El objetivo de los imperios siempre ha sido evitar el ejercicio de la soberanía por parte de sus “provincias” o limitar su “autonomía”. En el imperio, el ejercicio de la soberanía plena es exclusivo de las metrópolis y está prohibido a las “provincias”.
En el imperio americano, que se inauguró en 1945, Washington estableció reglas informales que deben ser obedecidas por los gobiernos de las “provincias”, formalmente nacionales, soberanos e iguales, miembros de las Naciones Unidas, bajo pena de castigo; reglas que, de hecho, limitan su soberanía. Estas reglas –que son flexibles, pues dependen de la ubicación geopolítica de la “provincia”, el momento político internacional, el momento nacional y el momento político del gobierno “provincial”– son las siguientes:
Tener una economía de mercado capitalista, consagrada en la legislación.
Tener una economía comercialmente abierta.
Tener una economía abierta al capital extranjero en cualquier área o actividad.
Tener un grado mínimo de intervención del Estado, como regulador y emprendedor.
Dar igual trato a las compañías de capital local y a las extranjeras.
No ejercer control sobre los medios de comunicación.
Tener un sistema político de pluralidad de partidos y elecciones periódicas.
Respetar los derechos humanos tradicionales (políticos y sociales).
No restringir la acción de las ONG extranjeras.
No celebrar acuerdos, especialmente militares, con Rusia y China, y con “provincias” en estado de rebelión.
Apoyar las iniciativas de política internacional del imperio.
Todas las técnicas de guerra híbrida (ONG, activistas, interferencia en elecciones, “agentes” externos) en la periferia del imperio se han mejorado para implementar estas reglas y derrocar a los gobiernos que se oponen a ellas.
* * *
En ciertos momentos, debido a circunstancias políticas, económicas o sociales, el gobierno de una “provincia” emprende iniciativas que contradicen una o más de las reglas del imperio y, por lo tanto, se convierte en una “provincia rebelde”, un Estado paria, clasificado como tal por la metrópoli.
La campaña política, económica y mediática para promover el cambio de régimen, es decir, para promover un golpe de Estado para derrocar a un gobierno que Estados Unidos (el imperio) considera “hostil”, incluye el financiamiento de grupos de oposición y sanciones económicas unilaterales, y se desarrolla en varias etapas (que se superponen) de denuncia al gobierno “hostil” por los principales medios regionales y los medios mundiales, con la ayuda de la academia.
Los mecanismos del imperio para someterse al gobierno rebelde se mueven de manera coordinada y muy similar en todos los casos, en el contexto de una operación de guerra híbrida. El imperio acusa al gobierno provincial “rebelde” de ser una dictadura cruel y un gobierno corrupto, tolerar y patrocinar el narcotráfico, oprimir a su población con violencia, no cumplir con sus compromisos internacionales, sofocar la libertad de prensa, arrestar y torturar a los opositores; matar de hambre a la población más pobre, ser una amenaza militar para el imperio y para los Estados vecinos.
Las tácticas de la estrategia de control de la “provincia rebelde” y de derrocar a su gobierno (cambio de régimen) se realizan a través de quejas de ONG, difusión de estudios altamente críticos realizados por organizaciones internacionales, organización política y financiera y promoción de grupos de oposición, campaña internacional de desinformación de medios, quejas de exmiembros del gobierno rebelde provincial y sanciones económicas unilaterales (e ilegales).
Las cuatro “provincias rebeldes” más notables en este momento son Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte. No representan una amenaza militar o económica para el imperio, pero son, sobre todo, un “mal ejemplo” para las otras “provincias”, cuando buscan seguir políticas de desarrollo autónomas soberanas y no subordinadas.
Esta estrategia de propaganda y cambio de régimen tiene como objetivo crear el “clima de opinión” para la aprobación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad y finalmente obtener la autorización para la intervención “humanitaria”, lo que sería una obligación de la comunidad internacional.
Una forma de deponer al gobierno de una “provincia rebelde” es la formación de una fuerza multilateral de los países vecinos que se considerarían “amenazados” por el gobierno dictatorial y agresivo de aquella. Otra forma, hoy más utilizada por el imperio, es la guerra híbrida y su componente de lawfare. El objetivo de la guerra híbrida es derrocar al gobierno mediante acciones desestabilizadoras, basadas en la explotación de conflictos y tensiones de identidad, estimuladas por agentes extranjeros. Antes de comenzar una campaña de guerra híbrida, es necesario recopilar tanta información sobre las vulnerabilidades del gobierno en relación con las disparidades étnicas, religiosas, históricas, fronterizas y sociales y económicas.
Las operaciones de guerra híbrida utilizan técnicas de ciberespacio para movilizar a sectores de la población a través de ONG y promover manifestaciones contra el gobierno, para lo cual la creación de una “narrativa” es esencial. Con este propósito se utilizan noticias falsas y perfiles automáticos (bot) para crear cibercascadas.
La estrategia del imperio
La idea de que los Estados luchan por adquirir una noción abstracta llamada poder no es esclarecedora y hace que la acción de los gobiernos (de los Estados) se caracterice por la irracionalidad. En política internacional, un Estado tiene los objetivos (aunque no explícitos e incluso ocultos) de aumentar su participación en el PBI mundial y así lograr un mayor nivel de bienestar para su población (o para sus clases hegemónicas), lograr una mayor capacidad para influir en las discusiones internacionales y proteger sus intereses, sea en los organismos internacionales y regionales o en las relaciones bilaterales, asegurar la capacidad de defenderse de los oponentes y garantizar el acceso a recursos y mercados. Cuanto menor sea el poder político, económico y militar de un Estado y mayores sean sus vulnerabilidades, más difícil será el cumplimiento de estos objetivos.
En su aplicación, los objetivos de una estrategia pueden resultar irreales o imposibles de alcanzar, pero siempre implican una racionalidad previa de metas, es decir, lograr ventajas económicas o políticas que faciliten o sean necesarias para lograr ventajas en el sentido más amplio de la palabra. Incluso en una guerra dinástica, el conflicto implica objetivos económicos que las partes en disputa y los que rodean a los pretendientes desean disfrutar en caso de victoria. La lucha no es por el trono, sino por lo que significa el trono en términos de su poder legal para asignar ventajas económicas.
La definición de la estrategia a seguir debe comenzar con la formulación de una visión del mundo, una vista del enemigo u oponente y una visión de sus propios recursos y situación; solo una visión, debido a que la información no siempre existe, no siempre es completa, ni es siempre cierta. Veamos en qué consiste.
Primero, la visión del Estado mismo y de la sociedad misma. Esta visión es más precisa, ya que la información es más amplia, más disponible y menos distorsionada, sobre recursos naturales, capital, población, hombres y equipo militar, vulnerabilidades, posibles alianzas.
Segundo, la visión es la evaluación de los recursos naturales, los recursos de capital, la calidad de los estrategas, los líderes y las personalidades, los recursos militares, en hombres y equipos, de los objetivos previstos de la estrategia del enemigo (o adversario).
Con un conocimiento razonable de esta información y la formación de esta visión