Después de abordar las cuatro partes de este libro, el lector encontrará una sección en la se se identifican, de una parte, los obstaculos que impiden hacer más eficientes los operativos y la judicialización en los delitos contra la flora y fauna del país, y, de otra parte, las propuestas para mejorar de manera signficativa la lucha institucional contra los principales delitos ambientales del país. Lo anterior, como producto de los talleres y entrevistas realizadas a los funcionarios de las diferentes entidades que participaron en el programa de formación realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales.
Al final, a través las cuatro partes de este libro, los lectores estarán en capacidad de comprender la dimensión de la deforestación y el impacto sobre la fauna a nivel nacional, su relación con la delincuencia y los grupos armados, así como los mecanismos y desafíos que tiene el Estado para controlar estos flagelos contra nuestra riqueza natural.
Referencias
Carrizosa-Umaña, J. 2014. Colombia compleja. Bogotá, D. C., Colombia: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Defensoría del Pueblo. (2018). Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf
IDEAM, UDCA (2015). Síntesis del estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia, 2015. IDEAM - MADS. Bogotá D. C., Colombia.
WWF (2018). Informe Planeta Vivo, 2018. Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, REA. (Eds.). Gland, Suiza: WWF.
Leonardo Güiza-Suárez*
Lina Katerine Correa Muñoz**
* Abogado, licenciado en Biología y tecnólogo en Saneamiento Ambiental. Magíster en Derecho Ambiental Industrial de la Universidad de Poitiers, Francia. Magíster (titulo propio) en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Actualmente director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente (CIMA) y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: [email protected]
** Socióloga, magíster en Sociología (Universidad de Ámsterdam). Investigadora de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: [email protected]
Introducción
La tala ilegal y el tráfico ilegal de especies silvestres son problemáticas ambientales que han cobrado particular relevancia en los últimos años en Colombia. Se estima que nueve de cada cien vehículos de carga que transitan por las vías de Colombia transportan madera (FAO, 2018) y que aproximadamente el 47 % de la madera comercializada en Colombia tiene un origen ilegal (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). La tala (y, en especial, la tala ilegal) es un factor que impulsa la degradación forestal1 (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Es decir, la tala termina contribuyendo a la reducción de la capacidad que tienen los bosques de desempeñar sus funciones ecosistémicas (Blaser, 2010), tales como servicios de aprovisionamiento de alimentos, productos forestales maderables, entre otros; servicios como la regulación hídrica y el almacenamiento y captura de carbono; y servicios culturales, tales como el desarrollo cognitivo, las experiencias estéticas, entre otros (Lozada, Dias & Oliveira, 2018; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).
Se estima que la tala ilegal constituye el 10 % de la deforestación en el país (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Esto no es un hecho menor si se considera que aproximadamente una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo se dan como consecuencia de la degradación y deforestación de bosques tropicales (Blaser, 2010). Por lo tanto, una administración forestal sostenible contribuiría a la mitigación del cambio climático en la medida en que ayudaría a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (Blaser, 2010). Además, esta contribuiría a conservar y restaurar las cuencas hidrográficas al recuperar los recursos edáficos y regular los hídricos, además de renovar y conservar la biodiversidad (MacDicken et al., 2016; Ministerio de Ambiente, 2000).
En segundo lugar, en relación con el tráfico ilegal de especies de fauna, recientes cifras e investigaciones han cuestionado la poca atención que recibe este fenómeno y las pocas denuncias que se realizan al respecto. Estimaciones indican que las ganancias anuales del tráfico de la vida silvestre en el mundo están entre US$15.000 y US$20.000 millones (Southwick, 2013). En el caso colombiano, alrededor de 58.000 animales traficados ilegalmente son incautados cada año, la mayoría de los cuales proviene de “la Amazonía, la frontera sur, la Costa Pacífica y los Llanos Orientales” (Southwick, 2013).
Desde hace varios, años ha habido varios esfuerzos encaminados a afrontar estos problemas relacionados con el ambiente y los recursos naturales. En relación con el comercio ilegal de madera, uno de los esfuerzos más destacados lo constituye el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, planteado por primera vez en el 2009 e incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Según este, hay una ilegalidad difundida en la cadena de valor de la madera que se comercializa en Colombia, que va desde quienes llevan a cabo la extracción de recursos maderables con permisos obtenidos de forma irregular, hasta quienes distribuyen y consumen estos recursos.
En efecto, un estudio de 2014 de la organización TRAFFIC (Orozco et al.) cataloga la ilegalidad forestal en Colombia como alta o relativamente alta. De allí que esta misma organización planteara que en Colombia “el conjunto de actividades asociadas a la cadena productiva del bosque natural actualmente no es sostenible” (Orozco et al., 2014, p. 19). Según estimaciones del Banco Mundial (2008), hay pérdidas de cinco mil millones de dólares al año como resultado de la incapacidad de los gobiernos de la recaudación de impuestos de actividades de extracción forestal, mientras que la tala ilegal implica pérdidas adicionales de recursos forestales de entre diez y quince mil millones de dólares al año.
El objetivo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia es, por lo tanto, involucrar a las partes interesadas (alrededor de setenta entidades públicas y privadas) para que la extracción, transporte y comercialización de madera tenga fuentes legales y responsables (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Para ello, se plantea como objetivos: el reconocimiento de los mercados ilegales, el fortalecimiento a las autoridades ambientales y de apoyo, el fortalecimiento a los usuarios y otros actores relacionados con bosques, y la creación de estrategias transversales de comunicación, transparencia y educación ambiental.
En relación con el tráfico ilegal de especies, se destacan iniciativas como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) de 1973, la Convención de diversidad biológica de Naciones Unidas de 1993 y la Declaración de la Conferencia sobre el comercio ilegal de vida silvestre de Londres de 2018. Más recientemente, durante la primera Conferencia