También se apunta el carlista Rupert Lladó Oller, dependiente de comercio y fundador del Sindicato Libre, que promete aportar hombres y armas. Seguramente ha sido contactado por Palau, ya que Lladó vivía en Sant Feliu de Llobregat, municipio en el que trabaja Palau. Además, se movilizan algunos militares retirados. Los ibéricos quedan a la espera de órdenes.
Jaime Fort marcha a Madrid con un maletín cargado de pistolas ametralladoras que han conseguido en Barcelona. Las armas las ha suministrado un subcabo del Somatén que además se ha encargado de falsificar las guías. Según Palau, tres de las cinco pistolas del maletín eran suyas.
El día 5 de abril se confirma desde Valencia que todo está listo. Lahoz envía a la ciudad del Turia a un pistolero con dinero y el maletín con armas que ha traído Fort de Barcelona, pero a su llegada a Valencia nadie le espera, no puede contactar con los desplazados anteriormente; parece que se han rajado. Al día siguiente regresa a Madrid. Se frustra el atentado. La orden de salir a las calles no llegó nunca a Barcelona.
Los implicados esconden el maletín. No desisten. El día 12, en el Teatro Español está previsto el estreno de La Corona, obra de Manuel Azaña, y se piensa que también asistirá Alcalá-Zamora. Es un buen momento para intentarlo de nuevo. Se avisa a Barcelona. Llegan a la capital Basilio Bel y otro pistolero, el joven murciano José Ruiz Mateos. Puede que también Juan Pladevila y José Ferrer Grau, otro hombre de acción que había sido secretario del Sindicato Libre Profesional de Albañiles y Peones. El día 12 se reúnen con Miguel Lahoz en la plaza Santa Ana, cerca del teatro, pero se sienten vigilados y se retiran. Efectivamente la policía les sigue los pasos desde hace días. Esa noche detiene a Lahoz. En los días siguientes se producen más arrestos y registros. Se descubre el maletín con las armas. Algunos de los detenidos confiesan, otros amenazan con hacerlo si no reciben el dinero prometido. Las investigaciones llegan a Barcelona. Se detiene al pistolero Juan Pladevila y a algunos de los implicados en la adquisición de las armas. Días después son arrestados Basilio Bel y José Ferrer. Según la prensa, «en el complot intervenían cerca de diez pistoleros y se disponía de unas doscientas pistolas».13
A pesar de este fracaso, las conspiraciones continuaron. Había otra más importante en marcha. El 9 de agosto de 1932 el comandante de Ingenieros César Gimeno Suñer, gentilhombre de Su Majestad, que en su día había sido responsable de la Unión Patriótica en Barcelona y presidente del Grupo Alfonso, avisa a José Catalá de Bezzi, bien relacionado con los alfonsinos, para que los ibéricos se concentren esa noche. Así lo hacen, se reúnen en el Mirza, junto con algunos monárquicos, pero la llamada que esperan no llega. Parece que no llega para nadie en Barcelona.
NI REPERCUSIÓN, NI AMBIENTE: LA SANJURJADA EN BARCELONA14
La madrugada del 10 de agosto de 1932 estalla un movimiento militar. Es un intento de golpe de Estado. Es un absoluto fracaso. Solo en Madrid, Sevilla y Jerez tiene alguna repercusión. El golpe era un secreto a voces. A fines de julio ya se había detenido a algunos conspicuos conspiradores como los generales Emilio Barrera, Luis Orgaz y otros. A principios de agosto se había registrado la sede del PNE y de la revista Acción Española en Madrid y se había detenido a medio centenar de albiñanistas y carlistas, a los que se les habían confiscado armas.
En Barcelona, ya el día 7 de julio se había detenido al conde de Valdellano, presidente del Círculo Tradicionalista, y a Estanislao Rico en la imprenta de El Correo Catalán. Según informaba el jefe de la Policía «tuvo noticias de que por parte de determinados elementos se intentaba provocar una algarada» y añadió «que parecía se habían comprometido elementos de derecha y otros, quizá por aquello de que muchas veces los extremos se tocan». Además, los Mossos hicieron un despliegue extra en la plaza de la República, antigua de Sant Jaume, porque «habían tenido confidencias de que un grupo extremista se proponía hacer una manifestación contraria a la Generalidad». Se hablaba de una fantasiosa conspiración carlista-faista. El Gobierno sabía que algo se tramaba, pero daba palos de ciego.
