La violencia del terrorismo de Estado impactó de forma directa a la UP. Los dirigentes que se habían reincorporado a la vida civil son asesinados, al igual que muchos otros que no habían tenido ningún nexo político o ideológico con la guerrilla. La Unión Patriótica, lentamente, decidió reestructurarse y dotarse de una política propia e independiente de las Farc-EP. Este proceso se oficializó en abril de 1987, cuando la dirección de la UP rompió relaciones con la dirección de las Farc. Este comportamiento correspondía a la necesidad de subsistir como proyecto político en un momento en que el partido estaba en la mira de los paramilitares, quienes lo acusaban de ser la fachada de las Farc. Iván Márquez y Braulio Herrera, antiguos comandantes de los frentes 14 y 15 y a quienes se les había encargado la tarea de impulsar el movimiento político, fueron llamados por las Farc-EP a reincorporarse a los frentes militares. En ese proceso asumió la dirección del movimiento Jaime Pardo Leal, quien fue elegido máximo dirigente de la organización y se convirtió con el tiempo en su candidato a la presidencia de la República.
La permanencia de Pardo Leal al frente de la organización dura hasta su asesinato, el 11 de octubre de 1987, momento en el que lo reemplaza Bernardo Jaramillo. Al frente de la organización, Jaramillo asume como tarea principal no permitir la destrucción de la UP, a pesar de la persecución que se desató en contra del grupo en todo el país y comenzó a sumar vertiginosamente muertos en un genocidio político que no tendrá comparación en la historia reciente de Colombia. A Bernardo Jaramillo lo asesinan el 22 de marzo de 1990, lo cual se convirtió, a su vez, en el desvanecimiento de la Unión Patriótica y un distanciamiento cada vez mayor hasta la absoluta separación de las Farc-EP y el PCC.
La nueva experiencia de conformación de una organización política y de masas tendrá que esperar una década más hasta la conformación del Partido Comunista Colombiano Clandestino y El Movimiento Bolivariano.
El Partido Comunista Colombia Clandestino
y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia
En medio del proceso de paz y al conmemorarse los treinta y cinco años del surgimiento del movimiento insurgente, el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-EP emite el pronunciamiento anual de conmemoración, en el cual, además de hacer un recuento de su origen, su programa y sus conferencias, de señalar los procesos de paz adelantados y los logros obtenidos hasta el momento, convoca al pueblo colombiano a la formación de un nuevo movimiento político, clandestino en su funcionamiento, amplio en sus criterios y revolucionario en sus objetivos, resumido en la Plataforma
Para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional que pasará a llamarse “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia”:
Con el convencimiento [de] que los explotados y excluidos del régimen oligárquico y corrupto, encontraran en ese nuevo movimiento una alternativa a los decadentes partidos tradicionales, alternativa que busca proyectar hacía un futuro libertario, las acciones y los anhelos de las mayorías, teniendo como garantía en su conducción, la integridad y la firmeza del movimiento guerrillero fariano. (AH-Farc-EP, 1997)
En el ámbito político organizativo, en este periodo se gestan al interior de las Farc-EP dos estructuras organizativas dirigidas a producir una dinámica política más intensa en la organización que termina por deslindar campos con el PCC: El Partido Comunista Colombiano Clandestino y El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB)
El proceso del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia se remonta a finales de 1997 cuando las Farc-EP dieron a conocer internamente lo que en su momento se denominó “Manifiesto bolivariano”, en el cual se plantea que Colombia está en crisis porque los gobernantes liberales y conservadores han utilizado sus cargos con el fin de favorecer a los ricos y para su propio beneficio; que sus gobiernos solo han defendido la insaciable voracidad de los dueños del gran capital, de los latifundistas y de los diferentes carteles del narcotráfico, y que han entregado la soberanía de la nación a los Estados Unidos de Norteamérica en contravía de la dignidad de todo el país (AH-Farc-EP, noviembre de 1997).
El manifiesto señala que las clases políticas y económicas tradicionales, a fin de mantenerse en el poder, han acudido a una guerra sin reglas desde los tiempos de los atentados al Libertador Simón Bolívar y al Mariscal Antonio José de Sucre, hasta los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán y Jaime Pardo Leal. Asimismo, que los jefes liberales y conservadores han utilizado el crimen y la violencia como herramienta principal del Estado para imponer su ley, de modo que han llevado el terror y la intimidación a un pueblo anhelante de tolerancia democrática, justicia y bienestar. Señalan que estos grupos, con el propósito de liquidar toda manifestación de protesta e inconformidad, incorporaron la doctrina de seguridad nacional como concepción de Estado, por lo cual declararon enemigos internos a todos aquellos que no se resignan a su política de hambre y exclusión; que las clases dominantes pregonan la defensa de los derechos humanos mientras estimulan la pena de muerte practicada por las Fuerzas Armadas sin freno y desde siempre; que hacen alarde de las “libertades ciudadanas” pero llevan cincuenta años gobernando bajo el régimen de estado de excepción, el cual la nueva Constitución cambio por “conmoción interior”; que se rasgan las vestiduras contra el crimen al mismo tiempo que los organismos de seguridad del Estado incrementan la desaparición de sus opositores y ratifican una y otra vez el fuero militar (verdadero ingenio de la impunidad), mientras se lamentan de la ineficacia de su justicia. También dicen abogar por mantener la población civil alejada de la confrontación armada pero intensifican su tarea de “quitarle el agua al pez”, lo que significa asesinar los civiles no afectos al Gobierno y la aprobación oficial de las cooperativas Convivir para armar civiles, incorporarlos a la guerra sucia, legalizar así la acción del paramilitarismo y, de paso, limpiar los expedientes judiciales de quienes han hecho del sicariato su profesión (AH-Farc-EP, noviembre de 1997).
El Manifiesto bolivariano señala que las clases dominantes han transformado a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en mercenarios a sueldo, convirtiéndolos en el terror de sus propios hermanos y en indiscutible causa de los funestos odios que desgarran al país. Asimismo, señala que la violencia de clase dirigida desde el Estado tiene el propósito de mantener a los trabajadores en miserables niveles de vida, en el sentido en que les regatean ínfimos aumentos salariales, les elevan los índices de desempleo, les rebajan las condiciones de existencia de las mayorías nacionales, les arrebatan la tierra a los campesinos y les niegan las mínimas aspiraciones al pueblo (noviembre de 1997).
El manifiesto es implacable en su crítica al sistema electoral, el papel de los medios de comunicación en la creación de la opinión pública, el estado de la justicia y el sometimiento de los jueces y la clase política al narcotráfico:
Los jefes liberales y conservadores le mienten al país en campañas electorales y en el ejercicio del poder haciendo de la política el juego del engaño, de la gobernabilidad, palanca de corrupción y de la justicia social una obra de caridad para la publicidad y los discursos oficiales. Su manejo monopólico de los grandes medios de comunicación les ha permitido manipular la información, erigirse en voceros de la llamada “opinión pública”, calumniar a sus opositores, mantener desinformados a pobres y explotados sobre la verdadera situación existente marginándolos así de la real solución de los problemas que caracterizan nuestro devenir político y social. Han convertido la justicia en farsa para aplastar adversarios, inconformes y desposeídos, evaporando las garantías fundamentales de todo proceso judicial, encapuchando cual delincuentes a jueces y testigos de la llamada “justicia sin rostro”, no para garantizar la rectitud y ética de los fallos sino para ocultar la venalidad y el manoseo descarado de una rama jurisdiccional al servicio de los poderosos de turno. (Noviembre de 1997)