Por último, hay un tercer grupo de Estados que ha asumido una perspectiva cosmopolita, a partir del reconocimiento de que el Estado actúa en un complejo conglomerado de relaciones políticas en el que interactúan viejos y nuevos actores que, gracias al desarrollo tecnológico, ha posibilitado la maximización de flujos de bienes, capitales e información, por lo cual ven en la globalización una oportunidad para fomentar un orden cosmopolita que beneficie la totalidad del sistema ante la premisa de que todos, en mayor o menor medida, están expuestos a crisis comunes, como lo evidenció la crisis financiera de 2007.25
Ahora bien, frente a la atribución de la crisis del Estado nación a la globalización, hay otros que señalan que si bien este fenómeno ha contribuido decisivamente a su agudización, de tiempo atrás ya se venían presentando fisuras y debilidades de esa forma de organización política de las sociedades, que cuestionaban si la soberanía territorial y la afiliación lingüística o cultural con una identidad nacional son las mejores proveedoras del bienestar social y económico y de la representación política.
En ese sentido, no sería solo la globalización la que habría causado el debilitamiento del Estado nación, sino también, y especialmente, sus propias contradicciones, caracterizadas como crisis y dilución de la matriz de la nacionalidad, que propiciaron la emergencia de actores locales que, dentro de los propios Estados, se han ido formando paralelamente a la globalización, sea como un movimiento complementario, sea como un movimiento de resistencia, que han puesto en tela de juicio la superioridad estatal.26
En esa medida, también hay una fuerza desarticuladora del Estado nación en los cambios en los niveles regional y local, expresados en la fragmentación de antiguos Estados nacionales, los movimientos separatistas, el avance de los procesos de descentralización política a escala prácticamente mundial y el surgimiento de nuevas formas de gobierno y organización institucional ancladas en lo local.27
En la práctica, los actores y los gobiernos locales, apuntalados precisamente en los retos que la globalización plantea a los Estados nacionales, han venido adquiriendo cada vez más influencia en el conjunto del sistema, dada su mejor capacidad de respuesta, por la flexibilidad y adaptabilidad que les confiere su mayor proximidad con respecto a la población y el hecho de operar en una escala más reducida.28
En ese contexto, las ciudades29 han emergido como verdaderos poderes locales con los cuales los Estados nacionales deben compartir sus decisiones, de manera que ya no son solo las grandes empresas trasnacionales, sino también los poderes locales los que están poniendo en tela de juicio la capacidad centralizadora del Estado nación, de tal modo que la acción conjunta de estas tendencias estaría determinando su vaciamiento.
En el caso particular de América Latina, los Estados nacionales han padecido una crisis estructural, calificativo que puede resultar antinómico porque, en su sentido lexicológico, una crisis es una situación súbita e inesperada, y los problemas comunes del subcontinente están lejos de haber aparecido de repente; por el contrario, han sido recurrentes y hasta previsibles, ya que todos tienen la misma base: el nivel de inequidad entre clases, que ha impedido incorporar a sus diversas poblaciones en una genuina ciudadanía nacional.
Mann afirma que los Estados modernos más eficaces son aquellos cuya sociedad es suficientemente homogénea e igualitaria para permitir el desarrollo de un sentido común de ciudadanía nacional, que les permite generar poderes infraestructurales efectivos para movilizar recursos y promover así el desarrollo; pero lo que ha sucedido en América Latina es que sus Estados no han logrado representar adecuadamente los intereses de sus ciudadanos más pobres.30
Según su criterio, ello obedece a esa crisis estructural del Estado nación, manifestada en que las infraestructuras estatales solo son universales en teoría porque en la práctica no penetran de forma uniforme en los territorios del Estado; las infraestructuras de policía y justicia están debilitadas por efectos de la violencia, a la que las agencias estatales responden infringiendo los derechos humanos de una manera que tiende a fragmentar la autoridad del Estado; a su vez, las infraestructuras tributaria y de servicios sociales están debilitadas por la corrupción y el amiguismo, y en los hechos operan otorgando privilegios a las redes clientelistas de los políticos en el poder.
Ante un cuadro de naciones divididas por el peso de enormes desigualdades, mayores que en cualquier otra parte del planeta, la aplicación de las políticas neoliberales profundizaría la debilidad del Estado, acentuaría la desigualdad social y la concentración de la riqueza en grupos muy reducidos de la población y cedería el aprovechamiento económico de sus recursos naturales a grandes corporaciones trasnacionales, sin que ello signifique que el estatismo tradicional fuera mejor, lo que se tradujo en una violencia creciente que debilitó aún más el Estado y la nación.31
2.3. De la crisis del Estado nación a la crisis de la soberanía
Para sobrevivir a estos retos a su poder, los Estados han creado organizaciones internacionales y les han transferido competencias que antes eran prerrogativas suyas, y a la vez han tratado de legitimarse en el ámbito interno por medio del traspaso de atribuciones a los entes territoriales subnacionales, y en ese escenario de afectación el Estado nación ha buscado reconstituirse como un poder intermedio necesario para hacer frente, por sí mismo o en cooperación con otros Estados, a la virulencia de los embates de la globalización, como también, hacia abajo, a la dispersión de una sociedad que tiende cada vez más al fraccionamiento.32
Así pues, estos fenómenos de supra e infraestatalidad han producido un resquebrajamiento de los fundamentos sobre los que se edificó el Estado nación, impactando en el ejercicio de la soberanía estatal, en la medida en que se han traducido en una pérdida de la plena autonomía y autodeterminación de los Estados a nivel internacional, y al mismo tiempo dentro de ellos se ha transformado y limitado el ejercicio vertical del poder por parte del ejecutivo, en la medida en que se ha desarrollado un nuevo significado de lo público que rebasa e incluso desafía lo estatal.33
Se asiste, por tanto, como se indicaba al comienzo de este escrito, a un debilitamiento multicausal de la soberanía estatal que en forma sistemática,34 a diferencia de quienes se focalizan en único factor, habitualmente la globalización, atribuye a:
1. Los cuestionamientos a la unidad nacional por parte de las reivindicaciones autonomistas y federalistas, así como por disgregación social y étnica;
2. la crítica a la soberanía percibida como dogma, por la supervivencia del autoritarismo nacionalista;
3. la presencia de organismos e instituciones internacionales que limitan la soberanía externa de los Estados y acotan decididamente el ius belli y asimismo intervienen dentro de las fronteras nacionales;
4. la afirmación y positivización de valores y principios (derechos humanos y paz) que dan un fundamento normativo y forma jurídica al acotamiento del poder;
5. la tercera revolución tecnológica, con su intensificación de las comunicaciones a nivel global;
6. el proceso de globalización de la economía que reduce el ámbito de manejo de la macroeconomía y cuestiona la tradicional función estatal de aseguramiento de la estabilidad del ciclo económico y del consenso social;
7. la pérdida del monopolio de los recursos estratégicos, que en esta época no son la potencia militar ni la industrial sino primordialmente los recursos financieros.
Sin duda alguna, la causa que mayor atención ha concitado, aunque no es la única que explica el debilitamiento de la soberanía, es la globalización, en la medida en que este proceso es el que de manera más directa y contundente la ha puesto en crisis, porque el Estado nación, configurado por la modernidad, no consigue ya controlar y proteger su territorio, menos aún garantizar la legitimación