia normal de una empresa competitiva). La existencia de estas rentas adicionales empujó a la nacionalización del cobre en 1971 con el apoyo de la derecha y el centro.
Sin embargo, luego del golpe militar, los neoliberales abogaban por la reprivatización del cobre, lo que lograron paulatinamente con la menor participación de la estatal en el sector y la mayor participación de la Gran Minería Privada (GMP). Hoy en día, la producción de Codelco solo explica un 31% de la producción chilena y la GMP un 57%.83 Se ha calculado que la renta de estas empresas (o sea, sus ganancias excesivas, por encima de la rentabilidad que recibirían por sus esfuerzos e inversiones en un sector competitivo) asciende a US$120 mil millones para el periodo 2005-2014. Esto “que equivale a 45% del PIB de Chile […] o un flujo anual promedio de largo plazo de US$12 [mil millones], correspondientes al 5,4% del PIB y casi un cuarto del gasto público”.84 La focalización del gasto social a los más pobres en Chile, con baja calidad de servicios sociales y gran copago privado, está íntimamente relacionada con esta merma en los ingresos potenciales del Estado.
Es importante recalcar que este dinero extra que el Estado no capturó no es un incentivo a la inversión privada, necesario para atraer a las empresas privadas a hacer proyectos de exploración y extracción de cobre. El cálculo de las rentas explícitamente contabiliza el premio para asegurar que las empresas inviertan. Este es el retorno de capital que exige el sector financiero, más un monto extra por las bajas probabilidades de éxito de los proyectos de exploración,