Esta situación genera una aparente incompatibilidad. Por una parte, es innegable que las normas de los manuales de convivencia deben ser cumplidas por el estudiante, así hayan sido sus padres o tutores quienes se hubieran obligado por él. No podría ser de otra forma. Pero, por otra parte, también es necesario tener en cuenta que el niño y el adolescente no cuentan aún con los criterios suficientes para entender con claridad los efectos de las obligaciones adquiridas. Por lo tanto, según la Corte Constitucional:
La obligatoriedad de ciertas normas puede con el tiempo ir perdiendo su legitimidad para el escolar, ante la creciente posibilidad de separar su identidad de la de sus padres y de disentir, en la medida que se gesta su desarrollo, de las normas que aparentemente violan sus expectativas o sus aspiraciones de vida [Sentencia T-944 de 2000].
En virtud de lo anterior, los manuales de convivencia deben garantizar a los estudiantes la posibilidad de expresar su disentimiento y diferencia frente a los demás y frente a las normas adquiridas, dentro de los límites del respeto a los demás y a la comunidad educativa. Según la Corte Constitucional:
Ese procedimiento de disentimiento y de ejercicio de participación ante la comunidad educativa, en aras de expresar nuevas formas de ver el mundo e incluso de pretender modificar postulados y, por qué no, perfeccionar las normas que rigen los destinos de los estudiantes puede garantizar que ciertos comportamientos, en lugar de ser reprimidos, sean canalizados mediante procedimientos institucionales, que permitan el debate dentro del seno del mismo centro educativo y, por ende, enriquezcan la comunidad [Sentencia T-124 de 1998].
Esto quiere decir que los manuales de convivencia, en desarrollo de los artículos 2 y 45 de la Constitución de 199119, deben establecer un procedimiento claro y expreso, definido por la comunidad educativa, que permita y fomente el ejercicio del derecho a disentir de los estudiantes por medio de mecanismos participativos e institucionales que lleven, incluso, a la modificación o perfeccionamiento de los preceptos del manual de convivencia. En este sentido, la Ley 1620 del 2016 ha fijado en cabeza de las instituciones escolares la responsabilidad de revisar y ajustar el manual de convivencia, mediante «un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa» (Artículo 17, N° 4). Según la jurisprudencia constitucional:
Este aspecto garantiza no solo el respeto por las normas impartidas por la comunidad y su necesario cumplimiento, sino también la posibilidad de disentir, debatir y participar en el contexto educativo, tal y como la Constitución Nacional lo autoriza y reclama [Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 1998].
Con esto se busca, entre otras cosas, garantizar a los jóvenes un acceso más real a los contextos que definen las normas destinadas a gobernarlos para, de esa forma, garantizar también «una expresión clara de los sujetos con opiniones diferentes y con consideraciones o ideas distintas, susceptibles de ser ponderadas y evaluadas por el resto de la comunidad educativa, en un ejercicio real y no retórico de la tolerancia» (Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 1998).
Se suele considerar que lo anterior se logra, en cierta medida, con el hecho de contar con representantes de curso y con un personero estudiantil. Sin embargo, es claro que se deben implementar otros procedimientos que permitan una verdadera expresión de ideas por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. «De esta forma se le permite al menor homogeneizar sus aspiraciones, o por lo menos someterlas a discusión, con las consideraciones de los demás y el ordenamiento jurídico en general, que regula a la colectividad y a su comunidad educativa» (Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 1998).
Ahora bien, ¿qué tipo de procedimientos se debe instaurar? Al respecto, es necesario señalar que la Corte no ha especificado concretamente ninguno de ellos. Simplemente se ha limitado a afirmar que estos deben ir más allá de la simple representación estudiantil en el gobierno escolar, y que la concretización de tales procedimientos corresponde a un proceso que debe desarrollarse dentro de la misma comunidad educativa, en un clima de participación y ejercicio de la diferencia que se debe dar en ella.
La ley y la Constitución como límites frente a los manuales de convivencia
La ley y la Constitución deben constituirse en los faros orientadores de toda la normativa contenida en los manuales de convivencia. En principio, las leyes superiores y la Constitución aparecen como límites de las reglas establecidas en los manuales. La jurisprudencia constitucional ha sido ampliamente reiterativa en este aspecto:
Los manuales de convivencia encuentran como límite último el respeto no solo de los derechos fundamentales y de la Constitución en general, sino también de la concreción legal que de ellos se haga. Su eficacia depende, en consecuencia, del grado de armonía con los derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior [Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 2003]20.
La mayor parte de la jurisprudencia que se presenta en este texto se refiere a casos en donde la Constitución se ha aplicado como límite frente a las normas de los manuales de convivencia que han contrariado algún derecho fundamental. Sobre este punto la Corte ha dicho una y otra vez que «los manuales de convivencia no pueden contener cláusulas contrarias a los mandatos constitucionales o que en su aplicación se vea comprometido el goce de los derechos fundamentales» (Sentencia T-918 de 2005). En el mismo, sentido, pero con otras palabras la Corte señaló:
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