Las razones que impulsan la migración en el contexto internacional, aludidas en informes y documentos alrededor del tema, señalan como causas estructurales de esta la búsqueda de mejores condiciones de vida, escapar de la violencia, la reunificación familiar y el anhelo por tener un empleo digno, que son elementos comunes que también se identifican en el éxodo de Venezuela hacia Colombia. A lo anterior debe agregarse, la violencia intrafamiliar y el género, pues al ser también motivos frecuentes, revictimizan a la mujer en el recorrido migratorio, ubicándola en condiciones de riesgo relacionadas con la trata de personas y el tráfico de migrantes.
El panorama actual muestra una coyuntura para la cual el Estado colombiano no estaba preparado, ni desde su estructura institucional ni desde su marco normativo, pues al carecer de una comprensión y, en consecuencia, de una regulación integral para la migración, que atienda todas las circunstancias y particularidades asociadas a esta, la situación se ha enfrentado con medidas temporales que responden a los hechos y necesidades que se suscitan, pero que evidencian no solo la carencia legislativa, sino además una descoordinación entre el nivel nacional y el territorial en lo que se refiere a eficacia, uniformidad, recursos financieros, capacidad institucional, entre otras. Por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos humanos, queda en un segundo plano en los diferentes prospectos regulatorios con que cuenta el Estado. Esto también se evidencia en la ausencia de herramientas para efectuar un monitoreo de los movimientos de personas, como también de los migrantes en términos cuantitativos, cualitativos y de caracterización, lo que conduciría a respuestas más idóneas y adecuadas, en caso de que se implementaran.
De igual manera se plantean grandes retos como sociedad, desde la perspectiva legal y humana, que exigen un entendimiento de la situación en clave de derechos humanos, desde la ciudadanía, los migrantes y las autoridades públicas, para ver, entender y manejar la situación desde una óptica multidisciplinaria, multidimensional e integral. Justamente los brotes de xenofobia que hoy se evidencian, aunados a los estigmas y estereotipos que predominan en el imaginario de los connacionales, evidencian la necesidad de asumir esta situación de otra forma y muestran la importancia de actuar de forma articulada, donde los diferentes sectores asuman un rol en la situación, no dejando el asunto solo en el escenario del Estado, pues la sociedad civil, el sector privado y la academia tienen un rol que deben cumplir frente a esta realidad.
Ahora bien, en el marco actual, el acceso a los derechos y a las oportunidades laborales que conducen a una mejor calidad de vida, están atadas a la documentación y, con ello, a la condición de regularidad de los migrantes en el terriotrio nacional, pues de lo contrario la oferta y la empleabiliad serán reducidas a la demanda de necesidades, lo que se traduce en un aumento desmedido de la informalidad laboral que ya de por sí era alta antes del éxodo venezolano. Así mismo, ello conduciría a una integración social, económica y laboral que se contempla cada vez más como una alternativa para el manejo de la coyuntura que día a día tiende a mostrar mayores índices de permanencia que de retorno.
Los temas laborales también evidencian que la mujer ha cambiado su clásico rol en la cadena de producción, pasando a tener un rol activo y a ocupar un importante lugar en las cifras de impulso a la economía, como se indicaba al inicio de esta parte introductoria, denotando que además tiene un papel prevalente en el marco de la migración, pues suelen viajar solas o con sus hijos menores, por lo que el foco también se enciende de manera importante en la construcción de planes y programas para los menores de edad. Esto también ha prendido las alarmas en el aumento de la vulnerabilidad de la mujer por los riesgos asociados a la explotación laboral, la violencia intrafamiliar, los trabajos forzados, etc., pues las dinámicas ocupacionales, de pareja, de familia, se han ido transformando.
En relación con las necesidades en términos de derechos, las ciudades estudiadas muestran una tendencia clara respecto de la necesidad de protección y garantía de una serie de derechos: educación, salud, vivienda y trabajo, de manera reiterada, y, en menor medida, según los rasgos de las zonas, acceso a la información, alimentación y regularización. Llama de manera especial la atención el tema de la salud mental y los factores psicosociales asociados a la migración y sus realidades, como un tema transversal que se evidencia como una necesidad constante para atender en la población migrante analizada.
Para terminar, es importante anotar que la gran conclusión que queda a todas las personas que participaron en este proyecto es que a pesar de la importancia de la mujer en la migración, son pocas, casi nulas, las referencias con enfoque de género en la normatividad y los planes o programas con los que hasta el momento cuenta el Estado colombiano para atender a una población doblemente vulnerable en sus derechos, lo que representa un llamado al Estado para analizar y abordar de manera idónea esta problemática, antes de que derive en otros problemas, como se ha evidenciado en esta introducción.
María Teresa Palacios Sanabria
María Lucía Torres Villarreal
Editoras académicas
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