La conservación, las vías para hacerla realidad y cumplir con los acuerdos internacionales han probado ser fuentes de numerosos conflictos de distintas magnitudes. En particular de conflictos derivados de las formas como las comunidades se han adaptado a los ecosistemas que habitan y cómo han agenciado sus recursos, enfrentadas a modelos de gestión y conservación estandarizados por lógicas, saberes y prácticas eurocéntricas dirigidos a conservarlos, pero que no atienden su cosmovisión y modos de vida.32
Estas prácticas serán fuente recurrente de conflictos, e incluso se han documentado casos de “desplazamiento verde”, al reasentar contra su voluntad a grupos humanos fuera de sus territorios ancestrales33 para garantizar la conservación de los ecosistemas que irónicamente habían mantenido y habitado (véase Agrawal y Redford, 2009; Arsel y Büscher, 2012; Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Maldonado, 2005; McCarthy y Prudham, 2004).
En el caso colombiano, en la jerga institucional, los territorios ancestrales de las comunidades étnicas (resguardos indígenas y numerosos territorios de comunidades negras) se “traslapan” con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, diseñado por expertos sin tener en cuenta a las comunidades que los habitan. Irónicamente, los dispositivos de poder y disciplinas de gestión puestas en marcha en los parques naturales han tenido como consecuencia la erosión de las territorialidades de estos grupos y han generado enormes vacíos de poder que, desde entonces, han propiciado su depredación y despojo por parte de actores externos bajo la mirada cómplice y la inoperancia de la gubernamentalidad (Correa, D., 2006, 2010; Ulloa, 2001, 2004, 2007).
La dupla neoliberalismo y desarrollo sostenible agudiza la intratabilidad
En la década de los ochenta, la respuesta de académicos de izquierda y de derecha, de las ONG, así como de entidades financieras multilaterales respecto al papel del Estado en la planificación del desarrollo, apuntaron a la necesidad de desmontarlo, al etiquetarlo como caduco, endeudado, derrochador e ineficiente. La escuela de Chicago y el nobel de economía de 1976, Milton Friedman, postularon la necesidad de confiar al mercado y a la iniciativa privada no solo el desarrollo, sino también la provisión de bienestar social y la gestión de los recursos naturales y su conservación. En consecuencia, la lógica de actuación por parte de los mecanismos de la gubernamentalidad cambió. A comienzos de los ochenta, el discurso del desarrollo alternativo, del ambientalismo y la conservación sufrieron una mutación epistemológica con el fin de ser progresivamente resignificados de manera funcional a la racionalidad neoliberal, bajo la forma de desarrollo sostenible, legitimado en la Cumbre de Río por los actores de poder globales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales agencias de cooperación para el desarrollo e, incluso, por una amplia gama de ONG.
El discurso, si bien invitaba a los países del Sur a apartarse del camino seguido por el Norte y no cometer los mismos errores que tantas crisis y catástrofes ambientales habían generado,34 consideraba a los recursos naturales como importantes, dado su papel estratégico para el desarrollo en función de los servicios que presta a la sociedad, lo cual no significaba en ningún momento alterar los patrones de crecimiento económico, consumo y uso de los recursos naturales, ni tampoco transformar efectivamente la concepción del “desarrollo” (O’Brien, 1995).
El paradigma del desarrollo sostenible como discurso de verdad permitió articular los procesos políticos locales a los nuevos consensos económicos globales, que requerían el desmonte gradual del Estado interventor; abrir las economías nacionales a los mercados internacionales; estabilizar las principales variables macroeconómicas, y el control de los déficits presupuestales y de la inflación como condiciones básicas para atraer la inversión extranjera, al tiempo que exigía a los Gobiernos flexibilizar los regímenes laborales (los cuales habían sido ganados con tantos esfuerzos y mártires desde comienzos del siglo XX), con el fin de “elevar la competitividad productiva” y propiciar un flujo de intercambios comerciales que, hasta apenas una década atrás, habrían sido impensables bajo la lógica fordista del proteccionismo y el modelo de sustitución de importaciones, heredero de los mecanismos de seguridad como la biopolítica.
