FASES DEL PROCESO DE CREACIÓN DE MARCOS
1. Localización de un tema y su interpretación como un problema social (Marco de Diagnóstico)
Delgado (2007) afirma que para que surja la conciencia de pertenecer al colectivo de personas afectadas, se necesita hacer el tránsito de una situación de desgracia hacia la configuración de un marco de injusticia entre dichas personas. Este paso requiere un cambio cognitivo en la forma como se entiende un problema, por lo que los marcos de injusticia son indispensables para movilizar a los eventuales miembros a favor de aquello que consideran un derecho. Sin embargo, el componente de injusticia no solo está constituido por lo racional sino también por lo emocional, algo que Gamson (1996) describe como la indignación moral expresada en conciencia política.
En relación con la movilización de los campesinos colombianos podríamos decir que en 2013 coincidieron varios factores que condujeron a su indignación. Inicialmente, cabe hablar de la decisión del gobierno de acentuar la erradicación de los cultivos de hoja de coca que se venía dando en la región del Catatumbo17 desde comienzos del año, lo que condujo al enfrentamiento entre los campesinos, los erradicadores y las unidades militares que los estaban resguardando. Sobre la problemática generada y las consecuencias de la misma, Alberto Castilla explica:
En 2013 se manifiesta una expresión de indignación del sector campesino, en la medida en que no se siente la atención del Estado, se criminaliza a quienes cultivan la hoja de coca, hay un incremento en la judicialización, pero no hay alternativas por parte del Estado. Continúan abandonadas todas las vías, el problema se educación es muy fuerte. Se genera entonces una sumatoria de problemáticas que van creando una especie de olla a presión que explota y el campesinado dice, tenemos que salir a hacernos escuchar. Eso que sucedió en el Catatumbo se concreta en una gran movilización que se va prolongando en el tiempo.
Por su parte, César Jerez manifiesta:
El paro campesino del Catatumbo tuvo una primera razón fundamental y era la fuerte campaña de erradicación violenta de los cultivos de coca en esa región, que se estaban dando desde ese año; el enfrentamiento entre los campesinos, los erradicadores y las unidades militares que estaban resguardando a los erradicadores. Se dan entonces una serie de eventos violentos en la región, el gobierno colombiano continuaba empecinado en mantener la erradicación y es cuando las bases campesinas que están agrupadas en la asociación campesina del Catatumbo toman la decisión de adelantar un paro para evitar que la confrontación entre grupos derivara en confrontaciones más trágicas. Por eso se decide tomar la carretera Tibú-Cúcuta en el kilómetro 4 y la entrada que comunica el resto del país con el Catatumbo a la entrada de la ciudad de Ocaña. En ese momento se movilizan 17.000 campesinos.
Lo que aquí se desata es una especie de furia de los habitantes del Catatumbo que vieron en el paro la posibilidad de agrupar una serie de reivindicaciones. No es solamente por el asunto cocalero sino también para llamar la atención sobre lo que había pasado en la región donde hubo 12 mil víctimas mortales del paramilitarismo, centenares de mujeres violadas, miles de personas desplazadas y desaparecidos en hornos crematorios, todo eso en connivencia con el Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Luego del paro del Catatumbo se da una especie de cascada de movilizaciones campesinas en todo el país, en las cuales se expresan múltiples reclamaciones producto de un cambio económico en lo macropolítico originado en la apertura económica de finales del siglo XX, seguidas de la firma de varios tratados de libre comercio en la primera década del siglo XX y del quiebre de la economía campesina en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, que comportan finalmente la inviabilidad económica de pequeños y medianos productores campesinos. Por ello, marchan los indígenas papicultores de Túquerres –departamento de Nariño–, en protesta por los altos costos de los insumos para la producción y en busca del establecimiento de un precio mínimo de venta por carga de papa, que les garantizara la recuperación de su inversión, los gastos de producción y un margen mínimo de ganancia. Marchan los campesinos de las zonas rurales de las ciudades –Usme y Sumapaz en Bogotá–, en protesta por la falta de redes de comercialización de sus productos. Marchan los papicultores del departamento de Boyacá, en busca de fijar un precio de sustentación, frenar las importaciones y establecer un plan de choque contra el ingreso de papa de contrabando. Marchan los indígenas del Huila y del Cauca, más cercanos a las reivindicaciones de los caficultores, exigiendo que la Federación Nacional de Cafeteros trabajara en un fondo de estabilización para que les pagaran un precio constante. Marchan también los caficultores, por la misma razón, y los arroceros del Tolima, Meta y Casanare –campesinos que hacen parte de las clases medias–, en protesta porque entre las importaciones de los tratados de libre comercio, la inoperancia del Gobierno para controlar los precios, el contrabando y el monopolio de las molineras de las que dependen para vender su producto, se estaban asfixiando. Y marchan más de 30 mil trabajadores del sector panelero, por los más de 20 mil trapiches que dan trabajo a casi 390 mil personas pero arruinados por la competencia desigual con los productos importados como el jarabe de maíz y el azúcar.
César Jerez expone:
Nosotros buscamos siempre que el paro agrario fuera una continuidad del paro en el Catatumbo. Temporalmente no fue tan así, pero podemos decir que el paro del Catatumbo por su dimensión, por el impacto económico que tuvo, por el impacto político, por el costo político para el gobierno nacional, fue una referencia definitiva para que iniciara el paro agrario.
De lo anteriormente expuesto podemos inferir que los enfrentamientos de los campesinos y la fuerza pública por la erradicación forzada son el detonante de un conflicto que luego se ve agudizado y al que se le suman muchos más reclamos represados por más de una década. Si bien la violencia estatal causada por la erradicación de cultivos ilícitos no es algo novedoso18, los campesinos encuentran en las medidas de fuerza impuestas en 2013 por el gobierno de Juan Manuel Santos un motivo; entonces, la situación que fue vista como infortunada por tanto tiempo, en 2013 viene a ser percibida como injusta o inmoral. Posteriormente en el resto del país, a pesar de la diversidad de actores y de intereses, se logra aglutinar a cientos de organizaciones en torno a una gran movilización campesina, indígena y afro, que también deja de ver su situación como infortunada y empieza a considerarla como inmoral.
2. Atribución causal del problema a agentes (Marco de Diagnóstico)
En el caso de la movilización campesina, el agente responsable está definido: se trata de los gobiernos que propician acciones nocivas para el campesinado, tales como las violaciones a los derechos humanos, la firma de tratados de libre comercio y el incremento en los costos de los insumos. Además, los gobiernos se muestran indolentes ante los reclamos de los campesinos, e incluso desconocen la existencia de las movilizaciones.
En este punto vale la pena recordar las declaraciones de Juvenal, indígena de la etnia Embera Chamí:
El panorama no ha sido muy favorable, hay problemas estructurales como la política de cultivos de uso ilícito, la redistribución de la tierra, la formalización de la tierra de los campesinos y, sobre todo, las políticas macroeconómicas que van apuntando hacia proyectos extractivos y de gran industria, específicamente monocultivos que cada vez agudizan más la crisis de falta de oportunidad del campo colombiano. Un ejemplo es la ley de Zidres19 que el país no conoce muy bien y [de la] que el gobierno solo ha mostrado las bondades, pero que solo busca profundizar la industrialización a gran escala en detrimento de los pequeños productores y del campesinado colombiano.
La atribución de responsabilidad no solo está dirigida a los gobiernos, pues también hay una individuación de los destinatarios –en este caso el presidente Santos o el expresidente Uribe–, a quienes se les reprochan acciones u opiniones entendidas como moralmente reprobables.
Juvenal explica esta situación de la