En relación con la situación de (RB) Venezuela (República Bolivariana), la alusión fue bastante sutil: solo se menciona tomar nota del Comunicado de la Celac en el que manifiesta su rechazo a las medidas unilaterales tomadas por Estados Unidos en contra de Venezuela (RB) y los insta a resolver sus conflictos haciendo uso de los mecanismos pacíficos de solución de diferencias.
De la tercera parte de la Declaración es protagonista el tema ambiental, por lo que se expresa: “… La voluntad de adoptar un acuerdo mundial jurídicamente vinculante al amparo de la CMNUCC en 2015, a más tardar, y de que este entre en vigor y se aplique a partir de 2020, y que sea aplicable a todas las partes” (Consejo Europeo, 2015). Conviene destacar que respecto a la política sobre las drogas, se prevé trabajar en pro de defender una posición conjunta ante la Asamblea de la ONU celebrada a principios del año en curso.
Conforme a la Declaración, en el Plan de Acción se incluyen dos nuevos capítulos: «La educación superior» y «La seguridad ciudadana»; así mismo, se prevé la actualización del capítulo sobre «Desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y energía» según los resultados del 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21). Para la próxima cumbre, se espera incluir un capítulo sobre la seguridad alimentaria. Además de la acostumbrada Declaración y la renovación del Plan de Acción, se produjo una Declaración Política, en la cual los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados de ambas regiones, así como los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, plantean el enfoque para lo que denominan, una “Asociación para la próxima generación”, en la cual refuerzan su compromiso de respetar las normas del derecho internacional desarrolladas por las resoluciones de la ONU, además de trabajar en pro de la consolidación de la paz y de medidas de protección ambiental ante el cambio climático. La declaración finaliza con un mandato dirigido a los ministros en los siguientes términos:
Con objeto de reforzar nuestro diálogo birregional, ahondar en nuestras relaciones mutuas a fin de que alcancen todo su potencial, atender a las legítimas expectativas de nuestros pueblos y responder de manera efectiva a los retos mundiales, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Bruselas, damos mandato a nuestros Ministros de Asuntos Exteriores para que inicien un ejercicio de reflexión exhaustivo e integrador sobre el futuro de la relación birregional, que incluya la evaluación de los programas y acciones adoptados durante las cumbres, y sobre la mejor manera de alcanzar esos objetivos comunes. El resultado de este ejercicio se presentará durante la sesión birregional de Ministros de Asuntos Exteriores que tendrá lugar en 2016 (Consejo Europeo, 2015).
Aunque la tendencia de comunicados entre cumbre y cumbre no cambia y nos siguen anunciando estrategias renovadas y declaraciones que reiteran compromisos6, progresivamente hay cada vez un mayor esfuerzo por brindar coherencia a la relación birregional (Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, 2008). No obstante, alcanzar consensos o avances considerables en medio de tantos intereses diversos no ha sido ni será tarea fácil. Como se enunció anteriormente, las Cumbres UE-Celac reúnen a 61 delegaciones estatales, de ellas 20 son latinoamericanas, 13 caribeñas y 28 de la UE, además de las delegaciones que representan los bloques subregionales (Del Arenal y Sanahuja, 2010)7. Maihold viene demandando reformas de fondo que deberían introducirse en el proceso “entre-cumbres”, para que no siga en entredicho el carácter vinculante de la “Diplomacia de Cumbres” (Maihold, 2006). En ese sentido, significa un avance el mandato dado a los ministros en la Declaración Política de Bruselas 2015. En todo caso, más allá de que el potencial de estas reuniones se pueda estar desaprovechando y, más que juzgarlas por su carácter blando o no vinculante, hay que aprovechar el concurso que se produce entre una y otra reunión, puesto que así estas fuerzas coordinadas, y ahora evaluadas, podrían dar resultados tangibles en la relación birregional.
