Antonio Ríos, comandante de la UPOEG, dice que “desde hace seis años en que incursionó la UPOEG los delitos han ido a la baja. Lo que sí se nos ha disparado son los delitos de extorsión telefónica, pero ahí no podemos hacer nada, porque no tenemos la tecnología para poder combatirlos” (Trujillo, 2019). Por su parte, la coordinadora municipal comunitaria, Patricia Ramírez Bazán, señala que, “en cuestión de seguridad pese a lo que se diga Ayutla es un municipio muy tranquilo y muy tranquilo porque existen los sistemas de seguridad [CRAC y UPOEG]” (Bazán, 2019). Estos sistemas de seguridad trabajan de manera conjunta con la guardia municipal comunitaria que se desprende del Concejo de Seguridad y Justicia de la nueva estructura de gobierno comunitario y son los garantes de esperanzas y tranquilidad frente a la violencia estructural en Guerrero; sin duda, el trabajo es exhaustivo porque se apuesta por enfrentar los problemas desde la raíz para prevenir la violencia familiar y erradicar los feminicidios en la región. Es tiempo de transición y de miradas cóncavas hacia una cultura de prevención.
La segunda reflexión está relacionada con la formación de intelectuales por parte de la Unisur y que han acompañado el proceso organizativo de la UPOEG; es decir, los representantes actuales de la comunidad El Mezón están gobernando en la nueva estructura del Concejo Municipal Comunitario: Patricia Ramírez Bazán, estudiante50 de la licenciatura Justicia y Derechos de los Pueblos es la actual coordinadora de Seguridad y Justicia, y Rafael Lozano Gallardo, egresado de la carrera de Gestión Ambiental Comunitaria, es el actual representante de la Comisión de Ecología. Esto significa que el modelo pedagógico de la universidad fue diseñado para que las y los estudiantes acompañen los procesos de luchas de sus propias comunidades, y promoviera de manera transversal el servicio comunitario y el aprendizaje autónomo.51
La tercera y última reflexión que quiero plantear se relaciona con mi experiencia de tránsito de estudiante a actual investigadora en contextos de múltiples violencias. Es decir, con mi retorno, he podido observar que la comunidad no está dispuesta a perder lo que les costó recuperar: la tranquilidad. Mantienen el mismo modelo organizativo ante posibles amenazas del crimen organizado en territorio comunitario, sobre todo, porque algunos ex fundadores del SSyJC y ex autoridades hasta la fecha tienen órdenes de detención.
Años después de la constitución de la UPOEG y durante la escritura de un proyecto de investigación (que se convirtió en este ensayo), conversé con una antropóloga acerca de mi experiencia en campo, y me preguntó directamente: “¿Escribiste algo sobre la UPOEG en aquel tiempo?”, mi respuesta fue inmediata: “no”. Refiero a esta pregunta porque llama la atención la “urgencia”, dentro del campo académico, de publicar sobre una problemática social puntual, el hecho de no escribir algo me permitió pensar en el quehacer antropológico y en las prácticas éticas con las que nos relacionamos con los pueblos indígenas y afromexicano. Reconocí tres elementos visibles: la construcción colectiva del conocimiento, mi cuerpo y mis emociones. Era importante para mí tener una especie de vigilancia epistemológica concreta, debido a la simulación mediática de cómo se abordaba “el tema de Ayutla”. Además, reconocía que mi mirada antropológica se limitaba a aspectos meramente de la cotidianidad comunitaria.
Ahora tengo una óptica más ordenada y metódica, pues debo confesar que durante mi experiencia y vivencias como facilitadora de la universidad cegaron posibilidades de métodos analíticos debido a tres razones que ubico: la presión que sentía al tener “información delicada” que me proporcionaba el Consejo de Autoridades (por ejemplo, nombres, fechas clave, listas de asistencias de asambleas, material fotográfico y audiovisual); la confianza de las autoridades comunitarias que permitían mi asistencia a determinadas asambleas (siempre en calidad de facilitadora), y mi cóleramiedo (así, inseparable) para con la lucha indígena que no me dejaba ubicar contradicciones internas, aunque para ser honesta, creo que esa cólera (más que miedo) en el fondo del asunto era un compromiso personal-político y una deuda emocional que me debía al no haber encontrado justicia por el asesinato de mi madre, protagonizado por el crimen organizado y que quedó simplemente como una víctima del delito de feminicidio para engrosar las estadísticas en México. Como decía Gramsci, el punto de partida de cualquier elaboración crítica es la toma de conciencia de lo que una realmente es, es decir, la premisa conócete a ti misma, en tanto que producto de un proceso histórico concreto que ha dejado en ti infinidad de huellas sin, a la vez, dejar un inventario de ellas (Gramsci, 1985, en Said, 1997).
