Haciendo un balance de lo ocurrido, desde el punto de vista de la gobernabilidad, la reacción de la sociedad cubana a la enfermedad del mandatario y a la transferencia del mando fue de una sorprendente tranquilidad, por lo que el cambio de gobernante no fue acompañado de turbulencias o cismas que pusieran en riesgo el control y la autoridad. Sin mayores sobresaltos (y recalcando la continuidad de su liderazgo con el proyecto de la revolución socialista y la figura de Fidel Castro), el traspaso provisional se legitimó y se tornó definitivo en 2008 cuando Raúl Castro fue nombrado Presidente del Consejo de Estado y de Ministros por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A partir de ese momento, el nuevo gobernante sustituyó a algunas de las figuras principales del gabinete de su antecesor y abrió paso a la cúpula del gobierno a algunos militares de alto rango; eliminó planes centralizados (creados y promovidos por Fidel Castro), como los de la “Batalla de Ideas” (cuyos diversos programas fueron transferidos a los organismos inversionistas del Estado y sus dirigentes cesados de sus cargos), y emprendió la reorganización del aparato estatal, el impulso al perfeccionamiento empresarial (inspirado en la experiencia estimulada por él en las Fuerzas Armadas), el llamado al debate crítico y la lucha contra la corrupción y la indisciplina laboral.
La estrategia económica del sucesor comienza a tomar forma en 2008 con una convocatoria a discutir en torno a las formas de propiedad, y la adopción de algunas medidas económicas como la entrega de tierras en usufructo, la reforma de las pensiones, la autorización a que los cubanos accedieran a los hoteles, compraran celulares y equipos de cómputo, y la reducción de algunos servicios sociales. Esta estrategia fue refrendada en los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” (La Habana: VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 2010) (una propuesta de “actualización del modelo” sin abandonar el socialismo), antesala del VI Congreso del PCC. El documento fue discutido en asambleas de las organizaciones de masas, y sus planteamientos se recogieron en la versión aprobada en el Congreso (2011). La nueva estrategia instruía: priorizar el crecimiento económico, aumentar la descentralización estatal, ampliar las formas de propiedad no estatal (y estimular el “cuentapropismo”),[4] transformar la producción agropecuaria, eliminar “gratuidades indebidas”, y racionalizar subsidios y seguridad social.
En el primer capítulo de este libro, Carmelo Mesa-Lago analiza pormenorizadamente las diversas medidas económicas y evalúa sus efectos macro y micro. Según su propuesta, las nuevas disposiciones de la “actualización económica” pueden clasificarse en cambios administrativos, reformas no estructurales y reformas estructurales. Estas últimas son las que constituyen el cuerpo de la reforma de Raúl y abarcan desde la eliminación de prohibiciones (acceso a hoteles, compra de celulares, etc.); la revisión de mecanismos de relación entre productores privados y el Estado; modificaciones en los sistemas salarial y de pensiones, hasta cambios mayores en la distribución de la tierra, el empleo, el comercio y la propiedad.
Para Mesa-Lago, las reformas estructurales orientadas al mercado son generalmente positivas y constituyen la estrategia de cambio más importante que ha tomado el Estado desde 1959. A pesar de ello, existen obstáculos y trabas que atemperan sus necesarios efectos; en este sentido, a lo largo de su texto, el autor analiza con detalle las diversas reformas estructurales con sus avances y obstáculos, subrayando el rezago que muestran respecto de las chino-vietnamitas. Ya que los modelos reformistas de China y Vietnam[5] constituyen el paradigma más conocido de transformaciones exitosas en economías centralizadas de corte comunista (semejantes a Cuba), esta evaluación de las reformas no sólo profundiza en las peculiaridades del caso cubano sino que permite entenderlas en una clave comparativa que enriquece la explicación.
