Si se quiere responder en serio, va a ser necesario hacer un par de distinciones.
Más arriba he reconocido que esta crisis ha puesto de manifiesto que existe un sector de la izquierda al que le cuesta mucho la condena clara y directa de los actos de violencia política y vandalismo. Sin duda, el partido más ambiguo y acomplejado ha sido el Partido Comunista.
Muchas pueden ser las explicaciones para esta ambivalencia. Se advierte un temor a aparecer traicionando al movimiento social o a “hacerle el juego” al gobierno o a la derecha.
Yo me sumo a la indignación de muchas y muchos frente a las conductas represivas de aquellos policías que han violado gravemente los derechos humanos de tantas personas. Comprendo los esfuerzos por descifrar las causas sociales profundas que pueden estar detrás de algunos de los comportamientos anómicos. Rechazo, también, la aproximación de quienes tratan como delincuencia o criminalidad todas las formas de protesta social y rebeldía.
Lo que no comparto, sin embargo, es la tendencia de algunos a pensar que, en razón de estas consideraciones (violaciones a los derechos humanos, causas sociales o criminalización de la protesta), los juicios sobre la quema de iglesias, el saqueo de un hotel, la destrucción del transporte público o el ataque armado a una comisaria deban ser timoratos, condescendientes o pusilánimes, llenos de “peros” y “sin embargos”.
Ahora bien, la dificultad anotada aqueja a una parte, minoritaria, de la izquierda. La inmensa mayoría de los dirigentes políticos de la oposición han sido clarísimos en denunciar y rechazar la violencia, ya sea que se trate del ataque a la sede de la UDI, el bloqueo de caminos con “el que baila pasa” o la destrucción de locales comerciales.
Creo imposible en el espacio de este capítulo recoger el conjunto de declaraciones opositoras contra la violencia. Son muchas. Además de las declaraciones de las directivas partidarias y los parlamentarios, han proliferado las cartas de personalidades socialistas, democratacristianas, radicales y exconcertacionistas en general, condenando la violencia. Me llama la atención que, desde una parte de la derecha, se sigan exigiendo pruebas de buena conducta a pacifistas de toda una vida y que, una vez entregadas dichas prendas, se pidan más y más. Y que una vez entregadas –por enésima vez–, se diga, de todas maneras, y en forma de grosera generalización, que los partidarios del Apruebo son cómplices de la violencia.
Se me dirá que las declaraciones genéricas no prueban demasiado. Puede ser. Por eso, creo útil referirme a la cantidad de veces que una parte importante de la oposición ha concurrido con sus votos en el Parlamento a la aprobación de reformas que tendrían por objeto un mejor control de la violencia. Me refiero concretamente a la aprobación, en ambas cámaras, de la ley “antisaqueos” y a la aprobación en el Senado de la reforma sobre resguardo militar de instalaciones críticas y de la llamada ley “antiencapuchados”. Ninguno de estos proyectos hubiera sido aprobado si no fuera porque una parte significativa de la oposición los votó favorablemente. Me sorprende que esto se minimice. No es cosa poca, me parece, tratándose de opositores a un gobierno con apenas un 10% de aprobación. Pero, claro, esto no se reconoce en la campaña del Rechazo: parece más cómodo decir que la oposición, la izquierda y el Apruebo están a favor de la violencia.
Una última reflexión sobre el tema de la violencia y el plebiscito.
Me preocupa que haya quienes contribuyan, “sin querer queriendo”, a que los pequeños grupos que queman, destruyen y amedrentan sean, en definitiva, quienes definan la agenda de Chile. Y que sean las cosas terribles que hagan esas minorías extremas las que determinen, a su vez, lo que debamos hacer el conjunto de chilenas y chilenos. Yo sé que no es la intención de las personas que han estado reaccionando políticamente en función de las brutalidades que hacen los grupúsculos violentos, pero no puedo dejar de sentir que, al dejarse pautear, arriesgan terminar siendo rehenes de esos mismos extremistas.