2. DIÁLOGO PARLAMENTARIO: ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EUROLAT)
La Eurolat está conformada por 150 miembros: 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano. La representación de ALC se compone, a su vez, por los miembros de los parlamentos de las subregiones: el Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y Parlasur (Parlamento del Mercosur). Además, por parlamentarios de los congresos nacionales de México y Chile. Con ello, se garantiza la participación de toda la región; se organiza por comisiones sectoriales (asuntos políticos, económicos, sociales, de sostenibilidad y un grupo de trabajo ad hoc sobre cuestiones migratorias) y se reúne al menos dos veces al año. Aunque sus decisiones no crean derecho, sus resoluciones, recomendaciones y mensajes sí son un canal apropiado para concertar políticas birregionales sobre temas cruciales como el agua, el cambio climático, la corrupción, el feminicidio, etc. Así lo ha venido haciendo y su trabajo nutre las discusiones que tienen lugar en las cumbres ministeriales y presidenciales (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 2016).
RELACIÓN A NIVEL SUBREGIONAL
Los sistemas de integración regional en ALC subsisten, pese a los constantes reveses que sufren por las negociaciones y acuerdos alcanzados por sus miembros de manera bilateral o multilateral con terceros Estados y con la misma UE. A continuación, se presenta un sucinto recuento de cómo ha sido la relación UE-subregión, resaltando su papel como promotor de ese diálogo que hoy ha desembocado en una alianza política fructífera a nivel regional como se expuso en el acápite anterior.
1. LA UE-COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)
La relación entre la CAN con las comunidades europeas se remonta a los años setenta, comenzando como relaciones de cooperación, que luego abarcan un diálogo político. En 1983, se firma el Primer Acuerdo de Cooperación de “segunda generación”, no preferencial. Pero fue en 1987, paralelo al diálogo de San José con los Estados centroamericanos, cuando se iniciaron las relaciones de manera oficial con el Grupo de Río, que a partir de 1990 institucionaliza reuniones ministeriales bianuales gracias a la Declaración de Roma. El diálogo de Río desemboca en cada reunión en una ambiciosa agenda que conspiraba en contra de la concreción de los acuerdos. En la última década esta tendencia a la dispersión temática no cambia y podemos ver como en Grecia 2003, el debate abarcó cohesión social y gobernanza democrática; en Luxemburgo 2005, se discutió sobre integración, cooperación, creación de empleo y Haití; en República Dominicana 2007, se discutió sobre medio ambiente, cambio climático, lucha contra la pobreza, multilateralismo y países de renta media. En la República Checa 2009, no se trató la consolidación democrática, seguridad y procesos de paz como estaba previsto (Nieto Solís, 2007), sino que se optó por una declaración conjunta sobre fuentes renovables de energía y recuperación de la estabilidad financiera mundial (Declaración Conjunta UE-Grupo de Río, 2009).
El relacionamiento pluritemático de la Comunidad Europea no dejó de lado a la Comunidad Andina (CAN) toda vez que el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 incluyó principios de diálogo político. Pero solo fue hasta la Declaración Conjunta de Roma en 1996 cuando se institucionaliza este mecanismo y se pactan otras reuniones paralelas, unas celebradas a nivel ministerial con el Grupo de Río y otras a nivel presidencial en las cumbres América Latina, Caribe y Unión Europea (Alcue). En ambas se discutiría sobre democracia, derechos humanos e integración. En el 2003 se suscribió el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-CAN, que versa sobre estabilidad política, consolidación Estado de derecho, derechos humanos, integración regional, lucha contra la pobreza y contra el tráfico de drogas, armas y personas (Tremolada, 2009).
La relación CAN-UE se ha enfocado, entonces, en los instrumentos de cooperación, por lo que no es errado inferir que la Comunidad Andina ha sido la región latinoamericana que más ha recibido cooperación al desarrollo. Entre 1973 y 1982 era de índole bilateral (desarrollada a escala nacional, directamente con los Estados miembros), dirigida principalmente al impulso del desarrollo rural, la agricultura, la salud y la educación. El Acuerdo de Cooperación de 1983 marcó un segundo ciclo que abordó, de manera más integral, los asuntos de la cooperación económica y comercial. En esta etapa la UE adoptó el SGP-Droga (1990),