Las intervenciones urbanísticas puestas en marcha a lo largo de los siglos XX y XXI en Bogotá se han dirigido a normar y regular la ocupación del territorio, el crecimiento de la ciudad y el acceso al suelo, mediante la incorporación de categorías como, por ejemplo, de suelo urbano, suelo rural y conservación; sin embargo, han ido construyendo un habitus que mantiene y reproduce sus propias características duales (formal-informal), el cual, a pesar de algunos logros, es funcional al sistema socioeconómico extractivo, excluyente, segregacionista, depredador de la naturaleza, corrupto y clientelista colombiano; las sinergias entre estas lógicas de actuación de la gubernamentalidad y las dinámicas sociales han conspirado para generar fuertes presiones sobre la expansión urbana no planificada (Aprile, 1992; Aunta-Peña, 2009; Pécaut, 2001; Torres-Tovar, 2005, 2007).
A continuación, se profundizará en la noción de gubernamentalidad como tecnología de poder y en el papel que desempeña, ya sea para prevenir el conflicto, transformarlo o elevar los rasgos de intratabilidad al involucrar, a través de sus dispositivos jurídicos y de seguridad, nuevos actores, normas, competencias y funciones.
La intratabilidad y las prácticas de la gubernamentalidad
La noción de gubernamentalidad formulada por Michel Foucault fue definida y redefinida durante sus clases dictadas en el Collège de France entre 1978 y 1979.39 Según este autor, este concepto remite al
conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. (Foucault, 1999, p. 195, citado por Castro-Gómez, 2010, p. 61)
Como tecnología de poder, la gubernamentalidad emergió en Europa entre los siglos XVII y XVIII, fruto de la transformación de las concepciones sobre cómo gobernar el territorio: los preceptos, las percepciones, los fines, los objetos y los actores de gobierno necesarios para producir riqueza. Responde a las preguntas: ¿por qué medios?, ¿a quiénes? y, principalmente, ¿para qué gobernar? (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 1989, 2006). De acuerdo con Quijano (2000), la gubernamentalidad actúa como dispositivo del capitalismo y la colonialidad, funcional a la idea de gobierno y a la razón de Estado, la ratio guvernatoria, que atraviesa la tríada colonialidad-capitalismomodernidad, en la medida en que los cambios en la racionalidad de gobierno y de creación de riqueza para el Estado sentaron las bases y condiciones de posibilidad para la acumulación y la producción capitalista moderna basada en la colonialidad.
El Estado como “peripecia” de la gubernamentalidad debe, desde una lógica de Estado, soberana, liberal o neoliberal, regular las relaciones entre la población y los recursos del territorio, por lo cual, mediante sus mecanismos jurídicos, policivos, disciplinarios y de seguridad, conforma unidades administrativas de gobierno, fija límites, regula la entrada y la salida de personas, bienes y recursos, impone normas de comercio y control social y aplica sanciones y penas, entre otras funciones dirigidas a la utilización óptima de los recursos y el mantenimiento y mejoramiento de las riquezas de la nación. Desde su lógica, se debe propender por un uso “eficiente” de todos los recursos.
La población y los recursos, desde la lógica de la razón de Estado, deben ser utilizados como “una máquina” para producir riquezas, mercancías, bienes e incluso un tipo particular de sujetos: sanos, calificados y dóciles. No obstante, ella no actúa de la misma manera en el grueso de las sociedades. En las sociedades poscoloniales los aparatos estatales cuentan con fuertes limitaciones para actuar eficazmente bajo estos principios. Sus dispositivos de poder entrelazan distintas lógicas que, por estar enraizadas en un origen colonial, incorporan en sus dispositivos de gobierno tecnologías soberanas y pastorales que privilegian el control del territorio, con el fin de extraer recursos, apropiarse de los bienes, riquezas y, eventualmente, la vida de los sujetos, así como también lógicas de Estado, liberales y neoliberales (Castro-Gómez, 2010; Acemoglu y Robinson, 2012).
