De igual forma, analizar desde la normatividad foránea y nacional el origen, desarrollo y avances actuales de la protección al consumidor; esto con el fin de reconocer la relación e implicaciones con el comercio electrónico como nuevo escenario económico y contractual.
Siendo el comercio electrónico a nivel nacional e internacional objeto de análisis histórico y conceptual, para establecer las perspectivas actuales y la relación que con ocasión a este nuevo espacio del derecho comercial desafía las nociones teóricas y normativas del derecho de consumo.
En ese entorno, el 12 de octubre del 2011 se promulgó la Ley 1480 “por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” (2011). Se trata de una reglamentación que en buena parte se pone a tono con las realidades económicas y las necesidades de los consumidores. Particularmente incorpora temas no previstos explícitamente en el estatuto de 1982, como lo es la protección del consumidor en el contexto del comercio electrónico.
La Ley 1480 de 2011 incorporó un capítulo titulado “Protección al consumidor de comercio electrónico”. Se trata de un aspecto de gran importancia para los empresarios que ofrecen, venden bienes y servicios mediante páginas web y otros medios. Debido al auge del comercio electrónico y la expansión internacional del mercado, las obligaciones y garantías tanto de consumidores como de productores y proveedores deben ser determinadas y examinadas con detenimiento. Por ello, el estatuto se convierte en una norma general de protección al consumidor, la cual consagra los mínimos que debe garantizar el empresario frente a sus clientes, sin perjuicio de las garantías adicionales que brinden las empresas.
Debido a ello, emerge una normatividad en búsqueda de proteger al consumidor electrónico en el ordenamiento jurídico colombiano, protección que por mandato legal le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), quien desde su reglamentación ha sido la garante desplegando diversas funciones y actividades para la protección de los derechos de los consumidores, y es la autoridad correspondiente para dirimir conflictos de protección de estos, de allí la relevancia de conocer cómo ha operado esta entidad gubernativa en pro de la protección de este tipo de consumidor, que con el paso del tiempo se ha incrementado en Colombia.
Precisando la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha operado como autoridad competente, con el fin de garantizar la protección al consumidor electrónico en Colombia de acuerdo con la normatividad vigente, identificando las principales fortalezas y debilidades jurídicas de la entidad, frente a lo consagrado en la ley hasta la fecha, y así exponer los principales desafíos que tiene para la garantía de los derechos de los consumidores electrónicos en el país.
Lo anterior en el contexto de una nueva realidad comercial en el mundo, que demanda cambios en materia legislativa y de administración de justicia, para lograr que sean efectivos a la hora de mitigar la asimetría que existe entre consumidor y productor o comerciante; para así alcanzar un grado moderado de equilibrio donde se garanticen y respeten plenamente los derechos de los primeros.
Por ende, la presente obra tiene por objeto describir los antecedentes y perspectivas del derecho de consumo en relación con el comercio electrónico, como fenómeno global de transacciones e inversiones y la protección de los consumidores que en dicho escenario se ven inmiscuidos, determinando las figuras centrales, sus características e implicaciones jurídicas en Colombia.
Realizando un análisis de las disposiciones normativas, doctrinales, pronunciamientos jurisprudenciales, casos de derecho comparado, que abarcan tanto al comercio electrónico como a los mecanismos de protección que se han implementado en garantía de los derechos del consumidor. A su vez, se tiene por objeto describir el estado y panorama de cada uno de los mecanismos de protección al consumidor electrónico en Colombia.
Partiendo del análisis normativo vigente dispuesta en la Ley 1480 de 2011, capítulo vi, en donde el entramado legal consagra instituciones objeto del presente análisis, tales como: deberes de los proveedores en el comercio electrónico, reversión del pago, protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico, responsabilidad de los portales de contacto y las medidas cautelares.
De igual forma, el análisis a los mecanismos procesales (acción ordinaria de responsabilidad por producto defectuoso y la acción ordinaria de protección al consumidor) con que cuentan la ciudanía en general para materializar sus derechos como consumidores.
1.a parte.
El derecho al consumo en relación con el comercio electrónico, antecedentes y perspectiva actual
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