Por último, la integración del mercado financiero local y del mercado financiero mundial, desde la reforma financiera de 1977, y el aumento de los flujos de IED mundial otorgaron un rol cada vez más importante a los flujos internacionales de capital en el ciclo económico. Ello ha tenido como resultado: 1) el aumento de la fuga de capitales (que impacta negativamente en la cuenta capital), del pago de intereses y de la remisión de utilidades al exterior (que impactan negativamente en la cuenta corriente); 2) el ingreso de IED, de flujos de capital especulativo y el recurso al endeudamiento externo, que permiten financiar los desequilibrios durante los períodos expansivos pero agudizan las crisis de balanza de pagos debido a la salida de capitales especulativos, la reducción abrupta de la IED y la interrupción también abrupta del crédito externo, y 3) el sometimiento del ciclo expansivo local a la volatilidad de los mercados financieros internacionales y a los cambios, muchas veces también bruscos, de las decisiones de inversión de empresas cuyas estrategias de acumulación son internacionalizadas. Ello ha tenido el efecto de aumentar la variabilidad de los ciclos.
Estas transformaciones en la dinámica de los ciclos económicos tuvo una consecuencia de enorme importancia para nuestro problema: la “estructura dual” del capitalismo argentino de posguerra tendió a posibilitar mejoras en los niveles de empleo, salario, distribución del ingreso y movilidad social en las fases expansivas, al tiempo que el ciclo stop and go impedía su continuidad más allá de cortos períodos; la “estructura dual” del capitalismo argentino posterior a 1976 pone límites restrictivos a la mejora de esos indicadores (pisos altos de empleo informal, desempleo y pobreza, límites estrechos al aumento del salario real) durante las fases expansivas y tiende a crear fenómenos de empobrecimiento masivo (absoluto y relativo) de obreros y sectores populares durante las fases de crisis.
De la disciplina del mercado a la indisciplina popular
Decíamos antes que entre 1976 y 1989 se desarrolló una larga fase transicional caracterizada por intentos de avanzar en la reestructuración del capital con resultados parciales. Sin embargo, esas dos fechas señalan también la derrota en dos pasos de la clase obrera, que permitió imponer el neoliberalismo en Argentina: el genocidio producido por la dictadura militar y la hiperinflación. Si el primero aniquiló las posiciones ofensivas de la clase obrera, la segunda desorganizó sus posiciones defensivas. Pero aquí nos interesa destacar en qué medida las transformaciones enunciadas en los dos apartados anteriores jugaron un papel determinante en la salida política a la crisis hiperinflacionaria y en los límites a la estabilización política posterior.
En las condiciones del capitalismo de posguerra, la capacidad de veto de la alianza defensiva daba lugar a crisis caracterizadas por la devaluación, la recesión y un nuevo despegue. Pero en las nuevas condiciones creadas por la internacionalización productiva del capital, el bloqueo de la clase obrera a la reestructuración da lugar a la profundización de la crisis. En 1989 ello significó el fracaso de la estrategia defensiva liderada por el movimiento obrero; el bloqueo a la reestructuración equivalía a la defensa de la separación relativa del espacio nacional de valor respecto de la acción de la ley del valor a escala mundial. En la medida que lo que estaba en juego desde 1975 era la abolición de las condiciones de esa separación, el éxito en el bloqueo solo podía traducirse en un espiral de devaluación e inflación. La hiperinflación, un proceso acelerado de crisis del dinero, significó —en una sociedad cuyas relaciones se establecen por medio del intercambio— la disolución de las relaciones sociales. La contracara del fracaso estratégico y consiguiente desorganización política de la alianza defensiva fue la unidad del conjunto del capital en torno al programa neoliberal que en la misma medida que progresaba el proceso de crisis ganaba potencialidad hegemónica (Piva, 2012b; Bonnet, 2008). La articulación de esa estrategia de redefinición de la relación entre Estado y acumulación corrió por cuenta del peronismo, que encontró, también, de ese modo la salida a su propia crisis. El bloque político peronista, en descomposición desde 1975, se rearticuló como portador de un proyecto neoliberal de Estado; es más, el peronismo se transformó en un aparato de mediación política, cuya reproducción dependía de su vínculo con el Estado, que era capaz de interiorizar el conjunto de las contradicciones sociales y de funcionar como partido del orden. Poseía para ello tres condiciones: la incorporación de los sindicatos en el bloque político, un extendido aparato de control territorial y una vasta base de apoyo social fundada en la adhesión popular a la identidad peronista.
Sin embargo, la confusión entre interés particular del capital e interés general de la sociedad no podía durar demasiado. El núcleo de la estrategia neoliberal era la desorganización y desmovilización obrera como condición de una ofensiva contra los salarios y las condiciones de trabajo. La dominación política neoliberal se articuló, por lo tanto, a través de un consenso negativo, construido en torno al miedo al caos hiperinflacionario y sobre la base de la fragmentación estructural de la clase obrera, producto de la heterogeneización de la industria, y del rápido crecimiento de la informalidad laboral y el desempleo, que debilitaron las capacidades estructurales para la acción colectiva de los trabajadores. La apertura comercial, el tipo de cambio fijo, la desregulación de los mercados y las privatizaciones configuraron un dispositivo de disciplinamiento, vía mercado, que transformaba la presión competitiva sobre el Estado para atraer y fijar capitales en coerción de la competencia sobre personas y empresas.
La crisis de la convertibilidad fue la crisis de ese dispositivo. El proceso de movilización social que se inició entre 1996 y 1997 (irrupción de los cortes de ruta y los movimientos de desocupados, movilización de las clases medias, creciente fractura del movimiento sindical) tendió a la generalización y nacionalización, a diferencia de las resistencias durante el primer gobierno menemista que podían ser aisladas y neutralizadas. Desde fines de 1998, cuando los desequilibrios generados durante la fase expansiva del ciclo se combinaron con el estallido de sucesivas crisis en toda la periferia, se abrió una fase depresiva que se extendería hasta fines de 2002. El eje de la crisis fue la contradicción entre las necesidades de valorización del capital, que empujaban en el marco del dispositivo neoliberal a un ajuste deflacionario, y las necesidades de legitimación, en un contexto de movilización por un conjunto de demandas políticamente improcesables. El problema de fondo, y que eclosionó en la insurrección popular de diciembre de 2001, fue el fracaso tendencial de los mecanismos de desmovilización e individualización vía mercado. Fue nuevamente el peronismo el que pudo articular una estrategia de recomposición del Estado y la acumulación, esta vez como portador de un proyecto de Estado neopopulista.
Pero la reconstitución neopopulista de la dominación política a partir de 2003 puso de manifiesto los límites que enfrentaban los procesos de incorporación política de demandas populares. A poco de andar el gobierno enfrentó las contradicciones entre los límites que imponía el modo de acumulación y la estrategia de reconstrucción del consenso. El primero se basaba en la exportación de commodities industriales y agroindustriales —sometidas a fuertes oscilaciones de precios—, una industria heterogénea y dependiente de las importaciones, con los sectores más dinámicos del capital transnacionalizados tanto en su propiedad como en sus estrategias de acumulación, un comportamiento inversor reticente y, su contracara, la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior. La estrategia de reconstrucción del consenso se basaba en