– Dentro de las situaciones de pobreza de las familias, emergen nuevos rasgos, vinculados al proceso de modernización del país. Entre ellos: crédito de multitiendas que permiten adquirir equipos electrodomésticos que luego pueden perderse, endeudamiento, rechazos en la atención primaria de salud por aparecer en registros de Isapres correspondientes a un período anterior en que se tuvo contrato de trabajo, etcétera.
Una encuesta hecha por la Universidad de Chile a petición del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza (1996) sobre la base de una muestra de 435 hogares pobres de la Región Metropolitana, utilizando hogares de capas medias como grupo de control, confirma y complementa lo anterior, revelando características que entregan una visión más comprensiva, y menos restringida a lo económico, de la realidad de las familias pobres.
Las familias estudiadas tenían un mayor porcentaje de jefes de hogar hombres, eran más jóvenes y tenían un tamaño promedio más elevado que los de los grupos de capas medias.
La encuesta confirma que el principal recurso económico de los pobres es su fuerza de trabajo. Por esta razón, la pobreza en su dimensión económica está asociada a factores tales como baja productividad laboral, precariedad de los empleos y alto número de dependientes en el hogar con respecto a los perceptores del ingreso. La baja productividad laboral está influida por el bajo nivel de educación en los jefes de los hogares pobres, el 53,1% de los cuales poseen sólo educación básica. La mayor precariedad de los empleos se refleja en factores tales como la falta de contratos de trabajo y la falta de previsión social. El 42% de los ocupados pertenecientes a hogares pobres no tenían contrato de trabajo y el 36% no cotizaba para el sistema previsional de salud. El desempleo en la muestra encuestada alcanzó al 7,7% de la fuerza de trabajo de este segmento de la población, cifra levemente superior al 6,9% de los hogares de capas medias, no siendo por lo tanto este factor relevante para distinguir a los hogares pobres en esta investigación. No obstante la tasa de desocupación femenina es significativamente más elevada que la del hombre, con una diferencia más marcada en los hogares pobres.
La encuesta reveló que los hogares pobres poseen un importante grado de disposición al trabajo, así como una percepción positiva de las actuales condiciones de trabajo, con la excepción del tema de las remuneraciones. Este hecho refuerza la conceptualización de la pobreza como una situación de falta de oportunidades más que de disponibilidad al trabajo de los grupos afectados.
La encuesta detectó una rápida tasa de adquisición de activos por parte de los hogares pobres. Así, el 62,3% de hogares pobres tiene refrigerador, el 24,5% de ellos tiene teléfono, el 31% tiene cálefont o termo para el agua caliente. Esta acumulación de activos se hace en base al endeudamiento: el 45,7% de los hogares pobres tenían deudas en el momento de la encuesta y la mitad de los endeudados reconocieron haber tenido problemas para pagar sus deudas.
El 53% de las familias pobres encuestadas cuenta con redes de apoyo social conformadas principalmente por los parientes más inmediatos del hogar como por el parentesco extendido. Estas redes sociales les proporcionan apoyo, pero no expectativas de movilidad social. En estas condiciones, los pobres consideran que quienes más pueden influir en sus condiciones de vida son personajes con influencia social como los políticos, pero sienten que están excluidos del acceso a ellos. El contacto más fácil de los pobres es con el párroco o pastor y con el empresario o empleador. También se destaca el mayor acceso de los pobres a la Municipalidad en relación a las capas medias.
La percepción de las familias más pobres es que sus barrios, el entorno inmediato en que viven su vida cotidiana, son ambientes inseguros para ellas y para sus hijos.
Finalmente, la encuesta intentó conocer los recursos psicológicos que perciben en sí mismas las personas pobres. Los resultados mostraron que en la mayoría de los pobres encuestados existe una autoimagen positiva, tienen proyectos de corto y mediano plazo, sienten que tienen capacidad de superar problemas y consideran que el esfuerzo personal, junto a las oportunidades, son elementos centrales para cambiar el medio en que viven. En síntesis, las familias estudiadas se perciben con importantes recursos psicológicos para enfrentar y mejorar sus condiciones de vida.
Dada la diversidad de la pobreza, es posible que el panorama anterior no refleje exactamente la situación de todas las familias pobres, pero hemos querido exponerlo porque tiene la característica de no estudiar sólo las carencias de los pobres, sino también sus fortalezas. Es una nueva mirada a la pobreza, que revela una dignidad y una lucidez respecto a su situación que hasta ahora no ha sido considerada suficientemente en los programas sociales.
En síntesis, como señalan Tomic y Valenzuela (1997) en las familias pobres se observan señales de profundos cambios en su estructura familiar y en las nuevas modalidades de relación que han ido desarrollando. También cambian los problemas que enfrentan, en la medida que surgen nuevos problemas y aumentan en intensidad los ya tradicionales como la violencia familiar, el maltrato infantil, etcétera.
El fenómeno de la pobreza presenta gran heterogeneidad, tanto en las condiciones objetivas en que viven las familias pobres como en sus capacidades y potencialidades. Pero éstas no son reconocidas en la planificación ni implementación de programas orientados hacia la pobreza, los que habitualmente la conciben sólo como un conjunto de carencias y aplican ese patrón a todas las familias pobres, sin atender a sus potencialidades y capacidades diversificadas.
Como consecuencia, estos programas han tendido con frecuencia a reemplazar a la familia o a debilitarla. Torche (1992) analiza el impacto de estos programas en las familias pobres y afirma que ellos han tendido a reducir el área de responsabilidad de la familia, sobre la base de hacer de las decisiones de salud, de nutrición, de educación de los hijos, una materia de expertos en que prácticamente no cabe intervención ajena. En estas condiciones, la labor de los padres se ha transformado en la de proveedores en sentido monetario, o en el de administradores de los productos entregados por los programas sociales a los menores, de acuerdo a las prescripciones establecidas. No obstante, incluso la responsabilidad de proveedores se ve limitada cuando aumentan los índices de desempleo. En estas condiciones, no se está apoyando a la familia pobre, sino debilitándola. El autor citado propone un cambio radical en esta situación de modo que se haga de la familia la institución ancla de las políticas sociales.
Borsotti (1979) había ya señalado la conveniencia de considerar a la familia como grupo focal de políticas hacia la pobreza, afirmando que para tener eficacia en la formulación y ejecución de estas políticas se debe optar por la estrategia familiar y tener en cuenta las condiciones de vida de las familias y las razones profundas de las que resulta la organización familiar como forma de vida.
1.7. Política social y familia: una relación esquiva
Lo anterior nos introduce en el tema de las políticas sociales, entendidas como el conjunto de esfuerzos que el Estado realiza para proveer de bienes y servicios a las familias que no tienen capacidad económica para acceder a ellos en el mercado, entre los cuales los pobres son el grupo mayoritario.
A través de esta provisión de bienes, el Estado y las diversas instituciones y agencias sociales intervienen permanentemente moldeando a la familia, controlando su funcionamiento, poniendo límites, ofreciendo oportunidades y opciones. Jelin (1997) afirma que esto se manifiesta en un sinnúmero de pequeñas y grandes acciones permanentes, con efectos directos sobre las prácticas familiares cotidianas. En primer lugar, esta influencia se ejerce a través de las políticas públicas, sean de población, de educación, de salud, de previsión, de vivienda, etc. En segundo lugar, se ejerce a través de los mecanismos legales y jurídicos a través de los cuales se defienden y penalizan determinadas prácticas. En tercer lugar, se ejerce a través de las instituciones y prácticas concretas en que las políticas y la legalidad se manifiestan: el accionar de la policía y el aparato judicial, las prácticas de las instituciones educativas o de salud pública, la política estatal sobre los medios de comunicación.