Los anarquistas que tratan de destruir el Hotel O’Higgins en Viña del Mar o los vándalos que queman librerías o museos no quieren que las grandes mayorías resolvamos pacíficamente nuestras diferencias. No les interesa que lleguemos a un gran acuerdo, por los 2/3, para tener una Constitución que sea Casa de Todos y Todas. Con sus actos, quieren agudizar las contradicciones. ¿Será una buena idea que nuestro rechazo a esas conductas termine siendo el principal argumento para rechazar también, como si fuera consecuencia o corolario de lo anterior, la posibilidad de un esfuerzo ciudadano para un nuevo pacto social? Al transformar a los violentistas en el leit motiv y la razón de ser de nuestra acción, ¿no les estaremos regalando una victoria que no merecen?
Se me ocurren muchas maneras de expresar repudio ante el vandalismo. Y de trabajar en serio para que sea controlado y castigado. No alcanzo a percibir, sin embargo, cuál sería el nexo lógico entre rechazar la idea de una Nueva Constitución y avanzar en la consecución de esos muy necesarios y urgentes propósitos.
El sabotaje a la PSU, llevado adelante, y solo parcialmente logrado, por un grupo muy pequeño de secundarios tan convencidos de su propia verdad que no les importó violentar los derechos y anhelos de decenas de miles de otros jóvenes, produjo explicable molestia en muchísimas familias. En los días siguientes a este episodio, escuché a más de alguien decir que esa había sido la gota que había colmado su paciencia y que, si no éramos capaces como país de garantizar el derecho a un test de selección a cien mil estudiantes, no tenía ningún sentido seguir adelante con un proceso constituyente. El peligro de un razonamiento de ese tipo es que le entrega a cualquier grupo que tenga el nivel de fanatismo de los militantes de la ACES un inmenso poder de veto sobre lo que, como país, estamos dispuestos a intentar.
¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, a un grupo de extremistas, de uno u otro lado, se le ocurriera, diez días antes del plebiscito, realizar un atentado con el resultado de pérdida de vidas humanas? ¿Tendríamos las chilenas y chilenos pacíficos, la inmensa mayoría del país, que cambiar, acaso, nuestro voto, de Apruebo a Rechazo o de Rechazo a Apruebo, para “responderle” a los violentistas?
Uno esperaría que, con el paso de los años y la experiencia obtenida, los moderados fueran, en este terreno, ganando en lucidez y fortaleza. Para algunas personas, sin embargo, pareciera que pasa todo lo contrario. En la medida que envejecen se van volviendo más pesimistas sobre la posibilidad de encausar los procesos. Pasan demasiado rápido del sentido de responsabilidad al pánico. Queda voluntad para condenar a “los locos”, pero poquita energía para proponer y defender los caminos políticos cuerdos. A veces me parece estar viendo y escuchando al veterano teniente Murtaugh quejarse: “I’m getting too old for this shit”.41
En lo que a mí respecta, me parece que debiera ser exactamente al revés. Y si a los 21 años de edad no dejé que la presión de los extremos de los años ochenta (la dictadura de Pinochet por un lado y el plan de alzamiento armado del Frente Manuel Rodríguez por el otro) me dictara el curso de acción que yo debía apoyar, menos voy a abdicar de mi capacidad de juicio propio ahora, treinta años después y con 30 kilos más, dejándome poner en la posición de ser un mero comentarista o “rechazador” de las barbaridades que hagan los anarcos, los narcos, el lumpen o los hooligans criollos.
La aventuras de la “hoja en blanco”
Escuchando o leyendo a los partidarios del Rechazo uno de los conceptos que más se repite, una y otra vez, es el de la “hoja en blanco”. Ante el hecho de que algunos partidarios de la Convención Constituyente han señalado que ella, la Convención, tomaría sus decisiones con “una hoja en blanco”, estos críticos plantean lo inconveniente y peligroso de un ejercicio de estas características.
Para los partidarios del Rechazo, pero también para algunos que todavía no han decidido su voto, la noción misma de “hoja en blanco”, entendida como sinónimo de partir de cero, revelaría que muchos de los partidarios de la Nueva Constitución estarían movidos por un ánimo refundacional y que, en consecuencia, de ganar la alternativa del Apruebo en abril de 2020, existiría una muy alta probabilidad que, de ahí en adelante, la Convención constituyente elegida en octubre de 2020 haga tabla rasa de todas las cosas buenas que tiene el orden constitucional actual, niegue o desconozca la historia chilena y que, con total irresponsabilidad,