Ya lo he señalado en este libro un par de veces. Me parece muy claro que las condiciones políticas de Chile en 2020 son especialmente complejas y que la violencia política ha llegado a niveles no vistos en los últimos treinta años. Es decir, en cuanto problemas para la convivencia, parece sensato sostener que los actuales problemas son más graves que las dificultades que pudieron existir en 1995, 2010 o 2015.
No hay duda de que el actual es un momento difícil para hacer cualquier cosa. En ese sentido, yo no puedo dejar de lamentar la miopía que tuvimos –como país– al no haber aprovechado el proceso constituyente que propuso la presidenta Bachelet a fines de 2015. Gozábamos, entonces, de bastante tranquilidad en las calles y, aun cuando el crecimiento no era espectacular (2,3% en 2015 y 1,6% el 2016), había inversión y el desempleo estaba bajo el 7%. No deja de ser irónico que muchos de los que hoy esgrimen el argumento de la oportunidad para no trabajar por una Nueva Constitución, son los mismos que el 2015 y el 2016 se opusieron férreamente al proceso.36
Ahora bien, y concedido que las condiciones son complejas, ¿se sigue de lo anterior, sin embargo, que no debamos optar por la alternativa de encargar a una Convención, sea mixta o 100% ciudadana, la elaboración de un proyecto de Nueva Constitución?
Yo asumo que las personas que creen que la intolerancia ambiente y la acción de grupos violentos vuelve imposible o muy inconveniente instalar una Convención para estudiar un proyecto de Nueva Constitución, aceptan, en todo caso, que se lleve a cabo el plebiscito de abril.37 Yo supongo que aceptan, también, que elijamos alcaldes, concejales y gobernadores regionales en octubre de este año. Yo entiendo, en fin, que comparten que el próximo año 2021 elijamos un nuevo(a) Presidente(a) de la República. Si vamos a tener esos actos electorales, si podemos tener esos actos electorales, ¿por qué razón no podríamos tener una elección de convencionales?
Me imagino que algún contradictor podría replicar a este razonamiento planteando que lo que se juega cuando se decide sobre una Nueva Constitución es de muchísima más entidad y proyección histórica que lo que se resuelve cuando elegimos alcaldes, diputados o presidentes por cuatro años. En este sentido, Andrés Allamand ha dicho: “Lo que sucederá en 2020 y 2021 tiene a lo menos la misma gravedad de lo que vivimos en los años 72 y 73, y en menor medida en el año 1988 y 1989”. Según él, Chile se juega “su destino en estos dos años y uno tiene la obligación de actuar de acuerdo a sus convicciones”.38
Si por “gravedad” el senador Allamand está hablando de importancia o trascendencia, yo tiendo a estar de acuerdo con él. Si ha usado la palabra “gravedad” para sugerir que vivimos en Chile una crisis o una coyuntura tanto o más peligrosa como la que vivíamos en 1972/3 o en 1988/89, yo me permito discrepar. Por graves que sean las acciones de anarquistas y vándalos en 2020 –que lo son–, ellas no nos ponen en situación de virtual o posible guerra civil, como sí nos encontrábamos a mediados de 1973 o en 1988. El “combo” MIR, Patria y Libertad, CIA, Cuba, desabastecimiento e inflación del 500% es bastante más complejo que todo lo que puedan hacer la Primera Línea, la ACES de Víctor Chanfreau, y otros. El “mix” de Pinochet, violación sistemática de los derechos humanos, CNI, exiliados, Frente Manuel Rodríguez (con arsenal de Carrizal Bajo), 50% de pobreza, etc., siempre será más terrible, y temible, que la crisis que enfrentamos hoy. Repito: no me interesa minusvalorar los graves problemas del presente, pero creo que hay que tratar de evitar que el entusiasmo retórico nos lleve a pintar paisajes apocalípticos que no corresponden.
El problema, entonces, no puede ser el hecho de tener una papeleta más en octubre de 2020. Y como yo espero que sean muy pocos los que piensen que nuestras complejas circunstancias políticas justifican o ameritan la suspensión indefinida del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, tendremos como país que hacer todos los esfuerzos para que los actos electorales que correspondan se realicen en condiciones básicas de libertad y tranquilidad. Y si hay alguien que cree que, dado los niveles de violencia que estamos viendo, ya no podemos seguir dándonos “el lujo” de tener elecciones y debate ciudadano (o sea, que necesitamos una dictadura que “ponga orden”), bueno, pues, que lo diga con todas sus letras y no se ande con rodeos. Ni se esconda detrás del Rechazo.