Aunque la gran mayoría de las nuevas disposiciones incumben a la esfera económica, también la reforma ha incluido algunas modificaciones en otros ámbitos. En el capítulo 2, Armando Chaguaceda y Marie Laure Geoffray discuten en profundidad sobre las transformaciones del modelo político, subrayando tanto el alcance como los límites de los cambios y señalando su relación con los procesos sucesorios del grupo dirigente y su compromiso con la consolidación de un modelo de gobernabilidad estadocéntrico. Entre las innovaciones analizadas se encuentran: a) “la decisión de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales principales” (Raúl Castro, en el discurso de clausura de la Primera Conferencia del PCC, 29 de enero de 2012), a cuyo efecto se promoverían los cambios necesarios (constitucionales y de los Estatutos del Partido); y b) la reorganización territorial (2012), que modifica la división político-administrativa con la creación de dos nuevas provincias (la división de La Habana en Artemisa y Mayabeque).
La otra innovación no económica de importancia se produjo en el ámbito migratorio. En julio de 2011, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente Raúl Castro anunció que el gobierno, consciente de los cambios ocurridos en la comunidad emigrada y como una contribución al incremento de vínculos entre la nación y su emigración,[6] estaba trabajando en la “actualización de la política migratoria vigente”. Esta intención se concretó con la publicación del Decreto Ley del Consejo de Estado que modifica la Ley de Migración y otras normas complementarias (octubre de 2012), cuya entrada en vigor ocurrió en enero de 2013.
La nueva legislación migratoria constituye un paso de avance en cuanto a las libertades individuales ya que elimina el Permiso de Salida para los viajes al exterior y la Carta de Invitación, lo que concede a los cubanos, por primera vez en medio siglo, salir de su país sin otro requisito que la presentación de un pasaporte (por lo que abarata costos y reduce el control y las restricciones); también deroga la confiscación de bienes, autoriza los viajes de menores de edad, aumenta el tiempo de permanencia en el exterior, y flexibiliza las condiciones para la entrada de los cubanos residentes en el exterior (aumenta el tiempo de permanencia en Cuba y establece la posibilidad de que los emigrados soliciten autorización para volver a residir en Cuba).[7] Estas nuevas condiciones legales de la migración colocan a la comunidad residente en el exterior en una posición diferente tanto respecto a su interlocución con el gobierno cubano como a su posición en el diferendo de larga data que enfrenta a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. A este peculiar efecto de la “actualización del modelo” dedica su reflexión Haroldo Dilla, en su capítulo dedicado a los usos políticos de la migración cubana.
La importancia de esta ley dentro del modelo de “actualización del socialismo” no puede comprenderse cabalmente sin tener en cuenta su sinergia con las medidas económicas y el contexto general de la migración en el mundo actual, donde prevalece una tendencia de los Estados expulsores no sólo a la inclusión sino a la creación de incentivos para potenciar las contribuciones de sus migrantes a las economías domésticas. En este sentido, la expansión del sector privado que impulsa la reforma económica, abre una brecha para la entrada de la iniciativa y la participación de la diáspora en el nuevo sector empresarial.
Aunque el balance de los cambios efectuados hasta ahora apunta a un sesgo a favor de transformaciones económicas sin grandes cambios en el modelo político, es evidente que a pesar de la ausencia de un proceso de cambio político y de la irrevocabilidad constitucional del socialismo, los impactos sociales de las diversas medias económicas están suscitando una reconfiguración de la sociedad cubana cuya naturaleza puede tener consecuencias políticas. En el capítulo 4 de este libro, discuto extensamente los cambios en la estructura social en relación con la expansión del sector no estatal y el auge de formas de propiedad no estatal; las disparidades de consumo e ingresos que están generando no sólo un aumento de la desigualdad y la pobreza sino el surgimiento de grupos sociales diferenciados (algunos de los cuales viven sus vidas al margen del sistema); así como los nuevos principios de relación entre sociedad y Estado.
De este análisis puede concluirse que los retos principales que ha de asumir el gobierno en el futuro cercano se encuentran localizados en el ámbito de la sociedad. De ellos, el más importante dimana de la desconexión entre la continuidad del modelo político y sus fundamentos de legitimación y la nueva realidad de una sociedad diversa, reestratificada y reinstituida simbólicamente. Ya que la principal fuente de apoyo de que ha gozado el régimen ha resultado de una redistribución igualitaria que hoy se está