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“Quítate esa chingadera” —con un tono imperativo dijo Bruno Plácido Valerio, y entonces decidí bajar discretamente el paliacate que cubría la mitad de mi rostro. Plácido decidió no cubrir su rostro. Primera Asamblea del Tribunal Popular, 31 de enero de 2013 (fotografía de la Comisión de los Medios de Comunicación de la Unisur).
El cuerpo y la teoría son las herramientas de trabajo de las antropólogas. Por tanto, el cuerpo y la teoría me situaron. Durante el ejercicio etnográfico, observé y presencié los riesgos a los que una antropóloga está expuesta en contextos de violencias. Ahora que vuelvo a las revisiones de mis dispersas anotaciones, leo diversas glosas y apuntes acerca de los espacios comunitarios (iglesia, molino, cancha, comisaría) donde se reunían las mujeres mezoneñas para hablar “del tema” y siempre que aparecía la palabra “miedo”, enseguida venía un “no nos vamos a rajar”. En este sentido, para mí fue importante no escribir, fue como estar en campo sin la “presión académica”, así que en esas fechas, mientras estudiaba el doctorado en antropología social, nunca vi la temática como un proyecto de tesis doctoral. Posteriormente, de manera informal, entre charlas y chilates, avisé al Concejo de Autoridades en turno mi decisión de salir nuevamente al extranjero para cumplir con una etapa de trabajo de campo de mi doctorado: el acuerdo simbólico y verbal fue que yo debía regresar, ya sea para compartir los conocimientos adquiridos, para visitar la comunidad y beber de nuevo chilate o ya sea “para ir por pan a casa de Mayra” o bien, como decía el ex fundador del SSyJC, Gonzalo, “para llevar las fotos impresas de todas las asambleas”.
Por último, mientras terminaba la redacción de este texto, la actual coordinadora municipal, Patricia Ramírez Bazán (oriunda de la comunidad El Mezón), junto con mujeres representantes de la Comisión para la Atención de la Mujer Comunitaria del gobierno comunitario y, sobre todo, a partir del trabajo colaborativo por invitación y mandato comunitario que realizamos actualmente con la an tropóloga Laura Valladares, sosteníamos largas charlas acerca de “la antropología y sus debilidades”, insistían en que “cuando se aborda el tema de Ayutla citan y refieren a los que se adueñaron del proyecto colectivo y no a los verdaderos fundadores que son las comunidades” (Bazán, 2019) y reflexionábamos sobre las viejas prácticas antropológicas, “no basta con que nos regresen las tesis” (Bazán, 2019), ahora son otras las formas urgentes que debemos diseñar las y los investigadores para vincularnos con los pueblos indígenas y afromexicanos para documentar procesos particularmente en contextos de autonomías indígenas desde una postura ética, epistemológica, metodológica y comprometida. Era el principio de una reflexión colectiva y de cuestionar nuestro trabajo colaborativo.
BIBLIOGRAFÍA
Bourgois, Philippe (2009), “Treinta años de retrospectiva etnográfica sobre la violencia en las Américas”, en Julián L. García, San tiago Bastos y Manuela Camus (eds.), Guatemala violencias desbordadas, Córdoba, España, Universidad de Córdoba, pp. 27-62.
Centro de Estudios Ecuménicos (s/f), concesiones mineras en Ayutla de los Libres, gráfico.
Jimeno, Myriam (2007), “Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia”, en Antípodas. Revista de Antropología y Arqueología, núm. 5, Bogotá, Colombia, pp. 169-190.
Jimeno, Myriam, Daniel Varela y Ángela Castillo (2015), Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio,