Una serie de investigaciones han señalado la relevancia política de la DINA, posicionándola como un recurso de poder personalista de Augusto Pinochet, que le permitió consolidarse en el poder del Ejército y de la Junta Militar de Gobierno3, señalando que, al contribuir a dicho proceso, la DINA se constituyó en un organismo de carácter represivo que se creó para eliminar a los adversarios políticos del régimen, disuadiendo las críticas internas y, a la vez, disciplinando a la sociedad4.
Junto con ello, diversas investigaciones han remarcado el carácter represivo de la DINA, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática5. De la misma manera, las investigaciones habían dado cuenta de ciertos elementos que marcaban rupturas con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar chileno6. No obstante, poco se conocía respecto a la manera en cómo se configuró históricamente la inflexión en las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión de los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existía claridad en torno a cómo se fue articulando históricamente este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno o viceversa7. Finalmente, no existían investigaciones sobre la DINA que relevasen su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, a la recopilación de información y a la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.
A medida que comencé a desarrollar la investigación, me di cuenta de que el énfasis era distinto. Si solo se miraban los datos oficiales de víctimas detenidas por prisión política, ejecutadas y detenidas desaparecidas, parecía razonable sostener que la DINA era el punto de ruptura en el cambio de la dinámica represiva, marcada por un período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), de ejecuciones sumarias, pasando a un período de detención clandestina y de desaparición forzosa que marcarían el sello del período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977). Algunos investigadores habían avanzado en esa dirección, indicando que desde la puesta en marcha de la DINA los objetivos de la política represiva pasaron a estar más definidos, modificando el repertorio represivo de un modus operandi masivo y abierto hacia uno más secreto y clandestino, propio de una orientación contrasubversiva8. Las propias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, desde mediados de la década de 1970, también apuntaban en esa dirección y esta interpretación finalmente se institucionalizó en las comisiones de verdad y reconciliación9. Si bien es cierto que la emergencia de la DINA marcaba una inflexión desde el punto de vista de la modalidad de la represión del régimen, la explicación por ruptura no entrega suficientes argumentos para dar cuenta de la coherencia interna de la DINA con el desarrollo doctrinario, institucional y estratégico de las propias FF. AA. ¿No era acaso el cambio de la dinámica un ajuste coyuntural dado por las FF. AA. y policiales a una necesidad política desarrollada a partir de las mismas premisas de la lógica represiva que las llevó a dar el golpe de Estado e iniciar una guerra contra su propio pueblo? ¿Qué pasaba con el accionar clandestino del Comando Conjunto surgido al alero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)? Con ello se me abrió la interrogante respecto a si la DINA era la causa del cambio de la dinámica contrasubversiva o bien era la expresión de un proceso más complejo de la que constituía una adaptación coyuntural de las FF. AA. y policiales.
La investigación, a través del análisis de documentos de diversa índole, me llevó a constatar que la propia lógica contrasubversiva de las FF. AA. y policiales, concebía la necesidad de llevar la guerra interna hacia otros repertorios, mucho más secretos, encubiertos, selectivos y con fuertes componentes de operaciones psicológicas capaces de confundir a la opinión pública sobre la envergadura de las acciones desarrolladas. El objetivo para ello era construir, tras el período de guerra interna inicial declarado como fundamento del golpe de Estado, una fachada de legalidad que permitiese encubrir la guerra sucia de exterminio llevada a cabo contra la “subversión”. Con ello, la construcción del terror de Estado, como desde inicios de la modernidad, se ha denominado al ejercicio represivo de parte de los Estados nacionales en contra de la población civil, desarrollado por la dictadura chilena no parecía radicalmente distinto al caso de otras dictaduras latinoamericanas10.
En el viraje de mi objeto de investigación, el aporte de los trabajos de las investigadoras e investigadores Gabriela Águila, Mariana Joffily, Esteban Pontoriero, Claudia Field y Pablo Scatizza y, en general, los aportes historiográficos de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, me permitieron cambiar el foco, avanzando, desde esta perspectiva, hacia una investigación de las FF. AA. que escrutase la relación histórica entre los dispositivos, organizaciones e instituciones represivas, de control e inteligencia con el desarrollo y consolidación del proceso político chileno entre 1970 y 1975.
Un análisis historiográfico centrado en la organización, los dispositivos y las instituciones represivas de las FF. AA., nos permite tomar a una organización burocrática determinada como un punto de articulación en una coyuntura histórica, cruzada de tensiones, intereses y necesidades que le dan sentido. Al relacionar las estructuras de poder del régimen con el desarrollo de sus organizaciones burocráticas de defensa y orden policial, podemos situar históricamente el sentido de las prácticas y racionalidades desarrolladas por las mismas para legitimar el golpe de Estado y poner en marcha la dinámica contrasubversiva a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo que nos da indicios de su propio funcionamiento y trayectoria, dado su lugar privilegiado como las agencias estatales en materia de inteligencia y seguridad.
Desde ese punto de vista, esta investigación entrega evidencia histórica respecto al proceso de elaboración intelectual de los institutos militares y del desarrollo del profesionalismo militar en materia específica de subversión y contrasubversión entre los años 1970 y 1975. Ese proceso de deliberación interno en el contexto de la Guerra Fría interamericana11, en la coyuntura política del momento, favorecerá que un sector de la oficialidad desarrolle una concepción de la seguridad nacional vista bajo el prisma de la doctrina de guerra contrasubversiva y de los intereses geoestratégicos norteamericanos que cristalizarán en una concepción sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, basada en un arraigado imaginario anticomunista12. De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940 favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF. AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas13. Este marco permite entender cómo en la coyuntura del Gobierno del presidente Salvador Allende dicho proceso se acentuó a medida que la crisis política se transformó en una crisis institucional y diversos actores políticos –por izquierda y derecha– presionaron a la institucionalidad para desbordarla. Ese escenario generó un callejón sin salida, ya que por una parte el Gobierno de Allende buscó controlar el orden público y contener la movilización radical de la derecha rupturista a través de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la decretación de estado de emergencia –previa sesión y recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), entregando el poder a las FF. AA. y policiales en los territorios de las respectivas jurisdicciones–. Mientras que, por izquierda, se vio ante la presión política de no criminalizar la protesta social y los procesos de radicalización política de sectores populares, apoyados por partidos con definiciones programáticas revolucionarias que presionaban por desbordar la institucionalidad. Esta tensión entre la búsqueda por reprimir la movilización rupturista de derecha y no criminalizar la movilización popular, generó un espacio político que fue utilizado por los sectores de la oposición política –fundamentalmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que impulsó la Ley de Control de Armas y explosivos como un nuevo