Siempre prefiero pensar bien, así que voy a asumir que el rechazo por malas condiciones ambiente no insinúa ni sugiere que por algún tiempo ya no podemos tener más elecciones, sino que se preocupa, más bien, por lo que podría pasar después de las elecciones. Se ha planteado, en efecto, que las actuales circunstancias de clima político harán muy difícil que cualquier Convención lleve adelante una deliberación razonada y libre de amenazas.
Quienquiera que haya seguido el debate político en nuestro Congreso Nacional, y en la esfera pública en general, habrá tomado nota de múltiples episodios de violencia verbal y algunos, incluso, de violencia física. Los insultos en las galerías, las funas en las calles, las fake news y las tormentas de tuits y memes odiosos son, por supuesto, fenómenos que afectan la calidad del debate político. Aquí en Chile. Y en todo el mundo. Y si lo afectaron en 2018 y 2019, es altamente probable que lo seguirán haciendo en los próximos años.
¿Es que se piensa que los potenciales convencionales, ciudadanos venidos del amateurismo político, se van a cohibir o asustar más fácil que nuestros curtidos y veteranos parlamentarios? ¿O van ser, como promedio, más agresivos que Pamela Jiles o Ignacio Urrutia? ¿Es que alguien cree que, radicada la discusión constitucional en el Congreso, como postula el “Rechazar para reformar”, todos los parlamentarios van a actuar como puros Cicerones eruditos y que, además, no van a seguir experimentando presiones de distinto tipo (algunas legítimas y otras ilegítimas)?
Estos no son tiempos para los que tienen miedo a las pifias. Ni en la política, ni en el Estadio ni en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y siempre existirán los que estén dispuestos a decir lo que sea, aunque signifique abjurar de su historia y sus convicciones, con tal de ganar unos pocos aplausos. Y habrá también de los otros, aquellos que dicen lo que piensan, aunque no sea popular. Nuestro Parlamento tiene de ambos tipos. Nuestros medios de comunicación y Universidades, también. De nosotros, los ciudadanos, depende que a la Convención constitucional lleguen más de unos que de otros. No me parecería justo que los partidarios del Rechazo intentaran apropiarse en exclusiva de esta preocupación ni que pretendieran que el camino institucional que postulan es el único que promueve mejores condiciones de deliberación.
Es importante pensar en reformas que propendan a un mejor debate ciudadano. Y así como en el pasado reciente fueron valiosas las reformas constitucionales y legales que buscaron eliminar la influencia potencialmente corruptora del dinero en las campañas y en la discusión legislativa (¡ese factor sí que afectó la deliberación razonaba y libre de presiones!), la verdad es que no veo de qué manera, y bajo que peculiar lógica, el voto Rechazo se identifica, per se, con una agenda para una mejor política democrática.
En fin, tratemos de entender un poco más. ¿Cuál sería la explicación de personas de derecha que a fines de noviembre de 2019 declaraban estar a favor del voto Apruebo para que, unas semanas después, a principios de enero de 2020, se manifiesten por el Rechazo?39
Todos tenemos, por supuesto, un derecho natural a cambiar de opinión, ya sea porque sentimos que han cambiado las circunstancias de hecho que explicaban una primera posición o porque hemos tenido ocasión de reflexionar con más calma sobre un asunto. Como alguien que ha cambiado de opinión más de alguna vez, no seré yo quien condene per se los virajes.
Ahora bien, del hecho que uno respete el derecho a cambiar de opinión, no se sigue que uno no pueda someter a análisis crítico las razones que se ofrecen para justificar un vuelco.
El principal argumento esgrimido por quienes señalan haber mutado del Apruebo al Rechazo dice relación con el fenómeno de la violencia. Por un lado, se afirma que la persistencia de un clima de intolerancia y vandalismo vuelve imposible una deliberación sensata
como la que requiere un proceso constituyente y, por otra parte, se reprocha a la izquierda y a la centroizquierda haberse radicalizado (p.e., por no condenar la violencia con claridad o por acusar constitucionalmente al ministro Chadwick y al presidente