Los países del Sur, en los años siguientes a la Conferencia de Río de Janeiro, transformaron su aparato institucional, crearon ministerios de Medio Ambiente y trataron de seguir los mandatos de la Agenda 21 (O’Brien, 1995).
La adopción incondicional, por parte de los Gobiernos, del discurso del desarrollo sostenible generó las condiciones que posibilitaron la creación de un nuevo campo de expansión del capitalismo globalizado. Los parques naturales y áreas protegidas naturales creados en los setenta y “sus bienes y servicios”, con la globalización y el proceso de apertura de los mercados, podían y debían integrarse al capital y al desarrollo económico (Agrawal y Redford, 2009).
El “patrimonio natural” de los países del Sur se constituía en una plataforma estratégica para el desarrollo. Programas como Debt for Nature, Sumideros de Carbono y Pagos por Servicios Ambientales reconocían los recursos naturales de los países del Sur como prestadores de servicios globales valiosos, pero, más importante quizás, los monetizaba y vinculaba inexorablemente a los circuitos financieros globales (Büscher, Sullivan, Neves, Igoe y Brockington, 2012; Corson, 2010; Planeación, 1998).
El dispositivo de mercado, bajo los saberes de la economía ambiental, se encaminó a orientar la gestión de la naturaleza; surgieron los lemas: “Think globally, act locally” y “El que contamina paga”, entre muchos otros. Los bloques de poder simbólico habían logrado producir el discurso del desarrollo sostenible y la conservación, de este modo se impusieron el uso de instrumentos capitalistas para gestionar la naturaleza y ciertos saberes y disciplinas para administrarlos, los cuales, con sus prácticas, darán curso en adelante a un sinnúmero de conflictos de distintas magnitudes y características. La naturaleza debe ser en adelante transada como mercancía en un portafolio de recursos productivos en los recién abiertos mercados internacionales para la inversión extranjera (Büscher et al., 2012; Shiva, 1992; Sullivan, 2013).
A fin de cuentas, el discurso y las prácticas del desarrollo sostenible, que, en principio, desempeñarían un papel importante en la prevención de los conflictos por recursos naturales, dada su ambigüedad y sesgo neoliberal, se convirtió en fuente de conflictos, incluso algunos autores han señalado que es precisamente su uso amañado lo que ha convertido al discurso del desarrollo sostenible en una fuente de conflicto (Sneddon et al., 2002).
En el mejor de los escenarios, la noción de desarrollo sostenible contemplaba una aproximación preventiva al conflicto, en la medida en que establecería criterios e instrumentos de distintos tipos, en particular desde la gestión ambiental, para evitar su formación mediante la prevención o mitigación de los impactos negativos de las actividades extractivas, productivas y reproductivas de los seres humanos; pero, irónicamente, al mantener su adhesión al papel de la naturaleza y los recursos naturales en el mantenimiento de un indefinido crecimiento económico, se transforma en un significante vacío.
Los efectos del ajuste sobre un contexto proclive a la intratabilidad
La agudización del recrudecimiento de la pobreza, el deterioro de los recursos naturales, el aumento en el número y la magnitud de los conflictos por recursos naturales tienen una relación directa con los cambios en las lógicas de gobierno y sus mecanismos de seguridad, policía y jurídicos. En primer lugar, la apertura económica de los países ha facilitado la entrada, con grandes beneficios para el gran capital en cabeza de transnacionales, multinacionales y grandes conglomerados económicos, en particular los conglomerados dedicados al negocio minero-energético, que han desempeñado un papel importante para incidir en la orientación de las iniciativas de desarrollo hacia la reprimarización de las economías del Sur.
Relacionado con lo anterior, en Latinoamérica se han reportado graves procesos de desindustrialización que han desencadenado una fuerte pérdida de empleo formal, el cual también ha disminuido por cuenta de otras medidas de ajuste implementadas, como el desmonte del Estado y la disminución del empleo estatal, es decir, la transformación de los antiguos mecanismos de seguridad de la población. Más aún,