En los apartados siguientes se desplegarán descripciones, análisis, valoraciones y propuestas realizadas sobre este tema en las entrevistas realizadas a educadores ambientales de 24 estados de la república, con lo cual se pretende revelar el grado de importancia que los gobiernos han dado a la educación ambiental.
Aunque la educación ambiental a nivel internacional se institucionaliza en la década de los setenta del siglo pasado y en México cobra relevancia una década después (González Gaudiano, 2007), su incorporación a los planes nacionales y programas sectoriales ha sido un proceso que lleva alrededor de cuarenta años, aunque es a partir de los noventa que se pone mayor énfasis. De esta manera, es en el periodo 1995-2000 cuando en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se hace una referencia explícita a la formación de una cultura ambiental para el cuidado de la naturaleza. A partir de ahí, la EAS (o también referida como fomento de la cultura ambiental, aunque estrictamente no sea lo mismo) fue ganando más espacio, otorgándose, pretendidamente, una función estratégica para conducir al logro de los objetivos de bienestar y desarrollo de la población de todo el país.
A la par de los PND, el impulso a la EAS provino de su incorporación en los Programas Nacionales de Medio Ambiente, particularmente desde 1995, con el documento presentado por INE/Sedesol/Unesco “Hacia una estrategia nacional y plan de acción en educación ambiental en México”, que se dio a conocer en 1993, cuyo impulsor fue Edgar González Gaudiano, y que constituye la primera aparición de la educación ambiental en un documento público programático de nivel nacional.
Desde la primera década del presente siglo, a partir de iniciativas impulsadas por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), se estimuló la elaboración de los Planes Estatales de Educación, Capacitación e Información Ambiental (publicados en el año 2006 por dicho centro).1 A pesar de sus relevantes aportes antes no existían documentos con ese perfil y pronto se convirtieron en un referente escasamente atendido a la hora de tomar decisiones para programas y proyectos, convirtiéndose en varios casos en letra muerta. La elaboración de estos documentos estuvo, en distintos niveles y momentos, en diálogo con la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, lo que propició que esta contara con insumos desde los ámbitos estatales, los cuales, sin duda, la enriquecieron. En la percepción de los educadores ambientales prevalece la convicción de que la elaboración de los planes estatales de EAS fue un paso importante y sin precedentes, independientemente de la heterogeneidad de sus impactos, dado que propició que por primera vez se contara con una orientación estratégica surgida desde las propias entidades federativas y en la que intervinieron diversos actores sociales, no sólo instancias oficiales. Es decir, hay consenso en que es mucho mejor haberlos elaborado que no haber contado con ellos.
En el marco de las acciones del DEDS, el Cecadesu promovió, con un procedimiento participativo que incluyó talleres regionales en Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Saltillo y uno de cobertura nacional, el diseño de la citada “Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad en México”. La aplicación práctica de dicho documento quedó, en términos generales, casi en el limbo. Una de las razones es que fue publicada a fines del sexenio 2000-2006 y la siguiente administración federal no la retomó de manera prioritaria, aunque el documento sí logró constituirse en un referente teórico y contextual para la planeación de programas y proyectos de EAS a nivel nacional y en varias regiones del país, a decir de los educadores entrevistados. Si bien su vigencia expiró en 2014, la mayor parte de las propuestas y recomendaciones incluidas en el documento siguen pendientes. Un problema adicional es que poco se ha evaluado la aplicación de la citada estrategia y de dichos planes; sin embargo, como apuntan los educadores ambientales entrevistados, su importancia no ha desaparecido por completo, dado que son considerados acontecimientos importantes en el desarrollo de la EAS y de sus prácticas institucionales o personales.
Por su parte, existe consenso en que el marcado adelgazamiento realizado, a finales del año 2015, de la instancia federal encargada de este campo, el Cecadesu de la Semarnat, representó un retroceso importante.2 A pesar del fuerte golpe que para el campo significó lo anterior, no puede dejar de reconocerse el avance logrado al incluir a la EAS en ejercicios de planeación para el desarrollo, una vez que muchas de sus propuestas se remiten a crear o mejorar los sistemas de administración sustentable, es decir, a estimular las compras verdes, el ahorro de energía eléctrica, el manejo y uso eficiente del agua, entre otros asuntos, que son importantes, pero que no avanzan hacia la modificación más profunda de patrones culturales que terminan generando impactos profundos sobre los ecosistemas.
Durante los años que estuvo vigente el DEDS se registró la actualización de un porcentaje importante de los planes estatales de educación ambiental, o bien se hicieron adaptaciones para que dichos documentos respondieran específicamente a las condiciones de cambio climático. También se realizaron valiosos esfuerzos, aunque muy dispersos en el país, para la formulación de los programas municipales de educación ambiental. En esta línea destacaron algunas entidades, como Aguascalientes y Guanajuato, pues lograron que todos sus municipios contaran con dichos programas, elaborados no sólo con base en procesos administrativos, sino además de formación ambiental para los responsables de los mismos, aunque con resultados muy dispares.
Limitaciones en la incorporación de la EAS a la planeación gubernamental
La incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad a la planeación y a los programas y proyectos de los distintos ámbitos de gobierno, a pesar de los avances reconocidos, se llevó a cabo sin alcanzar alta prioridad y con frecuencia de manera desarticulada. En el terreno de los hechos, tal incorporación no alcanzó a obtener relevancia legislativa y normativa para poder establecer orientaciones destacadas, dado que tanto el Congreso federal como los locales no han comprendido suficientemente la importancia política que la EAS tiene en la resolución de la problemática ambiental.
En cuanto al plano de lo operativo, los programas oficiales ligados a la sustentabilidad que se han impulsado en los últimos tres lustros redujeron considerablemente el abordaje de lo ambiental a aspectos administrativos, normativos y de infraestructura, empobreciendo la complejidad al obviar otras dimensiones relevantes como la construcción ciudadana, la económica, la educativa, entre otras. En tal sentido, se aprecia, en general, que la planeación institucional en la que se ha incorporado a la EAS por lo general asume enfoques superficiales, resulta marcadamente insuficiente y, además, limitada en su ejecución, debido a que los planes de desarrollo de los ámbitos federal, estatal y municipal tienen vigencia por periodos políticos cortos (de tres o seis años), lo que provoca graves discontinuidades en el seguimiento de este y otros temas. Dicho de otro modo, los logros, cuando se dan, en la mayoría de los casos duran lo mismo que una administración, pues en la siguiente se debilita lo ya hecho, queda en el olvido o se sustituye con algo nuevo que termina rompiendo los ciclos de las iniciativas.
A pesar de que se han elaborado o actualizado planes de educación ambiental estatales y municipales, sobre todo para ajustarlos a las condiciones de cambio climático, y se han creado órganos vinculados a este campo, no es frecuente que lleguen a su etapa de aplicación, seguimiento y evaluación; de hecho, se les destina muy escaso presupuesto y personal capacitado, lo que se refleja a la postre en su reducida penetración en la sociedad. Además, los métodos que se emplean son en parte causa de planes poco viables, pues existe una tendencia generalizada a partir de situaciones deseables y no de la realidad del contexto político y financiero. En el mejor de los casos, se le supedita al rol de herramienta para la sensibilización, la capacitación o la concientización, por lo que el papel propiamente educativo queda en un plano muy restringido.
Por si fuera poco, los educadores ambientales que se encuentran en las instituciones de gobierno se ven supeditados a tomadores de decisiones que no pocas veces muestran