En las entrañas de las redacciones, sin embargo, ese criterio puede terminar entrelazado también con la búsqueda de la comodidad de los mismos poderes que se fiscalizan. Además de la dominancia de los poderes económicos y la presencia de incontables intereses privados en los medios masivos de comunicación, el periodismo está sometido a diferentes presiones provenientes de quienes detentan el poder público. Cuando la labor periodística antepone la verdad (satisfactoria o no) a la comodidad del poder y los poderosos, se revela de forma particularmente vivaz la distinción de verdades insatisfactorias/incómodas. Lo ocurrido con la Revista Semana este año así lo demuestra.
“Semana tenía la investigación del New York Times”, reveló el portal político La Silla Vacía en mayo de este año, en un artículo en el que contó que la revista tenía el mismo material que el diario estadounidense sobre unas directivas del Ejército que podían fomentar, de nuevo, los crímenes de lesa humanidad conocidos como “falsos positivos”.
El artículo de Revista Semana nunca vio la luz. El trabajo de The New York Times se publicó en su versión impresa y en línea el tercer fin de semana de mayo de 2019, titulado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”. Los detalles allí develados pusieron en serios aprietos al gobierno del presidente Iván Duque, pues trascendió que entre las nuevas instrucciones a los integrantes del Ejército figuraba que no se podía exigir perfección a la hora de ejecutar ataques letales, así como que el Ejército estaba de nuevo pidiendo aumento de números, entre ellas, de bajas en combate.
La Silla Vacía contó también que funcionarios cercanos al presidente Duque supieron del asunto por los periodistas de Revista Semana. El propio director, Alejandro Santos, confirmó esa versión, lo que hizo hincapié en la pregunta ¿Por qué Revista Semana se guardó la información que tenía? O, en línea con nuestra argumentación, ¿qué incomodidades generaba y a quiénes, como para no publicar una información de esa naturaleza? Ciertamente se trataba de una verdad incómoda para el Gobierno, como lo confirma la carta que elevó la Cancillería de la República al editor de The New York Times el 19 de mayo de 2019 en la que reclamó por la visión “distorsionada, parcial y tendenciosa sobre los esfuerzos en el Estado colombiano y las Fuerzas Militares han hecho para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad”.
Se trató de anteponer la comodidad del sistema político al deber frente a los lectores de divulgar la verdad. Las verdades incómodas pueden ser satisfactorias para la sociedad, aunque también pueden resultar insatisfactorias. Frente a esto, los medios de comunicación son el epicentro del debate sobre el valor de informar lo que a nadie le gustará. En una sociedad de consumo, en la cual el confort es uno de los objetivos primordiales de los sistemas sociales, aquellas instituciones que no proveen comodidad y cuyos hallazgos generan una disonancia en las expectativas sociales pueden generar grandes procesos de silencios aceptados. Los medios de comunicación son relevantes puntos de encuentro de estas ansiedades sociales.
Muchas veces las verdades incómodas son a su vez insatisfactorias para los poderes cuando abarcan puntos sensibles como la posible comisión de delitos, lo cual podría poner a funcionarios en problemas jurídicos y políticos. Esto nos devuelve a la distinción entre la satisfacción social y la satisfacción de las víctimas concretas.
El contenido de lo que es una verdad satisfactoria tiene unas características distintivas cuando se centra en la atención por las víctimas concretas. “Es muy importante que se dé a conocer, que se sepa qué fue lo que pasó, quién lo hizo”, dice Doris Tejada (2019), quien aún no tiene una tumba en la cual llorar a su hijo, Óscar Alexander Morales Tejada, víctima de ejecución extrajudicial en 2008. Hasta la fecha, el cuerpo de su hijo no ha sido plenamente identificado y, por ende, sus restos no han sido devueltos a su familia. “Para nosotros es importante por la memoria, pues seguimos con la memoria hacia adelante, para que no los olviden y para que esto lo conozca todo el mundo […] Yo, personalmente, quiero darle cristiana sepultura […] Que estén desaparecidos afecta enormemente. Ya que hicieron el daño, que medio se repare ese pedacito diciendo lo que tengan que decir [los perpetradores]. Es una reparación muy satisfactoria decir toda, toda la verdad” (2019).
En este relato, que obtuvimos a través de una entrevista en profundidad, es visible la construcción de la verdad bajo un criterio de satisfacción que opera una distinción entre la verdad para el mundo y la verdad para sí. Por un lado, está el conocimiento público de lo ocurrido y, por otro, está una forma de reparación personal. Los dos costados analíticos de la distinción constituyen una verdad satisfactoria. De esa forma, un conocimiento privado de lo acaecido, cursado por el olvido social, sería insatisfactorio desde la perspectiva de la víctima concreta.
La satisfacción es entonces construida desde la víctima, en este caso, teniendo en cuenta un criterio de memoria (“que no los olviden”). Esta misma reflexión la obtuvimos de Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de Gloria Anzola, mujer desaparecida en los hechos del Palacio de Justicia, en 1985. Al preguntársele por sus expectativas en el caso, decía que uno de sus objetivos era “que estos hechos no queden en olvido”, pues “las memorias de las víctimas no pueden quedar en el olvido”. La verdad está constituida así, por medio de la reflexión de articular socialmente un relato no solo de lo ocurrido, sino de su permanencia en los discursos sociales. Dicho relato, además, es satisfactorio en la medida en que excede el hecho mismo de la desaparición, de modo que abarque el reconocimiento de la existencia de sus seres queridos (“que no los olviden”).
Frente a esta distinción, la verdad constituye un todo. “Decir toda, toda la verdad” quiere decir que las verdades parciales no satisfacen la medida de la reparación que se busca. En nuestro trabajo con víctimas de desaparición forzada (Umaña, 2017) y de otros graves crímenes, como secuestro u homicidio, hemos podido constatar la necesidad vital de comprender lo que ocurrió y que junto con las personas o los cuerpos se entienda la trayectoria de lo ocurrido y las razones, el porqué.
Si hablamos, por ejemplo, de una realidad de desaparición forzada, la expectativa de verdad debe satisfacer una necesidad vital para las víctimas: encontrar a las personas desaparecidas. Esta necesidad puede incluso no ser visible para la sociedad o tal vez depuesta por el paso del tiempo o las dificultades de un proceso de búsqueda. Al respecto, es visible, por ejemplo, que los procesos penales no suelen estar equipados con herramientas técnicas, con una orientación práctica o con una experticia específica para encontrar, identificar y devolver a las personas o entregar dignamente sus cadáveres. La concentración del sistema de responsabilidad penal es el procesamiento judicial de las conductas nocivas antes que atender las necesidades de las víctimas.
“No esperamos que pasen 100 años en la cárcel. Eso no nos devuelve nada de lo que nos robaron, nada de la humillación, ni un día de la tranquilidad que perdimos. Lo que pedimos es verdad y sobre ella es que se tiene que trabajar en la mesa [de La Habana]. Qué fue lo que ocurrió y por qué” (Gómez Maseri, 21 de octubre del 2015), expresó Jineth Bedoya, periodista y sobreviviente de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano.
En el caso del Palacio de Justicia en Colombia, uno de los familiares de los trabajadores de la cafetería desaparecidos forzosamente nos narró: “Manteníamos la esperanza por años de que de pronto estuvieran detenidos, aunque fuera de manera arbitraria, pero que íbamos a recuperarlos […] eso se fue desvaneciendo con el tiempo”. Al respecto, César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, trabajador desaparecido, afirmó: “Mi papá era mucho más pragmático y consciente de que