El día 10 amaneció tranquilo en Barcelona. La Vanguardia informa que «La sedición no ha tenido en Barcelona repercusión ni ambiente. La ciudad hizo su vida normal, en un ambiente de expectación, pero a la par de serenidad y calma». En los cuarteles barceloneses hay calma total. El gobernador civil decreta la suspensión de El Correo Catalán y Reacción y anuncia detenciones, aunque descarta ramificaciones del movimiento en Barcelona. Por la tarde, una manifestación de adhesión al régimen republicano recorre las Ramblas. A la noche la Guardia de Asalto ha de cargar contra los manifestantes que tratan de asaltar el Círculo Tradicionalista del paseo de Gracia.
Esa misma tarde han empezado las detenciones. La Brigada Social realiza batidas en medios alfonsinos y carlistas. También son arrestados algunos militares retirados. Entre los que ingresan en el calabozo hay algunos clásicos del mundo ultra barcelonés, como René Llanas de Niubó, a quien encuentran un fusil, y el comandante retirado Carlos López Manduley, líder del ilegal PNE. Las detenciones siguen en los días siguientes.
No iba desencaminada la policía. La derivación barcelonesa del intento de golpe estaba dirigida por Jesús María de Iraola, al que ya hemos visto conspirando con los ibéricos, y formaban parte de esta «López Manduley [...], un hijo del general Despujol, Justo Sanjurjo, hijo del general del mismo nombre, y Sánchez Cañete, [...] el cual estaba designado para el cargo de gobernador civil de esta provincia y Julio de Lasarte Pesina [Pessino], quien habría de ser jefe de Policía y el cual murió la víspera», además de René Llanas de Niubó, que es quien lo explica. Seguramente no iba mucho más allá de este grupillo, aunque las detenciones se extendieron.
El día 20 es detenido José María Poblador, director de Reacción, a la vez que el Ministerio de Gobernación suspendía la publicación del semanario y lo multaba. Se le considera cómplice del «movimiento sedicioso». Junto a él es detenido otro periodista, José María Roura Guillamet, director de Defensa Patronal, carlista y antiguo militante de los Sindicatos Libres. Además, se ordena la clausura de la Peña Ibérica, que en realidad no tenía sede, la Peña Blanca y todos los círculos tradicionalistas de Barcelona.
Algunos de los arrestados salieron pronto a la calle, pero otros pasaron meses en prisión, detenidos a disposición del ministro de Gobernación. Fue el caso de Poblador. Ello a pesar de que intercedieron por él sus compañeros del Sindicato Profesional de Periodistas y los carlistas, que el día 29 piden al gobernador civil que autorice la reapertura de los círculos tradicionalistas clausurados y que ponga en libertad a Poblador y a Llanas de Niubó, que también seguía encerrado. Nada consiguieron.
Aunque fueron objeto de represión, los carlistas barceloneses no habían participado en el complot. El carlismo barcelonés tuvo contactos con la trama. Miquel Junyent, jefe regional, se había entrevistado con alfonsinos llegados de Madrid, pero el carlismo catalán recelaba, pues veían que el final previsto del golpe hubiera sido una república de corte autoritario o la restauración en el trono de la dinastía «usurpadora». Además, no les pillaba en buen momento, con parte de sus líderes desde julio en prisión y sumidos en una profunda crisis interna, con un crecido sector españolista, crítico con la dirección de Junyent y proclive a entenderse con los alfonsinos no solo en lo electoral, sino también para conspirar contra la República. Este clima enrarecido había hecho que la Junta Regional aplazara la asamblea prevista en Barcelona por miedo a la división.
La Generalitat no levantaría la clausura a los círculos carlistas hasta octubre. Ese mismo mes, el día 7, ponía en libertad a Poblador, aunque Reacción no sería autorizada a reaparecer hasta noviembre. También en octubre, el día 31, se levantó la clausura de la Peña Blanca. Con cierto cinismo, su presidente, Manuel Valdés, afirmaba que desconocían el motivo de la clausura y que les extrañaba porque la entidad nunca «se había salido de su espíritu de fomentar los estudios sociales