Estos acoplamientos en las lógicas de los dispositivos de gobierno en el Sur han conformado un habitus cimentado no solo en un escaso respeto por la vida de los “lugareños, locales o nativos”, sino también en la imposición de saberes, disciplinas y lógicas que propician la emergencia de conflictos. Como anotaba Azar, la mayoría de los Estados donde se manifiestan los conflictos intratables tienden a caracterizarse “por su incompetencia, parroquial fragilidad, gobierno autoritario e incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos”, a lo que se adiciona el uso de métodos represivos para manejar el conflicto, la poca capacidad del sistema político, la ausencia de participación y la tradición burocrática, centralizada y jerárquica, heredada de las administraciones coloniales (Azar, 1990, p. 10).
Por otra parte, Putnam y Wondolleck, en relación con los conflictos ambientales intratables, señalan que las instituciones de gobierno tienden a emprender luchas de poder entre ellas que complican la situación, el paso del tiempo hace que se unan al conflicto gran número de partes involucradas que adhieren nuevas disputas de distintas dimensiones y magnitudes a las iniciales. Otro rasgo que identificaron fue la presencia de numerosos instrumentos, protocolos y procedimientos para tratarlos, los cuales, por lo general, son confusos, burocráticos y discrecionales, así que terminan por hacer la situación aún más compleja porque generan caos y desconocimiento (Putnam y Wondolleck, 2003, p. 49).
A lo anterior hay que añadir que estas características de debilidad de los mecanismos jurídicos, policivos y de seguridad, y la descoordinación e incapacidad de comando y control empeoran en los bordes y periferias, lugares que brindan a distintos agentes la oportunidad de acceder a varios tipos de recursos, en particular a recursos naturales, dado que la presencia y las intervenciones de los mecanismos de policía de la gubernamentalidad son casi inexistentes.
La intratabilidad, el territorio y los bordes
La discusión académica en torno al territorio es bastante larga y compleja y se ha abordado desde distintas disciplinas. Para la geografía, el concepto de territorio está asociado a otro con quizás igual o mayor complejidad: el de espacio (Mançano, 2009). La biología y la ecología lo han relacionado con el concepto de hábitat, el cual es muy útil para el análisis del nivel micro en el caso de estudio: San Isidro Patios.40
En este sentido, las aproximaciones desde la antropología y la etnografía se concentran en describir y delimitar en un espacio las interrelaciones e interacciones de grupos sociales particulares. De acuerdo con Schneider (2009, pp. 69-73), son tres los principales paradigmas elucubrados en torno a la noción de territorio.
El primero, de origen marxista, define el territorio a partir de la interacción humana/espacial, los espacios son creados por las formas de uso; son, por lo tanto, construidos, transformados, delimitados, apropiados y, en consecuencia, dominados. Esta perspectiva enfatiza el papel que cumple la producción capitalista y la asignación para la producción de las personas y recursos en la configuración territorial. En este mismo sentido, para Lefebvre el territorio “es la materialización de la existencia humana” (Lefebvre, 1991, p. 102).
El origen de esta noción de territorio se traza hasta la ideología alemana, que nos habla de “otra naturaleza”, la naturaleza construida por el hombre, antropomorfizada, de acuerdo con los planes concebidos para ella en función del papel que le ha asignado el hombre en los procesos de producción y reproducción (Haesbaert, 2004, 2011). El espacio se agencia-gestiona para devenir territorio, es producido por el hombre y es resultado de las relaciones de poder; esta perspectiva es la raíz de la noción de gubernamentalidad de Foucault, presentada en la sección anterior, que evidencia las claras conexiones entre dicha noción y las de territorio y borde.
El segundo paradigma, que emergió de las ciencias sociales, en particular de la fenomenología y la ontología, se concentra en los componentes, los recursos inmateriales del territorio, la dimensión cultural y simbólica de los espacios, las configuraciones sociales situadas en un lugar determinado, la construcción de identidades, valores, afectos y pertenencias, pues