El 4 de marzo una operación para tratar de detener a José Antonio Yépez, presunto líder de los “huachicoleros”, generó enfrentamientos en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Durante dos días los delincuentes cerraron carreteras del municipio de Villagrán. Las fuerzas policiales no lograron capturarlo. El abasto de combustibles se regularizó poco a poco y para el mes de marzo se podía comprar sin problema.
3. LA REFINERÍA DE DOS BOCAS
El 13 de marzo López Obrador desmintió al subsecretario de Hacienda, quien había declarado que no había recursos para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Dijo que las bases se darían a conocer la siguiente semana. El 19 de marzo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que el gobierno federal invitó a participar en el concurso a empresas de Estados Unidos, Francia, Italia y Australia.
El 9 de mayo el presidente anunció que el proceso se declaró desierto porque las empresas invitadas propusieron plazos y costos más altos de los establecidos por el gobierno mexicano que eran de tres años y ocho mil millones de dólares, respectivamente. Por esa razón anunció que la obra sería hecha por Pemex y la Secretaría de Energía. Prometió que la construcción comenzaría el 2 de junio y terminaría en mayo de 2022, pero para el fin del semestre las obras todavía no comenzaban.
4. PEMEX
Los indicadores de Pemex revelaron que en enero la empresa registró su nivel de producción más bajo en 30 años. El 3 de mayo el gobierno federal anunció medidas de austeridad en todo el gobierno para apoyar con esos recursos a la empresa. Diez días después se dio a conocer un acuerdo entre la petrolera y las instituciones financieras J.P. Morgan, Mizuho y HSBC por ocho mil millones de dólares, de los cuales 2,500 serán para refinanciar la deuda de la empresa y los otros 5,500 se destinarán a la renovación de dos líneas de crédito. Pese a ello, el 6 de junio la financiera Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. Con ello se sumó a las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, quienes quitaron a la empresa mexicana el grado de solvencia crediticia. El 12 de abril el gobierno federal había anunciado una “línea de salvamento” para Pemex por cien mil millones de pesos del fondo de estabilización de ingresos públicos.
5. GUARDIA NACIONAL
El 28 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que tendrá un mando civil y que estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque permite la participación de militares en tareas de seguridad pública durante cinco años. La nueva corporación estará formada por elementos de las policías militar, naval y federal que conservarán sus rangos, pero que podrán ser enjuiciados por autoridades civiles en caso de que cometan algún abuso. De manera gradual se incorporarán elementos que provengan del ámbito civil.
La guardia, propuesta por el presidente, deberá coordinarse con las policías municipales y estatales que continuarán operando. 463 legisladores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y solamente la diputada independiente Ana Lucía Riojas lo hizo en contra.
La creación de la nueva corporación suscitó intensos debates a lo largo del semestre pues mientras el presidente y su partido impulsaban que la corporación tuviera un mayor tinte militar, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos advertían sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública.
El 10 de enero Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, aseguró que luego de escuchar a los ciudadanos el presidente decidió que la guardia tuviera un mando civil. El 17 de enero la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que así lo establecía. López Obrador reaccionó:
Tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer. No estoy satisfecho. (5)
Cinco días después el Senado comenzó la discusión. En comisiones, los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) aprobaron un mando civil–militar sin limitaciones de temporalidad para la participación del Ejército. El 18 de febrero los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sesión pues, señalaron, se pretendía someter a votación el dictamen sin discusión. En los siguientes días los legisladores acordaron que las Fuerzas Armadas participarían por cinco años en tareas de seguridad pública y sustituyeron un estado mayor militar por una coordinación interinstitucional. Para el 14 de marzo la iniciativa había sido aprobada también por los congresos de los estados.
El 11 de abril López Obrador nombró al general Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional. Indicó que su gobierno no se dedica- ría a perseguir a capos sino a proteger a la población. El 26 de ese mes, tras la masacre en Minatitlán, Veracruz (véase más adelante el apartado “23. La violencia”) el presidente anunció el comienzo de operaciones de la Guardia Nacional en ese lugar.
A principios de junio envió seis mil agentes a custodiar la frontera sur (véase el apartado “15. Migración”). El 21 de mayo el Senado aprobó las cuatro leyes secundarias que regulan a esta corporación. En ellas se establecen la estructura de la Guardia y protocolos de actuación, se prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones y se le faculta, entre otras cosas, para realizar labores de inteligencia mediante la intervención de telecomunicaciones, vigilancia de la Internet y operaciones encubiertas. Dos días después la Cámara de Diputados dio también su visto bueno. El 30 de junio el presidente encabezó una ceremonia militar en el Campo Marte con la que se puso en marcha formalmente a la nueva corporación.
6. LOS AEROPUERTOS
Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó el 3 de enero que las obras de construcción del aeropuerto de Texcoco se habían ya suspendido y que comenzaron a cancelarse los contratos con las empresas encargadas de realizar la obra. El 10 de febrero López Obrador visitó la base aérea militar de Santa Lucía. Ahí anunció que el Ejército encabezará las obras para convertirlo en un aeropuerto civil, que llevará el nombre de Felipe Ángeles, y que serán para esta institución los beneficios económicos que resulten de este.
El 29 de abril el presidente dio el banderazo de arranque a la construcción. Durante el semestre se dio a conocer que un cerro aledaño podría complicar la operación de la terminal aérea, así como la existencia de 33 sitios arqueológicos en la zona que podrían verse afectados.
Organizaciones sociales presentaron amparos contra el inicio de las obras. Las autoridades judiciales ordenaron se suspendiera la construcción en tanto no se tengan los estudios de impacto ambiental y de seguridad aérea.
7. LAS ESTANCIAS INFANTILES Y LOS HOSPITALES
Uno de los asuntos que generó mayor polémica durante el semestre fue el anuncio del gobierno federal de cancelar el dinero que entregaba como apoyo a las estancias infantiles para en su lugar otorgarlo directamente a los padres de los menores. El 12 de febrero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el recorte al programa vulneraría las garantías a los niños. El 21 de mayo 60 estancias infantiles de Chihuahua obtuvieron un amparo contra la suspensión del recurso. El 7 de febrero se registraron diversas manifestaciones en hospitales debido a la suspensión de pagos por horas extras y guardias a personal de salud.
El 8 de abril el gobierno federal vetó a tres empresas que controlaron más de 60% de la venta de medicamentos al sector salud durante el sexenio anterior. El 23 de mayo directores de una docena de hospitales de alta especialidad solicitaron a la Cámara de Diputados mediar con la Presidencia para liberar 2,300 millones de pesos retenidos a los hospitales. Médicos denunciaron que la falta de insumo afectaba gravemente a pacientes, incluidos niños recién nacidos.
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