Aspectos diferentes de la violencia social son abordados por otros autores. Por ejemplo, el brasileño José Vicente Tavares dos Santos se ocupa de la violencia en las escuelas (el trabajo de campo se ciñe al caso de Porto Alegre, aunque las referencias son más amplias) en “A violência na escola, una questao social global”. La sensación de inseguridad del grupo de los estudiantes universitarios de Caracas es confirmada mediante un trabajo de encuesta que es comentado por Cristina Mateo en “La inseguridad personal vista por los estudiantes universitarios”. Y la violencia en el ámbito del transporte urbano de personas de Salvador de Bahia es descripta y analizada, en sus causas y efectos por Eduardo Paes Machado y Charles Levenstein en “A féria ou a vida: violência e insegurança no transporte colectivo de Salvador, Brasil”.
El aspecto específico de la ausencia de justicia y de la violencia estatal es abordado por Inés Castro Apreza en “Violencia y justicia en Chiapas. Los operativos policíaco-militares de 1998”, donde describe cinco procedimientos violentos –que no son aislados– en los que se pone en evidencia la dificultad no solo de erradicar la violencia sino también de construir ciudadanía en países con déficits estructurales de democracia y de justicia social.
También refleja la preocupación en la violencia (legítima o ilegítima) que utiliza la policía, el trabajo “La disposición de agentes policiales a usar fuerza contra el ciudadano” realizado por Christopher Birkberck y Luis Gerardo Gabaldón. Se describen investigaciones que ponen hincapié en el enfoque situacional para advertir cuales son las “reglas tácitas” de dicho tipo de violencia y como la perciben distintos actores sociales.
El mismo Gabaldón es autor de “Tendencias y respuestas hacia la violencia delictiva en Latinoamérica”. La violencia analizada aquí es aquella constatable, entre otras fuentes, a través de las tasas de homicidio en toda América Latina; las tasas de victimización por delitos violentos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay; en los indicadores de pobreza (que el autor correlaciona con los otros); en la percepción ciudadana sobre los delitos; en las actitudes frente a la violencia institucional (que también se pone en correlación con el número de homicidios).
Desde distintos ángulos es analizada una particular política de las fuerzas de seguridad en “Política anti-sequestros no Rio de Janeiro”, de César Caldeira. Es importante el análisis sobre la desorganización y reorganización de la policía, el crimen organizado y los medios de comunicación dentro de una sociedad en la que el dinero se consolida como única herramienta válida. Otra vez, la corrupción policial y las dificultades de abordar políticas puntuales que no salen de aquella lógica son puestas en evidencia.
La venezolana Elsie Rosales, en “Sistema penal y relegitimación procesal”, analiza las funciones instrumentales de la reforma procesal de su país, instruida en el marco de los más grandes cambios ocurridos con la Constitución de 1999. Es destacable el análisis de los datos desde una perspectiva garantista, aunque poco nos aporte a quienes, guiados por la información de la prensa, pretendemos entender las directivas políticas y político-criminales de la llamada revolución bolivariana.
El artículo “Democracia y seguridad ciudadana en Chile”, de Enrique Oviedo, analiza los problemas de la llamada seguridad ciudadana y describe con algunos datos las políticas, programas y medidas implementadas por el gobierno de Chile y de algunos de sus municipios. En realidad, se hace una apretada síntesis de esas políticas en los noventa, las cuales, pese a sus diferencias, son apoyadas en lo que signifiquen de participación ciudadana y de reemplazo de la privatización de la seguridad por una gestión pública.
El más difícil y sangrante caso de Colombia es analizado por Jaime Zuloaga Nieto, en “Guerra prolongada, negociación incierta: Colombia”. La gravedad de la situación, de verdadera guerra o guerras, es, no obstante, obliga a pensar en vías para construir una paz basada en una negociación con gran participación de los ciudadanos.
Finalmente, especial atención debemos dedicar al artículo de la gran socióloga venezolana recientemente fallecida (y a cuya memoria se dedica el libro), Rosa del Olmo. Ciertamente la cuestión penitenciaria fue objeto del mayor interés de la llamada criminología latinoamericana más crítica, pero, en los últimos años, ese interés fue desplazado por otras cuestiones. Esta es la constatación de la que parte la autora en “¿Por qué el actual silencio carcelario?”. Como el ámbito de la cárcel continúa siendo aquel en el cual se manifiestan las más graves violencias, no podía faltar su análisis en este tipo de proyecto. Es por ello que la investigación que aquí se presenta constituye una denuncia tanto de los problemas internos y externos de los sistemas penitenciarios, cuanto de la perpetuación de los mismos al no ser tenidos en cuenta en las investigaciones sobre la violencia y en los proyectos de reforma de la justicia latinoamericana.
Cierra el volumen el trabajo “El derecho a matar en América Latina” de Roberto Briceño León, Alberto Camardiel y Olga Avila. La percepción hacia la respuesta violenta a la violencia, sobremanera cuando conduce al homicidio (ya sea a través de la pena de muerte, o la autodefensa, hasta llegar a la actuación ilegítima de la policía o al producto de otras medidas intolerantes), es medida en siete ciudades latinoamericanas y en Madrid. Lamentablemente, el apoyo a la idea de matar como defensa o como venganza en poco puede dejarnos una perspectiva de mejora en el tema de la violencia. Quizá más que ello, el resultado de esta investigación nos muestra hasta que grado se ha insertado en el cuerpo social la idea de que la violencia no es solo un mal, sino que también puede ser un bien, dependiendo de quien la aplique y contra quien. Mal vamos, y el que mal anda…
13- Violencia, sociedad y justicia en América Latina, Roberto Briceño León (comp.), Buenos Aires, Clacso, 2002. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal, 2002/B, Buenos Aires, Del Puerto, pp. 799 a 802.
SISTEMA PENAL Y PROBLEMAS SOCIALES (14)
Una de las diferencias señaladas por Alessandro Baratta entre la criminología tradicional y la criminología crítica era la siguiente: “Para la criminología tradicional el sistema penal existente y la práctica oficial son los destinatarios y beneficiarios de su saber, en otras palabras, el príncipe para el cual es llamada a ser consejera. Para la criminología crítica el sistema positivo y la práctica oficial son ante todo el objeto de su saber”. En efecto, al recuperar ese adjetivo de la tradición frankfurteana, los nuevos criminólogos saben que sus investigaciones (o, también, “críticas” en sentido kantiano) no tienen como objetivo brindar fáciles recetas a los poderosos, sino por el contrario proporcionar herramientas conceptuales para que los desapoderados planteen una alternativa al sistema social existente.
Este es el objetivo de la producción trans-disciplinaria, y con un especial enfoque sobre las instancias de aplicación del sistema penal, que se expone en el libro que pasaré a comentar y que, como expone Roberto Bergalli en la “Presentación”, sigue siendo original para la tradición española y latinoamericana del pensamiento criminológico. Esta tradición es más bien escasa en lo que hace a investigaciones, y en todo caso ha impedido intencionadamente el cruce de saberes y la fijación