En ese contexto, el iusnaturalismo racionalista genera una metodología fundada en el análisis deductivo-cartesiano, tratando de imitar los nuevos desarrollos de las ciencias naturales de los siglos XVII y XVIII. Así, se planteaba que era posible alcanzar la verdad de la realidad únicamente a través de un riguroso método de análisis silogístico, cuya premisa primera eran los principios básicos del derecho natural descubiertos por la razón, a partir de los cuales era posible deducir la totalidad del sistema jurídico por vía única de conclusiones derivadas, resultando las mismas universalmente válidas y ciertas.25 Esta forma de análisis ha dado lugar a una serie de críticas desde la perspectiva de la filosofía del derecho. Algunos autores calificaron como “jurisprudencia mecánica”26 el empleo de la metodología descrita.
1.2. DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Hasta la última parte del siglo XIX, los únicos documentos jurídicos que reconocían derechos humanos eran las constituciones nacionales y la legislación interna de cada estado a través de la especificación de los mismos en textos normativos como el Código Civil. Esto era consistente con la idea que circulaba en aquel tiempo que reconocía como únicos actores del derecho internacional a los estados. Dentro de ese contexto, solo correspondía al derecho nacional hacerse cargo de la protección de los derechos de las personas. Al derecho internacional solo le correspondía regular las relaciones entre estados.
Sin embargo, ello comenzó, poco a poco, a cambiar. El surgimiento de nuevas situaciones internacionales y las nuevas formas de interconexión entre los distintos estados hicieron necesario generar regulaciones internacionales que, tímidamente primero, fueron centrando su preocupación en los derechos fundamentales de las personas.
En el ámbito del derecho de la guerra, ello se hizo patente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, diecinueve estados europeos suscribieron y ratificaron la Declaración de San Petersburgo en 1868, destinada a limitar el uso de material bélico durante conflictos militares. Asimismo, las Convenciones de la Haya, de 1899 y 1907, sin ser directamente declaraciones de derechos humanos, establecieron ciertos límites al uso de la fuerza militar en conflictos bélicos internacionales para disminuir sus crecientes grados de cruel-dad. Es de destacar que, en ambas convenciones, se incorporó la denominada cláusula Martens. Ella debe su nombre al jurista ruso Fedor Fedorovich Martens, quien fuera el autor de la misma. Esta cláusula indicaba que, tratándose de circunstancias no previstas en las convenciones, los estados contratantes tenían la obligación de aplicar “las reglas del derecho de las naciones”, reconocidas ellas en los usos y costumbres de las naciones civilizadas, en las leyes de humanidad y en los dictámenes de la conciencia pública de las naciones.
Asimismo, tras el desastre ocasionado por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), surgen los primeros instrumentos de protección de minorías raciales. A través de tratados internacionales multilaterales celebrados entre los aliados y las derrotadas potencias centrales (Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía), o bien tratados celebrados por los aliados y los nuevos estados que surgieron de la guerra (e.g., Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia), o bien algunos pocos tratados bilaterales, los estados fueron creando sistemas de protección para las minorías étnicas que quedaban sujetas a nuevas jurisdiccionales territoriales tras la guerra. En dichos tratados, se reconocieron los derechos humanos de dichas minorías, tales como: (a) el derecho a la no-discriminación de los mismos, (b) la libertad religiosa y (c) en algunos casos, el derecho a utilizar su propia lengua en la educación o en procedimientos administrativos o judiciales. El monitoreo del cumplimiento de estas nuevas obligaciones quedó entregado, básicamente, al Consejo de la nueva Liga de las Naciones y a la Corte Internacional de Justicia. Contemporáneo a este esfuerzo, surge la convención contra la práctica de la esclavitud, cuyo texto fue adoptado en 1926 por resolución de la Liga de las Naciones. La misma entró en vigencia en 1927.
Sin embargo, no fue sino hasta el término de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que la preocupación central por la persona y sus derechos inalienables se ubicó en el centro del sistema jurídico internacional. Un primer antecedente fueron los procesos penales de Nuremberg, donde los altos jerarcas de la tiranía nacionalsocialista tuvieron que responder personalmente por los crímenes cometidos durante la guerra. Esto resultaba ser toda una innovación: tradicionalmente, los crímenes de guerra cometidos por nacionales generaban únicamente responsabilidad para el estado del cual formaban parte, pero no responsabilidad personal. Este cambio de paradigma fue una primera señal.
En ese contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La misma representó el primer documento declarativo de derechos humanos a nivel global. La conclusión de la misma se debe al tremendo esfuerzo realizado por Eleonor Roosevelt para generar un acuerdo entre los diversos mundos representados en el corazón de Naciones Unidas. La idea central fue alcanzar un acuerdo respecto de un listado de derechos específicos en los que tanto las potencias occidentales libres, el mundo comunista y los países musulmanes pudiesen concordar, aun cuando los mismos difirieran en relación con sus fundamentos. Tras tensas negociaciones, el resultado fue la redacción de una declaración de naturaleza no vinculante, la que fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948.
Tal como se señaló anteriormente, la Declaración Universal fue, jurídicamente, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y, por tanto, no representó un tratado jurídicamente vinculante. Por el contrario, la comprensión existente respecto al documento en su tiempo fue más bien política: “un estándar de logros” al cual todas las naciones aspiraran. Ahora bien, ese “estándar” de naturaleza política fue clave en el proceso de humanización del Derecho Internacional. El mismo sirvió para orientar la acción política de los estados tanto a nivel internacional como nacional. En efecto, a partir de su ratificación por la Asamblea, los estados comenzaron el lento camino de su implementación tanto en el ámbito normativo interno como en el internacional.
La implementación de la Declaración a nivel internacional fue realizada a través de la preparación, primero, y suscripción, después, de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que están en la base del sistema universal de protección: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos27 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.28 Ambos fueron redactados y preparados por separado. Los textos de ambos pactos, que representaban convenciones jurídicamente vinculantes para aquellos estados que las suscribiesen y ratificasen, fueron aprobados por Naciones Unidas recién en 1966, para entrar en vigor en 1976.
Otros instrumentos básicos del sistema de protección universal de derechos humanos son la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio, cuyo texto fue adoptado en 1948 y entró en vigor en 1951.29 De los albores del surgimiento del sistema internacional es también la adopción del texto de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud en 1956.30 Este tratado entró en vigor en 1957.
Otro importante desarrollo fue la adopción del texto de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en 1965. La misma entró en vigor en 1969.31 Otro tratado relevante fue la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación en