El caso chileno demuestra que es imposible imaginar un futuro común sin reconocer públicamente las violaciones perpetradas. El testimonio directo de las víctimas ha sido una poderosa herramienta para desafiar las intenciones negacionistas y revisionistas, y confrontar el olvido y la impunidad. Así, este caso indica que la documentación de este tipo de trasgresiones contribuye a la propia creación del espacio político para la defensa de los derechos humanos (Kelly 2013).
El libro también pone de manifiesto el potencial emancipatorio de la investigación social que intenta dilucidar las diferentes formas y contextos con que enunciamos, reportamos y actuamos con relación a las violaciones a los derechos humanos. Este potencial es particularmente visible en esta, la “era del testigo”, iniciada en 1961 con el juicio de Eichmann en Jerusalén (Wieviorka 1998; Arendt 1998). Sin duda, exploraciones críticas sobre el pasado como la que intentamos realizar aquí, contribuyen también a identificar los desafíos actuales que enfrentan las sociedades que sufren el impacto de violaciones masivas a los derechos humanos.
Llamando por su nombre al terrorismo de Estado
Este libro argumenta que los registros creados por los organismos de la sociedad civil durante la dictadura militar en Chile no se limitan a documentar la asistencia ofrecida a quienes fueron afectados. Estos registros también permitieron que la violencia estatal fuera visible, conocible y trazable. Así como los mapas contribuyen a definir, reclamar y sostener territorios (Leuenberger y Schnell 2010), de manera análoga, en Chile, el registro y la documentación permitieron inscribir la violencia estatal, desafiando las intenciones de la dictadura de borrar las huellas de sus acciones.
Durante el régimen militar, la documentación de las distintas situaciones denunciadas fue fundamental para comprender la violencia política y resistir las versiones distorsionadas ofrecidas por las autoridades. La magnitud y diversidad de estas denuncias fueron revelando una realidad que contrastaba dramáticamente con las explicaciones oficiales. Ellas ponían de manifiesto la existencia de una política sistemática de violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado en contra de la población. De esta forma, sostenemos, las organizaciones de la sociedad civil fueron capaces de provocar una ontología práctica de la violencia estatal, esto es, una realidad alternativa sobre la cual actuar en defensa de las personas perseguidas.
El libro también busca destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación de perdurar en el tiempo y sobrepasar las funciones para las cuales fueron concebidos. Carpetas, formularios, testimonios, estadísticas, informes, expedientes, fotografías, entre otros artefactos materiales preservados, han quedado a disposición de otras coyunturas sociopolíticas, contribuyendo en el tiempo a informar procesos de reparación, verdad, justicia, memoria, educación, análisis histórico y creación artística.
La literatura sobre violencia política estatal y genocidios tiende a focalizar su atención en dos figuras: la víctima y el perpetrador. Al reconstruir las prácticas documentales y examinar los artefactos de registro que sostuvieron la asistencia ofrecida a los afectados y las denuncias de la violencia de Estado durante esta larga y cruel dictadura militar, este libro destaca el rol de un tercer actor: el defensor de los derechos humanos, quien puede mediar la relación entre víctima y victimario y jugar un rol clave en la gestión de catástrofes de esta naturaleza. Su existencia puede afectar los procesos posteriores de restitución de derechos y reconocimiento y reparación de víctimas y, eventualmente, contribuir a contener la violencia mientras es desplegada.
En Chile, profesionales y voluntarios, sacerdotes, monjas y líderes de distintas confesiones religiosas, arriesgaron sus vidas para mitigar el dolor, salvar seres humanos, acompañar a familiares en la búsqueda de parientes prisioneros y desaparecidos, y documentar las atrocidades del régimen con la mayor precisión y detalle posible. Difundir las historias desconocidas de estos actores es un acto de reconocimiento de su solidaridad. Este acto no es solo necesario sino también urgente. Muchas de las personas que crearon y utilizaron los registros que hoy componen los archivos de derechos humanos chilenos están enfermas o ya han muerto, amenazando la posibilidad de conocer y conservar sus experiencias.
Audiencias
Los capítulos de este libro buscan hacer visible una encomiable y sostenida labor de solidaridad y resistencia pacífica desplegada por la sociedad civil para hacer frente a masivas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Reconocer las lecciones de una labor de este tipo es crucial para cualquier sociedad que busque vivir en paz.
El libro tiene por propósito contribuir a generar un debate en Chile, en el extranjero y en organismos internacionales, sobre cómo se gestiona y conserva el registro de las violaciones a los derechos humanos. Ello pasa por reconocer que la documentación de episodios de violencia política es parte constitutiva de la gestión humanitaria. Y por asumir que la conservación de este tipo de acervos documentales permite que futuras generaciones puedan conocer estos eventos traumáticos y ejercer el derecho colectivo a la memoria sobre el pasado reciente de sus sociedades.
Este libro también analiza la agencia política de individuos enfrentados a un largo y severo proceso de vulneración y coerción estatal. Se trata de cuerpos, psicologías, trayectorias vitales, familiares, comunitarias y organizacionales sometidas a violencia institucional. Creemos que la resistencia solidaria y ética que tuvo lugar en Chile puede ayudar a problematizar las formas de gestión y reacción que están siendo desplegadas hoy ante situaciones contemporáneas de violencia política alrededor del mundo.
Asimismo, el libro aborda una dimensión del trabajo sociohistórico que ha permanecido inexplorada y quizás desapercibida en el campo de estudio de los derechos humanos, pese a su potencial analítico. Esta dimensión tiene que ver con las culturas materiales y epistémicas que subyacen a las historias de violencia y resistencia. En este sentido, el libro se expande más allá del campo de la violencia de Estado, para tocar también asuntos relativos al conocimiento y la experticia. Durante la dictadura militar chilena, las ciencias sociales y humanas comprometidas con los derechos humanos se vieron desafiadas a poner su conocimiento para dilucidar, denunciar y sobrellevar esta catástrofe. La necesidad urgente de recoger testimonios y documentar lo que estaba sucediendo a menudo puso en riesgo la propia vida de las trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogos, abogados y otros profesionales que acudieron a prestar servicio a las organizaciones de derechos humanos creadas para asistir a los perseguidos. ¿Cómo registrar un testimonio de prisión política? ¿Cómo establecer una relación profesional con un sobreviviente de tortura al que persiguen? El impacto de la situación sociopolítica sobre la capacidad de autocomprensión de las ciencias sociales y humanas también es un asunto que compete a la memoria histórica de una sociedad. Sin embargo, son escasos los estudios destinados a estos asuntos. El análisis del rol de las distintas epistemes involucradas en los procesos documentales y de procesamiento de información relativa a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tiene un valor indudable y constituye un caso paradigmático de reflexividad y performatividad disciplinar. También es un caso relevante para las actuales generaciones de profesionales que están siendo entrenadas en las ciencias sociales, al instalar preguntas sobre las capacidades y recursos que estas disciplinas proveen para gestionar catástrofes como las sufridas en el pasado reciente en Chile y el Cono Sur. Asimismo, es de inmenso valor para académicos, activistas y profesionales dedicados a enfrentar el problema de la violencia política, y los procesos de pacificación y transición en contexto de posdictadura y posconflicto.
Esperamos que el libro sea útil para los defensores y activistas de los derechos humanos y los funcionarios y profesionales de organismos nacionales e internacionales que velan por su resguardo. También para quienes pertenecen a centros de memoria histórica, archivos nacionales, museos y sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas. Y para organizaciones de la sociedad civil abocadas al manejo de crisis y cuidado de poblaciones en situación de desastre